El Ministerio Público informó este 08.05.2015 que logró una pena de 18 años de prisión para el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Javier Mora Ortiz (23), quien admitió su responsabilidad en el asesinato del adolescente Kluiverth Roa (14), luego que le propinara un disparo en la cabeza la tarde del 24 de febrero en el sector Barrio Obrero de San Cristóbal, estado Táchira.
«Los fiscales 79° nacional y 16° de ese estado, Dilcio Cordero y Karina Hernández, respectivamente, ratificaron la acusación contra el PNB por incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales suscritos por la República», reseña la nota publicada en el portal web del Ministerio Público.
La audiencia preliminar se realizó en el Tribunal 4° de Control del estado Táchira. La instancia dictó la referida condena y fijó como lugar de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Uribana.
Kluiverth Roa, estudiante del colegio Agustín Codazzi en San Cristóbal, acababa de salir del líceo y se encontraba en el sector Barrio Obrero de esa ciudad, a tres cuadras de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) lugar en el que se desarrollaba una protesta de estudiantes. Indicaron los testigos del hecho que el adolescente fue sorprendido por una pareja de funcionarios que se desplazaba en moto y uno de ellos accionó su escopeta disparando a la cabeza del joven. Provea afirmó en dicha ocasión que el asesinato de Roa no podía ser considerado como un hecho aislado, dada la reiteración de hechos en los que efectivos de la fuerza pública actúan a contravía de los estándares internacionales y de las normas nacionales que consagran el principio de uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza en el control de manifestaciones públicas.
Provea saluda esta decisión y sostiene que es un primer paso para brindar justicia a las víctimas de este terrible hecho. El Estado debe desarrollar políticas integrales orientadas a formar a los funcionarios para que estos actúen de acuerdo a los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y debe cesar la permanente criminalización de la protesta social por parte de los altos funcionarios, que termina siendo un aliento a la represión y a los posibles abusos. Urge que las instituciones del Estado asuman las obligaciones que le imponen los Tratados, Pactos y Convenios Internacionales, la Constitución Nacional y las Leyes en materia de derechos humanos. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de avanzar en las investigaciones para determinar la responsabilidad por los casos de violaciones al derecho a la vida, torturas y/o tratos crueles, o delitos cometidos en el contexto de manifestaciones que aún siguen en impunidad. (Prensa Provea, 08.05.2015)
