La Defensora del Pueblo señaló que durante el año 2010 se atendieron 11.305 expedientes, 12.309 orientaciones simples que no requirieron de ser remitidas a otras instituciones, sino que los funcionarios y funcionarias defensoriales pudieron atender oportunamente y 5.919 remisiones a otros organismos públicos con competencia expresa en distintas materias, lo cual representó un total de 29.533 solicitudes atendidas en todo el territorio nacional.
Asimismo, Ramírez destacó también el tema del comportamiento policial. Al respecto, refirió que en el marco de las denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo “se ha observado una disminución progresiva entre los años 2003 y 2008 en las denuncias relativas a privaciones arbitrarias de la vida”.
Explicó que para el año 2010, su Despacho atendió 97 denuncias sobre privaciones arbitrarias de la vida, lo que representa en términos absolutos 40 denuncias menos que en 2009. Estas cifras corresponden a las denuncias recibidas que están en proceso de investigación por parte de la institución.
La Defensora del Pueblo indicó que los cuerpos policiales más señalados en las violaciones del derecho a la vida fueron las Policías Estadales con el 43,30% del total de denuncias, seguidas de las Policías Municipales con un 22,68% y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con un 18,56% del total de denuncias recibidas por esta institución.
Ramírez indicó que las regiones que registraron mayor cantidad de denuncias respecto a las violaciones del derecho a la vida fueron: el Área Metropolitana de Caracas con 20 denuncias (20,62%), Miranda con 14 denuncias (14,43%), Sucre con 11 (11,34%), Zulia con 10 (10,31%), Bolívar con 8 denuncias (8,25%).
Con respecto a las denuncias relativas a las violaciones del derecho a la libertad personal, Ramírez puntualizó que las mismas han disminuido significativamente desde 2003. Al respecto, señaló que la Defensoría del Pueblo recibió el año pasado un total de 203 casos, y que entre 2003 y 2010 la disminución fue de un 86,5%, ya que pasó de 1.513 a 203 casos.
Señaló que, en lo que respecta al derecho a la integridad personal, para el año 2010 la institución que dirige recibió 2.229 denuncias, cifra similar a las 2.230 denuncias registradas durante el año 2009.
Reiteró que tanto en las violaciones relativas a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, los cuerpos policiales más denunciados son las policías estadales, las policías municipales y el Cicpc, mientras que las entidades donde se reciben más denuncias son el Área Metropolitana de Caracas, Miranda y Zulia.
Destacó que todo el proceso de reforma policial que adelanta el Estado venezolano como una de las más trascendentes políticas en materia de derechos humanos que se haya desarrollado en el país en los últimos 50 años. También reconoció el valor de las estructuras creadas para fortalecer ese modelo como el Consejo General de Policía, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y los comités ciudadanos de control policial, entes destinados a la adecuación, formación y control de los cuerpos de seguridad ciudadana.
Recordó que las denuncias de violaciones a los derechos humanos es un problema generalizado entre las policías de todo el país, que se viene arrastrando desde hace décadas. En este sentido, exhortó a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas a que aceleren la adecuación de sus respectivos cuerpos policiales a los parámetros contenidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Igualmente, Ramírez puntualizó que se fortalecieron los mecanismos de atención como son las Defensorías Móviles, las cuales se encuentran ubicadas en los estados Falcón, Portuguesa, Bolívar, Monagas y Táchira y cuyo objetivo es proporcionar un servicio de asistencia integral en materia de derechos humanos a los ciudadanos y ciudadanas asentados en municipios y parroquias del interior del país de más difícil acceso. Además, se impulsó la activación de la línea gratuita 08000 Pueblo (08000-783256) para facilitar la recepción de denuncias en todo el territorio nacional, incorporando un mayor número de operadores y operadoras y atendiendo un total de 591 solicitudes.
Por otra parte, la Defensora del Pueblo se refirió a las inspecciones realizadas durante el año 2010, las cuales suman un total de 6.991 en los siguientes establecimientos: 1.212 en centros de detención policial, 724 en centros penitenciarios, 717 a centros de salud, 99 a instituciones relacionadas con el tema ambiental, 1.108 en centros educativos, 495 a centros de atención de niños, niñas y adolescentes, 525 a empresas prestatarias de servicios públicos, 103 en mercados, 406 a terminales de pasajeros, 1038 que corresponden a otras instituciones y 565 visitas e inspecciones a los refugios.
La Defensora del Pueblo resaltó que en el año 2010 la institución que dirige se encargó especialmente de fortalecer los programas vinculados al trabajo con las comunidades a través de su programa bandera Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos en sus distintas vertientes: comunitaria, penitenciaria e indígena.
En el marco del trabajo con las comunidades organizadas, expresó que se realizaron un total de 776 acciones comunitarias en defensa y vigilancia de derechos humanos y 216 referidas a la labor de promoción, educación y formación de los movimientos sociales en esta materia. Asimismo, Ramírez indicó que su Despacho que el año pasado se desarrollaron 826 Planes Comunitarios, a fin de seguir avanzando en la protección de los derechos humanos desde las realidades locales.
Asimismo, la Defensora del Pueblo también precisó que sus funcionarios y funcionarios realizaron una serie de conversatorios, talleres, jornadas de formación, cine-foros y charlas donde participaron un total de 5.653 personas, las cuales serán multiplicadores del respeto de una cultura de derechos humanos impulsada desde las organizaciones de base.
