Organismos de derechos humanos en el país lamentan continuas descalificaciones a sus labores.
La representación del Gobierno venezolano en las Audiencias del 146 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha eludido una vez más los compromisos en materia de derechos humanos, descalificando las denuncias de ONG y gremios como parte de un combate político.
La evasión por parte del gobierno pretende invisibilizar situaciones de derechos humanos, lo cual disminuye las posibilidades de superarlas.
En la sesión celebrada ayer en Washington, voceros gubernamentales negaron la crisis carcelaria y las limitaciones a la libertad de expresión.
La situación de los Derechos Humanos en Venezuela protagonizó el 146 periodo de sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington. ONG y voceros del Estados presentaron sus denuncias y puntos de vista sobre aspectos como la crisis penitenciaria, la libertad de expresión y la impunidad.
Los representantes de las organizaciones no gubernamentales mostraron cifras y casos puntuales sobre cada uno de los aspectos abordados. Los representantes del Estado venezolano negaron casi todo lo expuesto e inclusive dejaron ver que los asistentes presentaron internacionalmente “una realidad ficticia” que los descalificaba como interlocutores, como lo señaló Germán Saltrón, encargado de los DD HH en la CIDH.
Los primeros en hablar este jueves fue el Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas que presentaron la situación general de derechos humanos con cifras oficiales de violencia e impunidad, enfatizando en las violaciones al derecho a la vida e integridad personal.
Entre los datos aportados informaron que durante el período 2000 a 2008 el Ministerio Público reconoció el ingreso de 8 mil 350 casos de presuntos ajusticiamientos y en el 2010 el Ejecutivo reconoció 3 mil 492 casos de resistencia a la autoridad, es decir en total 11 mil 842 casos de violaciones al derecho a la vida en diez años.
Si estas cifras se revisan desde la perspectiva de la aplicación de la justicia, de acuerdo con datos del Ministerio Público, entre el año 2006 y 2010 ingresaron aproximadamente más de 30 mil denuncias de violaciones de derechos humanos, que se encuentran bajo el conocimiento de este organismo.
De estos casos, en 93% se dictó sobreseimiento, archivo fiscal o la figura de desestimación; en 7% de los casos se presentaron acusaciones y de esa cifra de 7%, sólo 4% resultaron en condenas firmes. Esto evidencia un grave y sostenido esquema de impunidad.
ONG acusadas
Tras abordar este tema se tocó la situación penitencia, entre los voceros estuvieron las ONG Una Ventana a la Libertad dirigida por Carlos Nieto Palma y el Observatorio Venezolano de Prisiones, encabezado por Humberto Prado.
Este último informó que en Venezuela hay un 176% de hacinamiento en las cárceles, al tiempo que se vulneran los derechos de los privados de libertad y se propician situaciones que recrudecen la violencia dentro de los penales.
La respuesta del representante de Venezuela ante el Ministerio de Asuntos Penitenciarios Layla Tallardine fue tildar de “mentirosos” los exponentes por lo cual le fue llamada la atención.
La funcionaria aseguró en cuanto a los penales, que el país está yendo “irreversiblemente a la solución definitiva del problema penitenciario”, por lo que condenó el uso político de la crisis carcelaria para criticar la gestión gubernamental.
Tallardine negó tajantemente que exista hacinamiento en las cárceles indicando que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha recorrido penal por penal corroborando la total normalidad de los privados de libertad. Achacó algunas situaciones, como la existencia de armas en los centros, a la gestión anterior a la del presidente Hugo Chávez.
También agregó que han “desarticulando mafias que operan con el tráfico de armas y drogas” e inclusive sugirió que algunas de estas se camuflan en “organizaciones que dicen defender los derechos humanos de los privados de libertad”.
Cuestionamientos informativos
Sobre el capítulo de la libertad de expresión, asistieron a la CIDH representantes del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y la ONG Espacio Público, que solicitaron sean consideradas las agresiones a los periodistas y las cadenas presidenciales de radio y televisión.
Los portavoces indicaron que hay importantes restricciones a la libertad de expresión en el país, y la tendencia es hacia limitar más el ejercicio de los periodistas.
Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, reconoció que existen casos graves de agresiones, pero las consideró “etéreas, sin nombre ni apellido”.
A la pregunta sobre la responsabilidad del Estado venezolano para evitar que sigan ocurriendo violaciones a las cuentas en redes sociales y correos electrónicos de periodistas y personalidades con tendencia opositora, Britto aseguró que esto no se le puede achacar a ningún bando político “porque también se han hackeado importantes páginas del gobierno, como Seniat o Cadivi”. (Natalie García, Correo del Caroní, 02.11.12)
