Rafael Uzcátegui recuerda, a la vuelta de un cuarto de siglo, los tiempos en los que hablar de Derechos Humanos en Venezuela era casi como caminar en tinieblas.
Recuerda los tiempos en los que el tema era casi inexplorado. Desconocido. Era el objeto de estudio de un escaso grupo de hombres y mujeres que, dispersos en unas u otras organizaciones, trabajaban por la defensa de eso que no todo el mundo conocía: los derechos humanos.
Hoy Uzcátegui ve con satisfacción cómo ahora los derechos fundamentales son un tema de dominio público, posicionado en la agenda pública, y con una senda de peregrinos que, al igual que ellos, siguen su apostolado en defensa de estas garantías.
Esa es parte del balance que esboza el coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el vigésimo quinto aniversario de esta organización.
El activista considera que, luego de un cuarto de siglo de existencia, la situación de derechos humanos en el país sólo es susceptible de un adjetivo: “ambigua”.
Por un lado destaca el posicionamiento de la lucha por los derechos, la creación de un marco jurídico “muy garantista” de estas facultades, y la existencia de un discurso político que ensalza la necesidad de la erradicación de la pobreza y del combate de la exclusión, independientemente de las toldas políticas que lo pregonan. Estos son los puntos positivos.
Sin embargo -advierte el directivo de la organización- la última década y media ha sido signada por un escenario de progresiva exclusión de derechos políticos por razones ideológicas.
“Si bien hemos tenido varios avances en materia de derechos sociales, lamentablemente han venido retrocediendo; en cuanto a derechos políticos sí hay situaciones mucho más graves, de desconocimiento a la Constitución Nacional, de acorralamiento y obstaculización del ejercicio de algunas libertades democráticas, y que ahora, después de la desaparición del presidente Chávez, esos rasgos se han venido incrementando”.
Considera que la situación actual del país es similar a la que vivió el país en la segunda década de los años 80, cuando una crisis económica catalizó una crisis política y derivó en una situación de inestabilidad y de protesta ciudadana.
La situación, a juicio del activista de derechos humanos, se hace más grave cuando el Ejecutivo, lejos de buscar el consenso y el diálogo para la solución de los problemas, ejecuta políticas dirigidas a un solo sector del país, profundizando aún más en la exclusión y la confrontación con una ciudadanía que exige respuestas.
“Estamos es una situación muy complicada, nosotros estamos con muchas preocupaciones por todos estos signos, porque no vemos que haya una respuesta institucional estatal para canalizar los reclamos de la ciudadanía. La gente está en la calle protestando, y sin embargo no hay mecanismos de intermediación o de mediación efectivo por parte de las instituciones, y eso puede derivar en una situación muy riesgosa”.
– Cuando dice que la situación es parecida a la de los años 80, ¿le hace pensar que Venezuela está estancada en materia de derechos humanos, o se trata simplemente de una coyuntura?
– Creemos que estamos en una situación de estancamiento y de debilitamiento de la institucionalidad democrática, y los avances sociales que se habían alcanzado a partir de 2006 también han venido retrocediendo.
Provea había saludado la aparición de las políticas públicas llamadas Misiones, sin embargo siempre alertamos sobre su sostenibilidad a mediano y largo plazo debido a que se basaban exclusivamente sobre el alto ingreso proveniente de la renta petrolera, y que tampoco se acoplaban con el resto de la institucionalidad existente en el país.
Por ejemplo, la Misión Barrio Adentro funcionaba de manera paralela al sistema hospitalario nacional.
Ahora vemos que todas esas alertas que venimos advirtiendo se están cumpliendo, y que además de eso hay un debilitamiento de la institucionalidad democrática. Hay un desconocimiento de la Constitución que el propio Gobierno fue su principal promotor.
Uzcátegui alerta sobre el quiebre de la institucionalidad: ese que alcanza sus non-plus-ultra con la eliminación de las fronteras que dividen al Estado, del partido y del Gobierno.
Es este quiebre de las instituciones el que permite que algunos gobernantes, por ejemplo, se sirvan de los recursos del Estado, pertenecientes a todos los venezolanos, para favorecer una candidatura política.
