A finales de octubre doce ex miembros de las fuerzas militares argentinas fueron condenados a prisión perpetua en lo que se calificó como un hecho histórico para Argentina, y en general, para la región latinoamericana víctima de atropellos y vejámenes en la época de las dictaduras militares de los años 70 y los 80.
La justicia argentina parece encaminarse luego de más de 30 años de espera de parte las víctimas de la represión, tortura y desapariciones, a la reivindicación de la justicia y la defensa de los derechos humanos, saldando parte de las deudas aún imborrables de la memoria colectiva de la nación del cono sur.
El presidente del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), Daniel Obligado, fue el encargado de leer una sentencia definitiva contra quienes fungieron como verdugos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Pruebas, testimonios, declaraciones, documentación que fluía en un lapso prolongado que comenzó a reavivar casos atroces. El escarnio público, la recriminación y una justificada ira de los sobrevivientes y familiares apostados en el lugar, infligían una condena inconmensurable.
Los condenados que responden a nombres emblemáticos de la otrora fuerza militar fueron: el ex capitán Alfredo Astiz, el jefe de Inteligencia de la ESMA, Jorge «Tigre» Acosta, el ex canciller Oscar Montes, los ex capitanes Adolfo Donda.
Astiz, condenado en ausencia en Francia y Suecia, recibió la pena de prisión perpetua por su participación en los crímenes de las víctimas a las que había marcado en la iglesia Santa Cruz.
Otros que sufrieron la perpetua son: Antonio Pernías, Raúl Scheller, Alberto González, Néstor Savio y Ricardo Cavallo (quien fue detenido ex México y extraditado a Argentina), el ex teniente Jorge Radice, el ex comisario de la Policía Federal Simón Weber y el ex teniente coronel del Ejército Julio César Coronel.
TESTIMONIO DE UN SOBREVIVIENTE Para Raúl Cubas, uno de los fundadores de PROVEA, organización no gubernamental defensora de los derecho humanos en Venezuela, no le resulta nada fácil asumir los recuerdos que atiborran su mente cuando se le interroga sobre su experiencia en los campos de concentración de la dictadura militar argentina.
Esta víctima, testigo y sobreviviente de la etapa más sangrienta y atroz de la historia reciente de Argentina, llegó a Venezuela como exiliado luego de sufrir torturas que no se comparan en ningún caso con aquellas causadas por la pérdida de sus dos hermanos, Juan Carlos y María Georgina, a manos del Ejército en abril de 1977.
«Durante 2 años y 3 meses viví en condiciones infrahumanas, sufriendo al principio de mi secuestro la tortura física y sicológica, la puesta de grilletes en los pies, esposas en las manos y una capucha en la cabeza, y posteriormente la humillación de realizar lo que la justicia argentina denominó `trabajo esclavo’», relató Cubas.
Gracias al testimonio de Cubas y el de otras víctimas sobre la descollante represión impuesta en la dictadura argentina, los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a 16 de los 18 represores, de ellos a 12 a cadena perpetua.
El defensor de derechos humanos afirma que para llegar este punto luego de un largo proceso fue primordial el hecho de que en el 2003 el Congreso argentino «anulase las leyes de obediencia debida y de punto final, aprobadas por los gobiernos de Alfonsín y Menem quienes indultaron y paralizaron los juicios a los militares responsables de las violaciones de los derechos humanos».
Sin embargo Cubas no niega que fue el ex presidente, Nestor Kirchner, quién impulsó una política de derechos humanos que posibilitó que tanto las fuerzas políticas del gobierno como de la mayoría de la oposición coincidieran en la necesidad de saldar la deuda de verdad y justicia con la sociedad.
«Todo esto posibilitó que la Justicia comenzara poco a poco a desempolvar los juicios paralizados y hoy a casi 8 años se ven los resultados: 738 militares procesados y 131 condenados», enfatizó Cubas.
EL GÉNESIS DEL PROCESO Si bien, el juicio celebrado el 27 de octubre pasado no será el único, su carga histórica lo sellará como el momento en que la justicia fue honrada en Argentina.
Pero, todo esto tuvo un comienzo, un inicio que se remonta a muchos años atrás. Cubas destaca la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en plena dictadura exigiendo la aparición de sus hijos desaparecidos y la libertad de los presos políticos.
«Cuando retornó la vigencia del sistema democrático en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que recopiló casi 9 mil denuncias de personas detenidas-desaparecidas, y testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración», agrega Cubas.
Esta primera etapa de un proceso algunas veces ralentizado por diversas causas, llevó a que la Fiscalía argentina condenara a los máximos responsables de la dictadura militar, Videla, Massera y Agosti, a prisión de por vida.
FACTORES NECESARIOS Cubas no duda en destacar que a su juicio los factores que se reunieron para que se llegase a la imposición de la justicia, no sólo en el caso ESMA, o el caso del Plan Sistemático de Apropiación de Menores, o en otros tantos, fueron la presión y la movilización social.
Como aclara el fundador de Provea, en el gobierno tanto de Alfonsín como el de Menem, los intereses militares y complicidades solapaban la intención de hacer prevalecer la justicia, de hecho menciona que en el gobierno de éste último, se logró de alguna manera «desmovilizar a la sociedad y que se quedaran luchando sólo los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas».
Otro factor que destaca Cubas quizás sea el de la conveniencia política que significa proseguir con estos casos, sobretodo para obtener el apoyo de la población. Sin duda, Néstor Kirchnner y su sucesora y viuda, Cristina Fernández, empeñaron su palabra asegurando la necesidad de generar justicia para los diferentes casos de violación de derechos humanos durante la dictadura.
«Creo que ambos lo hicieron convencidos de la necesidad de hacer justicia.
Eso no quiere decir que ambos no le hayan sacado un saldo político a favor de su proyecto político, pero es preferible eso a un gobierno que ignore o desprestigie la lucha de las organizaciones de derechos humanos», puntualizó Cubas.
«NUNCA MÁS» Con vehemencia Cubas, quien fue secuestrado y además vivió en la clandestinidad asumiendo la resistencia armada como manera de luchar para lograr la derrota de la dictadura y la apertura de un proceso democrático, resume en dos palabras esa época de horror y penumbra, «nunca más».
Es un «nunca más» sentido, aferrado a la esperanza de que como él menciona, «ningún país ni ningún pueblo tenga que vivir la instauración de una dictadura militar».
Sin embargo, esa exclamación que proviene de un gran sobrecogimiento ante el dolor y el sufrimiento experimentado, no ocultan la esperanza que en todo momento oscuro se presenta.
«A pesar del dolor y sufrimiento que significó «estar muerto en vida», la esperanza y la solidaridad creaban las condiciones para resistir y vivir momentos de alegría y de amor», dice Cubas.
LA JUSTICIA PROSIGUE El cronograma de las audiencias sigue en pie. El día de ayer se efectuó una donde los querellantes Arturo Blatezky, Graciela Rosemblum, Susana Pérez, Carlos Zamorano, entre otros, ofrecieron sus testimonios sobre el caso de la apropiación de menores durante la dictadura.
Así mismo, Cubas, nuevamente rendirá testimonio el próximo 14 de noviembre vía videoconferencia, abordando el mismo tema junto a otros testigos esperando que dicho caso tenga un desenlace laudable para quienes fueron víctimas de los verdugos del sur.
