El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL) ante los sucesos ocurridos el pasado día martes 29 de marzo, en el el sector La Compuerta, vía San Pedro, municipio Simón Planas, en los cuales participó el compañero Víctor Martínez padre de Mijaíl Martínez, miembros de este colectivo, fija su posición en el presente comunicado.
El COVICIL como es suficientemente conocido es un organismo autónomo y horizontal que desarrolla acciones colectivas de denuncia y acompañamiento a las víctimas en la consecución de la justicia en cada uno de sus casos.
Este Comité no es de un partido político, ni sus integrantes son militantes sometidos a determinada disciplina, sin embargo existe una declaración de principios conocida por sus miembros que en esencia son víctimas, amigos o familiares de víctimas y activistas de DDHH. Por razones también suficientemente conocidas nuestro trabajo se ha centrado en casos de violación al derecho a la vida, donde aparecen acusados funcionarios adscritos a los distintos cuerpos policiales del Estado Lara (GNB, FAPL, CICPC) que acumulan centenares de asesinatos. Hemos asumido, junto a las víctimas, la denuncia y el seguimiento de los procesos penales, aunque también nos ha correspondido acompañar algunos casos de homicidios de los que a diario cometen las diferentes bandas de delincuentes comunes, bajo el amparo y protección de los tribunales y cuerpos policiales de la región.
Entre los principios que guían al Comité destacan, primero: El COVICIL no establece enlaces entre víctimas y victimarios, y en ningún momento ha participado en negociaciones o colaboración éstos, llámense funcionarios policiales y/o delincuentes. Jamás hemos orientado ni apoyado a las víctimas para que tomen iniciativas en esa dirección, de eso son testigos los compañeros que semanalmente y durante seis años han participado de las reuniones y toma de decisiones en el COVICIL; segundo, cada víctima o familiar tiene la total libertad, a título personal y bajo su absoluta responsabilidad, de realizar todas las gestiones que considere necesario en su lucha por alcanzar la justicia, no obstante esto debe quedar claramente establecido ante las instancias, los medios de comunicación y los miembros del COVICIL.
En relación al caso del asesinato de nuestro compañero Mijaíl Martínez, el COVICIL ha acompañado a su padre Víctor Martínez, desde el mismo momento del fatídico hecho, en la denuncia y ha coordinado acciones en la búsqueda de justicia para Mijaíl, hemos asumido este caso en todas las formas que han estado a nuestro alcance con base a nuestras posibilidades y principios; es por ello que en el momento en que el compañero Víctor Martínez comenzó a articular con cuerpos policiales del Estado para lograr el esclarecimiento del crimen de su hijo, le subrayamos una y otra vez los inconvenientes y consecuencias que estas iniciativas conllevan; tanto más cuando el compañero y nosotros estamos convencidos de la autoría intelectual del asesinato de Mijaíl, los hechos nos vienen dando la razón y esto ha sido comprobado y denunciado por el COVICIL hasta el cansancio y por el mismo compañero Víctor que ha vivido en carne propia la abierta complicidad de organismos policiales, fiscales y tribunales de estado Lara para encubrir a los verdaderos autores intelectuales del asesinato. Lamentablemente el compañero desatendió nuestras recomendaciones y llamados de alerta, para continuar avanzando en esa dirección.
A todo lo anterior, se le suma ahora los hechos ocurridos en La Compuerta. El compañero Víctor Martínez nos informó sobre una situación delicada originada con la venta de sus tierras, pues se enteró- demasiado tarde- de que el comprador resultó ser una persona implicada en diversos delitos, entre ellos secuestro. De inmediato se le alertó del riesgo que corría, pues para esa fecha no existía documento alguno que demostrara la venta. Víctor comenzó a adelantar los trámites formales para desvincularse del sujeto. Una semana después nos volvimos a reunir de emergencia por la misma situación, esta vez Víctor nos informó de las amenazas de detención y allanamiento de su residencia por parte del GAES. En esa reunión se le orientó que se pusiera a derecho ante la fiscalía respectiva y notificara de su situación, aportando detalles de los hechos en los que se trataba de implicarlo, lo que efectivamente hizo el compañero.