“Eso lo hemos documentado mucho con la Gran Misión Vivienda Venezuela, particularmente con el ministro, que ha promocionado candidatos con la entrega de casas”, señaló el vocero de Provea.
Pero esa erosión de las instituciones -prosigue el activista- sólo es posible gracias a otro de sus puntos de preocupación: la impunidad.
“La conducta desviada se repite cuando no recibe castigo”, reza una de las máximas del derecho penal. Uzcátegui es partidario de esta tesis, con la cual explica el incremento de ilícitos que van desde los homicidios en las calles hasta hechos de corrupción.
Parte de la premisa de que la impunidad es el resultado de una ausencia de instituciones contraloras, de una falta de independencia del Poder Judicial, de una orfandad de mecanismos que permitan vigilar, supervisar y sancionar las irregularidades cometidas por funcionarios públicos, especialmente si son simpatizantes del partido de gobierno.
“Esta situación de impunidad generalizada ha propiciado un incremento en los casos de corrupción. Los funcionarios públicos tienen la noción de que si son leales políticamente todos los actos de irregularidades administrativas no van a ser sancionados, y eso ha hecho que la corrupción haya permeado a todos los niveles de la administración pública. Impunidad también tiene su repercusión en el retardo procesal, en los delitos de los pranes, altamente tolerados por las autoridades, y en la alta tasa de crímenes en las grandes ciudades”.
Vaticinios totalitarios
Provea vaticinó en 2006 la posible inviabilidad económica de las misiones, siempre y cuando dependieran de los altos ingresos petroleros, y la posible vinculación político-partidista a la que podría estar asociada.
Así lo previeron y hoy, como especie de profetas de la “revolución bolivariana”, lo ven frente a sus ojos.
Ahora alertan sobre algunos rasgos de autoritarismo que perciben en el gobierno de Nicolás Maduro. Rasgos que, desde su óptica, representan las condiciones propicias para un nuevo escenario de violación de derechos humanos: el afán del Gobierno de preservar la seguridad nacional de un grupo de “enemigos que hay que derrotar”, dejando a un lado la seguridad personal de cada uno de los ciudadanos; y la creciente militarización de las instituciones públicas y de los cuerpos de seguridad ciudadana.
– ¿Dónde está la amenaza en este tipo de medidas?
– Por primera vez en los 15 años que tenemos de proceso bolivariano se está incluyendo la figura del enemigo interno. Esa figura ha sido tristemente conocida en gobiernos dictatoriales en la región, porque eso fue lo que propició la grave violación de derechos humanos que vivieron las dictaduras del cono sur.
Esa figura del enemigo interno fue un elemento central en la doctrina de la Seguridad Nacional, en la que los intereses del estado estaban por encima de los de la ciudadanía. Eso propició casos que tristemente recordamos.
Esto sigue avalando una visión de la política con principios y valores militaristas, que ven a la divergencia y la diferencia como un peligro, como una amenaza, y no como parte del libre debate dentro de una sociedad democrática.
– Pero el argumento del Gobierno es que se toman este tipo de medidas para resguardar la seguridad del país en una situación de crisis. ¿No lo ve entonces como una medida necesaria en una coyuntura como ésta?
– Nosotros creemos que no son necesarias, y nos parece paradójico que los argumentos del gobierno del presidente Maduro repitan los mismos argumentos del presidente Carlos Andrés Pérez en su momento, en su segunda gestión, para romper con algunas garantías constitucionales.
El Gobierno ya mostró que es posible elaborar políticas públicas con consenso, al reunirse con sectores privados para atacar el problema del desabastecimiento.
Creemos que para elaborar políticas públicas debería seguirse ese ejemplo y hacerse amplios debates y convocatorias a todas las fuerzas sociales para que participen.
– ¿Qué deben hacer los ciudadanos frente una crisis como esta?
– Nosotros seguimos instando a la ciudadanía a que siga ejerciendo sus derechos democráticos, incluso la manifestación ante la falta de respuesta ante la violación de uno de los derechos humanos.
Hay diferentes ejemplos de que la gente movilizada en la calle, de manera pacífica, está logrando algunos resultados.
Por ejemplo, el malestar que manifestó la gente de Cariaco ante el anuncio de la construcción de un centro penitenciario; ahí la gente superó la polarización, se unió, manifestaron, tuvieron resultados positivos.
