La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha estado estos días bajo el ojo del Gobierno nacional, en especial del ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), Ernesto Villegas.
El titular del Minci descalificó a la ONG por ser “retaguardia del fascista” y de olvidar su labor como defensora en derechos humanos, tras la publicación de un informe -basado en documentación hemerográfica de medios oficiales- con el que desmentía la ONG los actos vandálicos contra centros de diagnóstico integral (CDI).
Primero fueron los cacerolazos. A pesar de la represión y los arrestos contra los “guarimberos”, la protesta sigue. Ahora la carga es contra la ONG con 21 años de defensa por los derechos humanos, Provea.
El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, analiza la situación del país: “Nosotros creemos que el Gobierno tiene que dar señales de querer dialogar y reconciliar con los venezolanos. Maduro en su acto de juramentación dijo que él quería gobernar para todos y para todas, y eso tiene que producirse en políticas y conductas concretas del Gobierno. Hasta ahora, salvo esas palabras, todo lo anterior ha sido un discurso que no ha contribuido en lo más mínimo a ese propósito”.
Lo primordial -resalta Alvarado- es la apertura de mecanismos para que la gente pueda expresar su descontento y para que la disidencia pueda expresar sus opiniones.
“Una política de inclusión pasa por aceptar el país partido en dos grandes mitades electorales y que democracia significa respetar la opinión del otro. Creo que Nicolás Maduro necesita ese mínimo de gobernabilidad, que pasa por poder dialogar con la oposición en una agenda mínima para responder a los problemas del país”.
– ¿Qué panorama se dibuja con un Gobierno que intenta acallar la protesta de la gente y arremete contra ONG de derechos humanos?
– Antes de que se diera el proceso electoral e inmediatamente conocidos los resultados, hemos planteado que las organizaciones de derechos humanos de Venezuela tenemos toda la disposición a dialogar y a trabajar con el Gobierno. El papel de un gobierno democrático debe ser brindarles todas las garantías a las organizaciones de derechos humanos para que hagan su trabajo, así lo han establecido distintas resoluciones de Naciones Unidas (UN) con el trabajo de defensores y defensoras.
Nosotros sabemos que hay una continuidad de Gobierno, pero también estamos claros en que hay un nuevo presidente y creemos que el presidente Maduro debería convocar a las organizaciones de derechos humanos para ver en qué medida podemos trabajar Estado y organizaciones para mejorar la situación de derechos humanos que hay en el país.
Sin brújula
– ¿Dónde quedan los derechos de los trabajadores, por ejemplo líderes sindicales advirtieron esta semana de una cacería de brujas contra quienes hayan votado por Capriles; o en Venalum, que los obligaron a asistir a una marcha por Maduro?
– Nosotros leímos con sorpresa las declaraciones de dirigentes sindicales vinculados al Gobierno, que prácticamente llamaban a una limpieza política en las empresas del Estado, lo cual tiene un nombre muy específico el “apartheid político”, una forma de discriminación política, lo cual es contrario al planteamiento que hizo Maduro de hacer un gobierno de inclusión. Evidentemente nosotros rechazamos cualquier política discriminatoria.
Creo que esa dirigencia sindical perdió la brújula, porque la dirigencia sindical está es para defender los derechos de los trabajadores, no para defender un gobierno y mucho menos defenderlo a partir de violar los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, está planteado cómo en las empresas básica de Guayana trabajadores y gerencia desarrollan planes que permitan repotenciar y rescatar las empresas de la enorme crisis que tienen actualmente y para nada va a servir eso si la política será discriminar y despedir trabajadores.
– Los casos de las personas que fueron detenidas en Barquisimeto, que fueron obligados a usar gorras del 4 de febrero y cantar canciones a favor de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa con estas personas que fueron en contra de su voluntad a realizar estas actividades?
– Nosotros recibimos esas denuncias. Nos parece grave, porque es una forma de tortura psicológica, pero aquí lo más importante es que estas personas que fueron detenidas, fueron sometidas a juicios penales, se les entregó un régimen de presentación, con lo cual se sigue incrementando en el país, la cantidad de manifestantes sometidos a juicios penales. Recordemos que nada más en Guayana hay un número importante de sindicalistas en régimen de presentación, pero nosotros veníamos hablando de más de 2 mil 500 luchadores sociales sometidos a juicios penales bajo régimen de presentación periódica, entonces ahí no solo quedó evidenciado que no solo hubo tortura psicológica, sino que también hubo maltrato físico con el uso de la justicia para tratar de contener la protesta social.
Particularmente nosotros hemos venido denunciando el uso de la Guardia Nacional para el control del orden público, algo que es inconstitucional porque la Constitución establece que el orden público les corresponde a los policías, salvo excepciones.
Voluntad por el diálogo
– ¿Piensa que estas acciones muestran debilidad por parte del Gobierno?
– No, yo creo que demuestran un desatino político enorme. Porque un Gobierno que apenas está empezando, lo primero que tiene que hacer es dar muestras claras y reales de amplitud e inclusión. Ese es el reto que le queda a Nicolás Maduro como presidente: que si realmente quiere hacer un gobierno de inclusión, debe conversar con sectores políticos, sectores sociales, sector empresarial, con la Iglesia, con distintos sectores para que en definitiva esa inclusión se transforme en consenso mínimo en un país para enfrentar, junto al problema económico, el tema de la inseguridad y otros problemas que están afectando a las familias venezolanas.
– En caso de que el Gobierno continúe con este tipo de acciones de querer dispersar las marchas y querer atacar a organizaciones de derechos humanos, ¿qué viene para Venezuela?
– Está demostrado, sobre todo a lo largo del gobierno del presidente Chávez, que la represión no frena la protesta social, y lo peor que puede hacer un gobierno es reprimir la protesta social. Que la gente proteste porque está insatisfecha por los malos servicios públicos, por bajos salarios, por la inseguridad… Si no se resuelven esos problemas, con represión no van a poder detener las protestas sociales. (Correo del Caroní, Sebastián Cisternas Arancibia)