Por otra parte, la máxima representante de la Defensora del Pueblo señaló que el año pasado su Despacho colocó especial atención en tres temas fundamentales: los sucesos conocidos como El Caracazo, comunidades campesinas y pueblos indígenas. Al respecto, Ramírez precisó que ante las masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas el 27 de febrero y días subsiguiente de 1989, “el Presidente de la República, Hugo Chávez, urgió a todos los Poderes a realizar mayores esfuerzos para conseguir la impostergable justicia de estas víctimas”.
En este sentido, recordó que el año pasado el Estado venezolano indemnizó voluntariamente a 64 víctimas, beneficiando a 186 familiares.
En materia de protección de las comunidades campesinas, la Defensora del Pueblo señaló que la institución que dirige adelante un trabajo sostenido para acompañar la lucha de los trabajadores del campo, cuyo logro más significativo el año pasado fue el sobreseimiento de causas de 408 campesinos y campesinas en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Miranda y Zulia.
Sobre labor de protección y defensa de los pueblos indígenas, Ramírez apuntó que durante el 2010 se le brindó especial atención a este sector, especialmente a la comunidad de Vertedero / Janokojido (una comunidad de la etnia Warao ubicada en el sector Vertedero del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro) y a la comunidad de la Esperanza (ubicada en el sector conocido como km 50 del municipio Sifontes del estado Bolívar).
En este sentido, expresó que para este trabajo se ha contado con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y algunos resultados obtenidos en estas comunidades ha sido la elaboración de un Plan de Vivienda para 32 familias, beneficiando a 200 personas, la creación de una casa de alimentación, atención integral en salud, consolidación de programas de siembra y desarrollo de programas de alfabetización bilingüe, incorporado a la Misión Robinson.
En torno a las iniciativas legislativas desarrolladas durante el año 2010, la Defensora del Pueblo indicó que se presentaron dos acciones en esta materia: el anteproyecto de Ley de Adquisición de Propiedad para Arrendatarios en Condición Especial y el Anteproyecto de Ley de Procedimientos de Arrendamiento Inmobiliario para Inmuebles destinados a vivienda.
Se desarrollaron observaciones y recomendaciones a 14 proyectos de ley en diferentes materias, las cuales han sido acogidas por las Comisiones de la Asamblea Nacional respectivas y, además, se ejercieron 9 acciones judiciales en la protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de la población.
De igual manera, destacó algunos logros en materia judicial como: la suspensión de la aplicación de los arrestos por parte de los jueces y juezas de paz, gracias a la medida cautelar acordada por el TSJ a solicitud de la Defensoría del Pueblo; la prohibición de la instalación de los portones en las entradas de la UCV, gracias a la medida cautelar acordada por el TSJ; el restablecimiento del acceso al sector Galipán del Parque Nacional Waraira Repano, como consecuencia de la medida cautelar dictada por el TSJ; la inscripción de un grupo de estudiantes de la Escuela de Educación de la UCV, producto de la declaratoria con lugar de la acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo, la cual interpuso una acción de amparo contra dicha escuela por su negativa de inscribir a cuatro estudiantes para el período académico 2010 – 2011; entre otros.
Por otra parte, Ramírez indicó que 2010 fue un año muy significación, puesto que se creó la primera Escuela de Derechos Humanos del país, la cual busca fortalecer el trabajo de educación y formación en materia de derechos humanos que viene adelantando esta institución a través de su Fundación Juan Vives Suriá y que ha capacitado a 5.500 ciudadanos y ciudadanos en todo el territorio nacional.
Para finalizar, la máxima representante de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, señaló que los esfuerzos realizados durante los últimos dos años por mantener la inversión social se vieron reflejados en dos indicadores de especial transcendencia como el Coeficiente Gini (índice de desigualdad en los ingresos) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), los cuales representan parámetros de especial relevancia para medir avances en materia de derechos humanos.
Al respecto, destacó que, según cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para finales de 2010 el Coeficiente Gini cerró en 0,3898, mientras que en el año 2009 se situó en 0,3928, continuando con una tendencia a la baja desde 1998 cuando se ubicó en 0,4865. En términos porcentuales, esta cifra refleja una disminución de la desigualdad en los ingresos de casi un 20% en 12 años, lo cual ha permitido posicionar al país con el Coeficiente de Gini más bajo de América Latina.
La Defensora del Pueblo precisó que el IDH cerró en 0,755 puntos en el año 2010, permitiendo al Estado venezolano escalar tres posiciones en el ranking mundial de desarrollo, ubicándose en la posición 75 de 169 países; posición que lo ubica en el grupo de las naciones clasificadas como de desarrollo alto.
Sobre este último indicador, Ramírez puntualizó que los avances en el IDH reflejan progresos significativos en áreas específicas como la esperanza de vida al nacer, educación y nivel de vida digno. Al respecto, expresó que los datos de escolaridad evidencian que Venezuela sigue mostrando avances importantes en el aumento progresivo de la matrícula de educación inicial, básica y universitaria. Sobre este tema, recordó que “Venezuela es el país que ostenta, después de Cuba, la segunda posición de acceso a la educación universitaria”. (DP;17.03.2011)
