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El pasado sábado fueron registradas por el Programa Venezolano de Acción-Educación en Derechos Humanos (Provea) 22 denuncias de allanamientos, malos tratos, robos masivos y detenciones arbitrarias en la comunidad Las Quintas, parte más alta de la Cota 905, donde el lunes 13.07.2013 se realizó el “Operativo Liberación del Pueblo”,  acción que dejó 15 personas abatidas y casi 300 detenidos, la mayoría sin antecedentes penales.

Estas denuncias se suman a las 12 que realizó un grupo de personas el jueves 16.07.2015 en la oficina del programa. En total, van 34 denuncias formalizadas ante la organización defensora de DDHH. Sin embargo, las instituciones del Estado (Defensoría del Pueblo y MP) encargadas de velar por la protección de los derechos de los ciudadanos han desoído la exigencia hecha por esta comunidad.

La visita a “Las Quintas” fue demandada y organizada por los dirigentes comunales para que la ONG y periodistas pudieran conocer el lugar y llevarse una impresión cercana de lo que ahí ocurrió a inicios de la semana pasada.

La salida rumbo a la Cota 905 se concretó pasado el mediodía del sábado, pese a estar planificada para más temprano. El retraso se debió a la advertencia sobre otro operativo hecho a las 7 de la mañana y que reavivó de nuevo los miedos de la comunidad sobre la interrupción violenta en las viviendas y las amenazas policiales contra la comunidad.

Una vez en Las Quintas, lugar al que se llegó gracias a la coordinación de los vecinos con la línea de transporte que presta servicio en la Cota 905, se realizó el registro testimonial y fotográfico de la situación generada tras los fuertes operativos que se han realizado desde el pasado 13 de julio, cuando de forma simultánea en cuatro zonas del país, se lanzó el OLP para enfrentar las denominadas “Zonas de Paz”.

Al principio, de forma tímida las personas abrían las puertas de sus casas para mostrar los efectos del abuso policial. Sin embargo, rápidamente vencieron el miedo que generaba la presencia de un grupo comando de cinco funcionarios encapuchados a las puertas del caserío. Un gran número de personas se concentró tras la convocatoria de Raúl Ortuño, miembro del comité de agua, quien llamó a través de un parlante a realizar una asamblea vecinal frente al Mercal – local que permanece cerrado desde que iniciaron los operativos-.

Los habitantes, uno a uno, relataron cómo vivieron ese día y las acciones que consideraban habían vulnerado su dignidad y violentado sus derechos.

Doce denuncias son por detenciones arbitrarias. Dos hechas por familiares de dos menores de 16 años de edad, quienes son acusados de robo de vehículo y paramilitarismo, respectivamente.

Las familias sostienen que los sacaron de sus casas y forjaron pruebas en contra. Uno de los menores está recluido junto a mayores de edad en la sede del CICPC en Quinta Crespo.

La comunidad se ha organizado para impedir nuevos atropellos de los cuerpos de seguridad y rechazar la xenofobia y la criminalización contra vecinos extranjeros (colombianos y ecuatorianos) con quienes han convivido por años. Niegan la existencia de paramilitares en el lugar y dicen que los delincuentes huyeron antes de que ocurriera el operativo. “¿Dime tú qué malandro? Acá sacaron a la gente de sus casas o pararon y no dejaron bajar a quienes a esa hora salían a trabajar”, cuestiona una joven.    

 

  

Con el objetivo de registrar estas violaciones y la supuesta detención arbitraria de personas que nada tenían que ver con las bandas que operan en el lugar, voceros de los comités de agua y salud de «Las Quintas» hicieron unas listas donde describirán el caso de cada una de las personas que aún se encuentran detenidas. También elaboran una lista de firmas de vecinos con la intención de hacerlas llegar a las autoridades del gobierno para que actúen ante las irregularidades que se generan en el marco del OLP. En sólo tres horas habían recabado más de 50 firmas.

Los allanamientos fueron masivos

Quienes residen en «Las Quintas» indican que los allanamientos fueron masivos, “todas las viviendas fueron allanadas y donde no había personas, igual ingresaron e hicieron destrozos”, cuentan.

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“A mi hermano le robaron su laptop y a mí me quitaron el celular”, denunció otro de los menores que estuvo más de cuatro horas con las rodillas pegadas al piso y bajo el sol en el sector llamado “La Cancha”, y luego otras seis más en la Comandancia de El Paraíso. En ese lugar, coincide un gran número de denunciantes, los tuvieron bajo el sol sin darle alimento ni agua hasta pasada las 5 de la tarde. Algunos fueron dejados en libertad apenas después de la medianoche.

La acción policial se caracterizó por la irrupción en la madrugada en las precarias viviendas del sector. Los policías encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos negros ingresaron a las viviendas sin orden de allanamiento, forzando en muchos casos las puertas, robando o destrozando enseres.