En Guayana los trabajadores de Sidor han logrado algunas conquistas gracias a la movilización y al ejercicio de sus derechos democráticos.
Yo creo que no hay que dejarse amilanar por el miedo, ni por las intimidaciones. Hay una Constitución que el Gobierno tiene que respetar, y esa Constitución garantiza diferentes derechos democráticos como el derecho a la manifestación.
– ¿Y qué pasa cuando ese derecho a la manifestación se pone en entredicho y se habla en su lugar de intentos de desestabilización?
– Nosotros creemos que este tipo de argumentos está restando apoyo internacional al gobierno del presidente Maduro. Nosotros creemos que la gente tiene que seguir movilizada, ejerciendo su derecho a la manifestación, y si el Gobierno quiere obstaculizarla y quiere criminalizarla, pues hay que denunciar esas situaciones.
El Estado venezolano está siendo observado con mucha atención por diferentes actores regionales, no sólo por su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino porque ahora mismo tiene la presidencia pro témpore del Mercosur y otras obligaciones en materia de derechos humanos en las Naciones Unidas.
Hay muchas preguntas sobre Venezuela. Ese tipo de derivas autoritarias está aumentando las preguntas acerca de la vocación democrática del presidente Maduro.
Nosotros creemos que hay que seguir movilizado, ejerciendo los derechos democráticos en la calle.
– ¿Venezuela está en puertas de un estallido social?
– Yo creo que hay elementos que si el Gobierno no los observa y no les da respuesta de forma democrática va a aumentar la situación de conflictividad y nos puede poner en el borde de una situación muy parecida a la de 1989.
Esos indicadores son el aumento sostenido de la protesta en la calle, la falta de respuesta del Estado, el hecho de que las últimas manifestaciones hayan sobrepasado a las propias autoridades.
También queremos recordar que el proceso bolivariano no es un grupo homogéneo y que hay sectores muy sensibles al hecho de la criminalización de la protesta y a la represión de la protesta popular.
Si el Gobierno persiste en su deriva autoritaria va a aumentar su propia división interna porque son reacios a reprimir a la gente en la calle, y eso puede agudizar la crisis dentro del gobierno del presidente Maduro.
– ¿Eso incluye el 350 de la Constitución?
– Esa es parte de una posibilidad.
Creemos que hay un escenario de conflictividad abierto y que los sentidos que puedan abarcar van a depender de la reacción del Ejecutivo nacional. Nosotros como activistas de derechos humanos siempre vamos a apostar por una Constitución que establece los mecanismos para canalizar ese descontento.
Cualquier atajo, cualquier camino extra constitucional lo rechazaremos.
Cesspa y Habilitante: Mecanismos de represión
Para el coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, el Gobierno nacional sigue mostrando nuevos signos de avance hacia un proceso autoritario.
Entre ellos inscribe la solicitud de una Ley Habilitante con un amplio rango de acción, y la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
Sobre el primero, Uzcátegui consideró contradictorio que un Gobierno que habla de profundizar la participación y la democracia trabaje ahora para tomar decisiones de forma unilateral.
Señaló además que este tipo de medidas exacerba aún más el carácter presidencialista del Gobierno nacional y debilita, aún más, la institucionalidad del estamento público.
“Creemos que el Presidente de la República tiene muchos cuestionamientos dentro de su propio gabinete y por eso recurre a este tipo de medidas para evitar algunas trabas que puedan surgir a lo interno del Gobierno”.
Uzcátegui no descarta la posibilidad de que Maduro, en caso de recibir poderes especiales, recurra a medidas como una nueva devaluación de la moneda o el temeroso aumento de la gasolina, que tantos recuerdos evoca del 27 de febrero de 1989.
Consideró que el Cesspa, al atribuirse la potestad de manejar toda información pública o privada, y declararla o no como objeto de reserva exclusiva del Estado, no sólo menoscaba el derecho al acceso a la información, sino que, al no contar con un proceso de contraloría ciudadana o de otros poderes del Estado, asoma la posibilidad de un manejo discrecional de sus facultades. (Ramsés Silverio, Correo del Caroní, 20.10.13)
