Sus celdas están llenas de recuerdos e historias; pero también de tragedias. Una de ellas ocurrió hace 10 años, el 2 de junio de 2005.
Era un jueves, día de visitas para los más de 100 detenidos que albergaba el centro. A los familiares les pareció extraño que ese día no hubo personal de seguridad velando por los pasillos correspondientes para el ingreso de las visitas. Las trabajadoras sociales que debían estar presentes durante esos encuentros tampoco estaban.
Solo estaban los guías del Internado Judicial, José Luis Chirinos y Francisco Javier Gómez Corrales, el director Nerio Antonio Romero Martínez, y la asistente auxiliar de servicios sociales, Brígida del Valle Hurtado.
Según expresaron los familiares de los jóvenes a miembros de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ese día en particular el ambiente era distinto a los otros. A pesar de ello, las 12 familias estuvieron durante el tiempo que corresponde a la visita.
La alerta
Versiones preliminares de la investigación reseñan que tras culminar las visitas, los guías del Internado Judicial procedieron a sacar a los detenidos de sus celdas para servir la cena. Se cree que fue en ese momento cuando se dio la alerta de un supuesto motín.
Lo que sucedió después sigue siendo confuso, algunos testimonios recabados por el OVP, algunos adolescentes de la celda dos habían tenido un acercamiento con los de la cuatro para intimidarlos. En esta estaban: Johan Correa, José Gregorio Mota Abarullo, Christian Arnaldo Molina Córdova, Rafael Antonio Parra Herrera y Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez.
El mensaje fue que iban a abrir la puerta para agredirlos y al parecer les mostraron una llave con la que iban a acceder. Lo que los de la celda 4 desconocían era que las llaves correspondían al carro de José Luis Chirinos, uno de los guardias del internado. Para protegerse, encendieron varias colchonetas cerca de la puerta de acceso para evitar el ingreso de los compañeros de la celda 2.
Se presume que lo que usaron para encender las colchonetas fue ingresado en el centro a través de las visitas, valiéndose de la falta de seguridad, ya que los funcionarios permitían a los internos tener: cigarrillos, fósforos y yesqueros a pesar de su prohibición.
El llamado
¡Auxilio, auxilio!, se escucharon los gritos de familiares y guías fuera del centro. El incendio se salió de control y en el interior de la celda estaban cinco jóvenes.
La atención no fue inmediata. El OVP resalta que varios de los internos tenían rencillas entre ellos, por lo cual el entorno en el centro podía resultar hostil en ocasiones. Además, familiares de las víctimas denunciaron el maltrato y el trato desigual que recibían algunos de los internos.
Trascendió que mientras transcurría el incendio, uno de los guías estaba con los internos de la celda número dos, mientras que otro intentaba apagar el fuego con baldes de agua. El director intentó abrir la reja pero estaba muy nervioso; fue uno de los internos, que estaba ayudando a apagar las llamas, quien abrió el calabozo.
Los bomberos municipales llegaron a la escena, pero el camión en el que se trasladaron no contaba con agua para combatir el fuego; tuvieron que esperar el refuerzo de otra unidad.
Víctimas
Cuando abrieron la celda Johan José Correa, de 18 años; Rafael Antonio Parra Herrera, de 19 y Christian Arnaldo Molina Córdova, de 18 ya habían fallecido.
Gabriel Yáñez Sánchez, de 18 años, y José Gregorio Mota Abarullo, de 20, fueron trasladados al Hospital Raúl Leoni y luego a la Clínica Manuel Piar en San Félix para recibir cuidado intensivo, donde murieron.
La morgue confirmó que las víctimas fallecieron por asfixia mecánica, sofocación y quemaduras de tercer grado en 90 por ciento de sus cuerpos con desprendimiento de la dermis y epidermis.
A Mota le habían otorgado libertad asistida en abril, es decir, dos meses previos al incidente, pero aún estaba en el centro debido a que su evaluación psicológica se retrasó.
Apoyo
Las familias de las víctimas han sido asesoradas por el OVP, “en nuestra labor de acompañamiento a los familiares de las víctimas, hemos recogido algunos testimonios de las madres de estos jóvenes, ellos expresan que el Estado los intenta engañar, les miente, sintiendo que el Estado no les quiere dar justicia”.
“Todo el tiempo difieren las audiencias por cosas simples y sin importancia, por falta del fiscal o de los defensores de los imputados, sentimos que nos están mamando gallo, nos damos cuenta que se están burlando de nosotras. Sin embargo continuaremos reclamando justicia por los hechos ocurridos seguiremos luchando porque se haga justicia por lo ocurrido con nuestros hijos”, expresaron las familias a la ONG.
Sin respuestas
Representantes del OVP expresaron que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició una investigación penal por el delito de siniestro el 30 de junio de 2005.
El 1 de agosto de 2007 el Ministerio Público realizó acto formal de imputación de José Luis Chirinos, Francisco Javier Gómez Corrales y Nerio Romero Martínez.
El 23 de mayo de 2008 se realizó una nueva imputación formal y el 29 de septiembre de ese mismo año se realizó la acusación por homicidio culposo y se ordenó la apertura de la Fase de Juicio, tal como consta en el expediente penal del caso.
Sin embargo, la Fase de Juicio no se ha llevado a cabo debido a numerosos diferimientos, que versan sobre incomparecencia de los defensores de los imputados, incomparecencia de alguno de los imputados, incomparecencia del fiscal o porque el Tribunal no presta despacho el día para el cual se fija la audiencia. (Pableysa Ostos, Correo del Caroní)