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Testimonios

Pedro Beltrán, albañil, relató que “entraron forzando la puerta a las 5:00 a.m. y me sacaron con mi hijo descalzos y descamisados. Partieron el televisor. A mi esposa le robaron 3100 Bs, partieron el escaparate, rompieron la puerta y nos amenazaron. Nos pusieron cabeza abajo en El Tanque desde las 6:00 a.m hasta las 10:00 a.m. Nos golpeaban si levantábamos la cabeza. Luego nos llevaron a La Cancha, ahí nos arrodillaron y golpearon cuando levantábamos la cabeza. Nos ponían las botas sobre la cabeza. Nos llevaron a El Paraíso y colocaron en el sol arrodillados hasta las 5:00 p.m. Sin dar agua. A las 4:00 p.m. nos dieron un vaso de agua. Nos acusaban de ser paramilitares. Mi hijo (aún detenido) trabaja en “Tricolor”.

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Una persona, quien solicitó que su nombre no fuera revelado, denunció que el CICPC ingresó en su vivienda, tumbaron la puerta y quitaron pañales, alimentos y enseres. El día miércoles volvieron a ingresar y hurtaron otros objetos.

 

Berta Cervantes es Colombiana. Su rostro denotaba tristeza y cierta incertidumbre sobre lo que vendrá para ella y sus cinco hijos en el futuro inmediato. Tiene 14 años en Venezuela y de estos, seis los ha vivido en «Las Quintas». Dos de sus hijos tienen parálisis cerebral. Su casa es una de las más precarias del sector. En una primera conversación con ella reinaron los monosílabos. Luego, Berta salió de su casa y se unió a sus vecinos, quienes la animaban a denunciar. En ese momento contó: “A mi esposo se lo llevaron detenido junto a su hermano que es vecino nuestro”. Ella no sabe de qué los acusan. No ha tenido contacto con ellos. “Están en Zona 7, nos dicen. No dan información ni dicen por qué están detenidos”.

 

Mavis López denuncia que su esposo Alfredo Medina fue sacado de su casa a las 5:50 a.m. El Sebin no tenía orden de allanamiento. Fue tomado al azar junto a cinco personas y  presuntamente le sembraron pruebas. Es acusado de hurto y robo de vehículo. Está detenido en Quinta Crespo. Fue golpeado. Al momento de la detención no había fiscales del MP presentes. Su abogado no ha tenido acceso al expediente. Su hija menor de edad (17) fue sacada de su cama apuntada con un arma.

Recuentro del los atropellos

El pasado jueves un grupo de ocho personas acudió a Provea a denunciar atropellos, detenciones arbitrarias, robos y malos tratos perpetrados por funcionarios durante el OLP que se llevó a cabo de manera simultánea en el estado Aragua, Betania IV (Miranda), Ciudad Tiuna y la Cota 905 (Distrito Capital). En ese momento, los denunciantes dijeron que más de 20 menores de edad fueron detenidos de manera arbitraria por más de 12 horas y luego, la mayoría de ellos, puestos en libertad. Quienes denunciaron coincidían en señalar que se les sacó por la fuerza de sus casas, se les privó de consumir alimento y se les tuvo de rodillas, bajo el sol, por horas.

El viernes un grupo más numeroso, alrededor de 40 personas, acudió a las puertas del Ministerio Público en Parque Carabobo para denunciar la situación. Expresaban estar de acuerdo con la actuación policial para contrarrestar la violencia e inseguridad, siempre y cuando estas acciones se hicieran respetando las leyes y sin menoscabo de la dignidad humana. Ese día una comisión de cinco habitantes de «Las Quintas» fue atendida por la dirección de Derechos Fundamentales. Sin que fueran atendidas de forma satisfactorias sus denuncias, las personas volvieron al barrio con el mismo temor porque la redada se repitiera.

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El sábado los habitantes de «Las Quintas» nuevamente alertaron sobre la represión policial. Los funcionarios habrían ingresado de nuevo en horas de la mañana al barrio intimidando y amenazando con derrumbar algunos ranchos. Posteriormente, los cuerpos de seguridad se replegaron sin mayores acciones.

Contexto

«Las Quintas» queda en la parte más alta de la Cota 905. Es el epitome de la exclusión social, la zona más empobrecida de la Cota.

 

Las Quintas tiene como linderos al sector “La Peste” del cementerio general del Sur. El final de la carretera de pavimento es el inicio de este caserío con calle de tierra. La mayoría de las viviendas son de tablas, también hay construcciones de bloque a medio terminar.

Una vecina mencionó que en la madrugada a veces se escuchan carros que llegan a abandonar otros vehículos, basura y chatarra en los voladeros del cerro.

Al lugar llega el agua tres veces a la semana. Sin embargo, hay una zona donde se requiere surtir con bombas y mangueras. Desde el pasado lunes esa parte del sector está sin agua porque –denuncian- los funcionarios de los cuerpos de seguridad robaron 200 metros de mangueras con los que se distribuía el servicio a esa zona.

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Los líderes comunales denunciaron además que por trabas burocráticas no se ha logrado conformar el Consejo Comunal, pese a contar con proyectos de desarrollo para la comunidad. Un Mercal es la única referencia a Estado que hay en el sector, donde no se vende carne ni pollo por no contar con una nevera.

A esta situación de carencia con la que conviven los habitantes de «Las Quintas» se les vino a sumar desde el pasado lunes la represión y la masiva criminalización de su condición de pobreza.

 

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