Posteriormente, día martes 29 en horas de la noche, para sorpresa de todos nosotros, cuando conocemos de los sucesos en La Compuerta, nos enteramos de que Víctor acudió al sitio en colaboración con el GAES, el mismo organismo que ha sido denunciado en la región como implicado en casos de secuestro y en la desaparición forzada Rafael Grosso, cuya familia hemos acompañado. En ningún momento pudimos prever que Víctor Martínez llegaría a participar directamente en una acción con funcionarios del GAES, mucho menos nos explicamos bajo qué argumentos se justifica sumarse directamente a las filas del general Luis Bohorquez, reconocido brazo ejecutor del ex gobernador Reyes en el estado Lara. Todo lo ocurrido nos parece un contrasentido: desde lo estrictamente humano porque no compartimos, ni compartiremos, que las víctimas o sus familiares pongan en riesgo su vida y la de su entorno asumiendo el papel que según las leyes del país le corresponde asumir a los organismos policiales y de seguridad del Estado Venezolano: y desde nuestro accionar político tampoco lo compartimos, porque le hacen un flaco favor al movimiento los activistas de DDHH que se disponen a estrechar lazos con los autores de miles de asesinatos contra los jóvenes de nuestro pueblo. Activar con los agentes del crimen de Estado es condenar la organización a la infiltración y la muerte.
Lamentamos profundamente las consecuencias de tal proceder, el saldo del suceso es un funcionario asesinado y otro herido, dos jóvenes trabajadores del campo, uno de ellos también herido, y actualmente ambos detenidos por un hecho en el cual no tienen nada que ver, salvo estar esperando junto a su comunidad una máquina que iba a construir una vía de penetración agrícola, hasta donde llegó el supuesto secuestrador pidiendo la colaboración de los lugareños para que le indicaran el sitio donde estaba la máquina.
Es nuestro deber dejar perfectamente claro que ningún miembro del COVICIL conocía de la decisión de Víctor, y aunque reconocemos la autonomía de sus acciones individuales, sus compañeros de lucha no avalamos, ni justificamos los motivos que pudo tener para terminar inmerso en tan penosa situación.
No obstante reivindicamos y continuaremos reivindicando la memoria de Mijaíl Martínez hasta el final de nuestra vida organizativa. Participaremos como colectivo colaborado y acompañando a Víctor Martínez y su familia en las acciones denuncia y búsqueda de justicia en el caso de Mijaíl, pero con absoluta claridad en el objetivo, dirección y sentido de nuestra lucha, sin admitir desvíos ni falsos atajos que desmeriten el espacio de resistencia que con tanto sacrificio hemos mantenido a lo largo de los años.
Hoy se encuentran detenidos dos jóvenes campesinos, Orlando Rafael Yajure Gómez y Humberto Gregorio Yajure Mujica, víctimas inocentes de estos hechos y ante quienes estamos obligados a solidarizarnos; les reiteramos a ellos, a sus familiares y a las comunidades agrícolas de Simón Planas nuestra solidaridad y disposición de sumarnos a todas sus acciones y movilizaciones por el esclarecimiento de la verdad y la libertad de sus familiares.
Asimismo queremos dejar perfectamente claro que los hechos ocurridos no van a desviar el esfuerzo del Comité para que se determine judicialmente la responsabilidad material e intelectual de quienes ordenaron y ejecutaron el asesinato de Mijaíl; tanto más en este momento cuando la detención de uno de los cooperadores inmediatos en el crimen y su posterior identificación en rueda de reconocimiento, además de la declaración anticipada del informante, conducen a la verificación de la verdad que Víctor denunció el mismo 26 de noviembre de 2009. Las pruebas e indicios que hoy reposan en el expediente del caso identifican plenamente a los autores materiales del hecho, que paradójicamente fueron señalados a las 72 horas del crimen por el propio jefe CICPC Carlos Rodríguez, y luego ratificadas en numerosas declaraciones e investigaciones del propio cuerpo policial, sin que hasta el día hoy éste haya dado un paso al frente para el avance del proceso penal contra los responsables del asesinato de Mijaíl.
Una vez más, reiteramos nuestra solidaridad y nuestra decisión de continuar la lucha por el esclarecimiento del crimen de Mijaíl y de los centenares de asesinados bajo el reinado de terror de los siniestros Reyes Reyes-Rodriguez Figuera, de los grupos parapoliciales y sus bandas criminales aliadas que han convertido al estado Lara en territorio de impunidad, y convocamos a nuestros compañeros a hacer una seria reflexión colectiva ante lo acá planteado y las consecuencias que este tipo de situaciones acarrean para cada uno de los miembros de nuestra organización.
COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD DEL ESTADO LARA
31 DE MARZO 2001
