Abogada de estudiante Carlos Villamizar confirma lesiones producto de su detención

Durante la mañana del 13.10.14 Provea conversó telefónicamente con Raquel Silva, miembro del equipo de abogados del Foro Penal que asesora el caso del estudiante de la Universidad Nacional del Táchira (UNET) detenido en la ciudad de San Cristóbal el pasado lunes 06 de octubre en el contexto de una manifestación. Según confirmó la abogada el estudiante fue trasladado ayer domingo 12 de octubre del sitio de su reclusión, el comando de la Policía Nacional Bolivariana al Hospital del Seguro Social en la ciudad debido a las fuertes lesiones como producto de su detención. «Carlos Villamizar -declaró la abogada- presenta un edema cerebral con posible politraumatismo craneal, es decir que puede tener una fractura. Hoy le van a realizar otros estudios en profundidad para determinar la gravedad de la lesión».

Según su relato el estudiante fue arrollado por una moto de la PNB durante su detención. Tras ser recluido en el comando de la Policía Nacional Bolivariana en San Cristóbal, Villamizar habría recibido una fuerte golpiza por parte de otras personas privadas de libertad. El estudiante se encontraba incomunicado y fue durante el día miércoles 08, durante la audiencia de presentación, que su abogada pudo constatar esta situación. «Tenía fuertes golpes en la zona de su ojo derecho, en la parte derecha de su cabeza, también lesiones en las nalgas, piernas y pecho».

Sus familiares no habían podido comunicarse con Villamizar hasta ayer domingo 12 cuando intentaban visitarlo. Al esperar su turno oficiales de la PNB les informaron que su hijo «se había desmayado» y que sería trasladado a un centro asistencial. Es allí cuando su madre puede verlo y constatar la gravedad de las lesiones. «No sabemos si las lesiones en su cabeza -las de mayor gravedad- son producto del arrollamiento, de la golpiza dada por otros presos o por otra situación» agregó Marulanda a Provea.

Durante el día 13 de octubre al estudiante le estarán practicando exámenes médicos para realizar un diagnóstico integral y definitivo. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben activar los mecanismos para realizar una investigación y sancionar a los funcionarios responsables según lo estipulado en la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Algunos de los artículos que podrían ser pertinentes en esta situación podrían ser:

Artículo 19. El funcionario público o funcionaria pública que colabore de cualquier forma o encubra a los agentes activos de los delitos previstos en los artículos 17 y 18, será sancionado o sancionada con pena equivalente a lo establecido en los artículos antes señalados (de 13 a 25 años de prisión, inhabilitación para cargos públicos). En la misma pena incurrirán los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, que entorpezcan las investigaciones correspondientes que instruya el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, e inhabilitación para el ejercicio función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. Tanto la inhabilitación del ejercicio de la función pública como política no estarán sujetas a rebaja alguna. 

Artículo 23. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de los centros de detención, donde se encuentren espacios o instrumentos utilizados para infligir tortura, serán sancionados con pena de uno a cinco años de prisión y multa de doscientos cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.) a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), así como la clausura del espacio y la destrucción del instrumento de tortura; siempre que los mismos no se constituyan en elementos o instrumentos probatorios en juicio.