Los empleados del Ministerio del Ambiente, eliminado hace más de un año, están “en un limbo jurídico”. El gobierno borró estas figuras y creó el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, pero hasta ahora carece de estructura, lo que deja a los trabajadores en las mismas, sin tener a quienes reclamar por su crítica situación laboral, en la que ganan por debajo del salario mínimo nacional.
Marlene Sifontes, miembro del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) y secretaria de organización del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep-Inparques), alertó sobre el incumplimiento del pago de la nómina de estos empleados correspondiente al mes de agosto, y el deterioro de hasta 70% de sus beneficios salariales.
“Trabajadores activos y jubilados ganan menos del salario mínimo. Los actuales jefes nos tienen secuestrado el fideicomiso, deben las incidencias del fideicomiso en caja de ahorro, el aumento de salarios del año 2014 y aparte de eso están amenazando y hostigando al personal de guardaparques”, agregó.
Destacó Sifontes que los empleados públicos del sector poseen un contrato marco vencido desde hace más de doce años y a la fecha desconocen cuándo será discutido el nuevo convenio: “Por eso los trabajadores ambientales decimos que el Contrato Marco se pasó de maduro (sic)”.
Ambiente relegado
Por su parte José Matute, miembro de la coordinación nacional del Fadess y secretario general del Sunep- Inparques mostró su preocupación al sentir “que no existen políticas claras sobre el manejo del sector ambiente”, que permitan corregir los ilícitos que ponen en riesgo tanto a los parques nacionales, como a las áreas bajo régimen especial, los monumentos naturales, entre otras zonas bajo la responsabilidad de estas instituciones y dependencias adscritas al nuevo ministerio.
“No se trata de ‘come florismo’ el hecho que salgamos a defender nuestras áreas bajo régimen de administración especial, ya que ellas representan intereses estratégicos para la población venezolana, como lo son el agua potable, la electricidad, los servicios que se derivan de la biodiversidad, la investigación -que ayuda a prevenir enfermedades-, la provisión de oxígeno, la provisión de agua; y sin embargo es poca la importancia que se la da a la materia ambiental en este país. Ante esta situación de anarquía, los trabajadores ambientales nos vemos rebasados”, subrayó.
Advirtió sobre las consecuencias que acarrea el hecho de no contar con políticas claras que defiendan estas áreas estratégicas y cómo el manejo arbitrario de estas zonas, sin considerar estudios de impacto ambiental e irrespetando la naturaleza, pueden impactar de manera negativa nuestro futuro inmediato.
“El servicio eléctrico depende de la conservación de las cuencas de los ríos del sur como el Río Caroní, porque si no el complejo hidroeléctrico Guri no va a durar lo que estuvo planificado y al afectarse Guri se afectaría a las industrias básicas (CVG Alcasa, Sidor) por falta de electricidad”, comentó.
Los dirigentes también alertaron sobre la denuncia que ante la opinión pública han realizado por los “ilícitos” en el manejo de espacios pertenecientes a los parques nacionales (Waraira Repano y Henry Pittier), al igual que los tratos indignos y degradantes a los cuales son sometidos los aspirantes a guardaparques en su proceso de formación.
