Publicamos un comunicado del Comité de Víctimas contra la Impunidad:
Ante la arremetida del Gobierno contra las clases populares: Unidad en la lucha
Covicil
Nuestro país, cada vez más, es escenario de numerosas protestas de calle encabezada por diversos sectores que ven vulnerados sus derechos y garantías. Las 3300 protestas protagonizadas en 2010 por trabajadores, desempleados, estudiantes, indígenas y comunidades hablan por sí solas del descontento general ante el deterioro de las condiciones de vida, trabajo y seguridad de la población. La respuesta del gobierno y Estado ha sido represión, criminalización y sobre todo una constante burla y desidia para atender los justos reclamos de los venezolanos. El Ministerio Público, los tribunales, y los cuerpos policiales se han articulado, logrando someter a más de 2.400 manifestantes que se encuentran hoy bajo régimen de presentación, lo que constituye una prueba de la política del Estado para criminalizar la protesta. Cuando los conflictos se radicalizan y amenazan con desbordar los cauces pacíficos y legales, surge de inmediato una mesa de negociación, el llamado al diálogo y las hojas de ruta, que se han convertido en el apaga fuegos para desmovilizar las luchas populares.
Al igual que los manifestantes, los activistas de DDHH vienen siendo objetivo político del Estado. En Lara, el asesinato del joven Mijaíl Martínez, video activista y colaborador del Comité de Víctimas, puso al descubierto- una vez más- la cadena de complicidades que involucra a funcionarios de alto nivel, como el ex gobernador Reyes Reyes, el general (GNB) Rodríguez Figuera, el comisario jefe del CICPC Carlos Rodríguez, junto a conocidos actores del sistema de administración de justicia, con delincuentes comunes.
Hoy después de 16 meses por fin hay un detenido por este vil asesinato, gracias a la decidida acción de denuncia desplegada por Víctor Martínez, padre de la víctima, y organizaciones de DDHH del país. Los organismos de investigación y judiciales cuando actuaron lo hicieron para encubrir y desviar los hechos, evidenciándose que la banda delictiva que ejecutó el crimen de Mijaíl es protegida por el CICPC y otros cuerpos policiales del estado; una banda que mantiene aterrorizada a las poblaciones de El Manzano y Rio Claro, siendo señalada públicamente por casos de homicidio, sicariato, distribución de drogas y masacres. Esta organización delictiva, que cuenta entre sus miembros con agentes policiales, a la que el Estado le otorga la impunidad para continuar asesinando, ahora profiere amenazas de muerte contra este luchador social y contra el informante que develó, mediante una declaración anticipada en la fiscalía, la autoría material e intelectual del sicariato. Ante tales amenazas, el DIBISE, Polilara, Plan 20, Madrugonazo al Hampa y todos los operativos que se inventan para “resguardar la seguridad de la población”, tan diligentes al perseguir y apresar a los manifestantes, lejos de ejecutar las órdenes de captura que pesan contra los delincuentes, miran para otro lado aguardando el fatal desenlace, para luego recurrir al socorrido argumento de “ajuste de cuentas” o venganza, cuando los hechos han demostrado que es el propio gobierno , como implicado, el principal interesado en desviar el caso de Mijaíl Martínez y silenciar las denuncias.
Todo esto constituye un modus operandi suficientemente conocido, no obstante en el caso de Lara la violencia policial e institucional se redimensiona a consecuencia de la lucha de poderes entre el gobierno nacional y regional, que mantiene a los larenses en la línea de fuego. Las cifras de homicidios y secuestros dan cuenta de la cruda realidad de una población indefensa que vive a merced de los grupos hamponiles y parapoliciales que se exhiben como intocables convirtiendo al estado Lara en el reino de la Impunidad. Todos los días los medios de comunicación informan de funcionarios policiales implicados en los más diversos delitos; de jueces involucrados en hechos de corrupción (el caso del prófugo Edwin Andueza es sólo uno de los tantos que pululan en los tribunales); de funcionarios policiales integrantes de bandas delictivas, y las consecuencias de la incapacidad y negligencia del mal llamado sistema de administración de justicia las sufren en abrumadora mayoría los trabajadores y humildes habitantes de los barrios.
Hacemos un llamado de alerta ante las amenazas de muerte contra Víctor Martínez, ya que es de hecho una amenaza contra los activistas de DDHH, los luchadores sociales y contra las comunidades que se organizan para levantar su voz de protesta, a la vez que convocamos a la solidaridad activa, unificando las luchas de todos los sectores en conflicto, y unidos como un solo pueblo ganemos la batalla contra quienes pretenden arrebatar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Solo unidos podemos detener la escalada de violencia e impunidad que este gobierno impone a la sociedad venezolana.
COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD LARA (COVICIL)
Barquisimeto, marzo 2011.
