Sede Amnistía Internacional, Madrid-España.
Junto a la entrega del Informe elaborado por los investigadores de Amnistía Internacional, hubo una presentación con algunos datos y detalles relevantes, así como recomendaciones y conclusiones para el Gobierno, líderes de la oposición y sociedad civil en general.
Desde el inicio de las protestas, Amnistía Internacional (AI) ha recibido y documentado un número elevado de denuncias consistentes de violaciones y abusos de DDHH.
En concreto en este informe AI ha constatado violaciones del derecho a la vida, tortura e integridad física, o palizas de detenidos bajo custodia o en el momento de la detención, así como uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad, así como detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso judicial, con hechos como restringir el acceso de abogados a los detenidos.
También se ha documentado vulneraciones al principio de presunción de inocencia por parte de autoridades gubernamentales, al hacer declaraciones incriminatorias, en el caso de la detención de algunos líderes de la oposición.
Estas violaciones a los DDHH han sido cometidas por la Guardia Nacional, la policía y el Servicio de Inteligencia Nacional.
La organización también ha recibido denuncias de defensores de ONgs y periodistas y medios de comunicación con líneas editoriales tanto críticas como cercanas al Gobierno que habían sido acosados y atacados.
Los abusos contra los DDHH, como actos de violencia, o muertes por armas de fuego, durante protestas o bloqueos de vías púbicas, han sido cometidos por grupos armados progobierno, algunos manifestantes e individuos no identificados.
¿Cuáles son los datos oficiales y que ha podido documentar AI durante este tiempo?
Hasta el 27 marzo.
37 personas muertas. Más de 550 heridos o lesionados, de los cuales 180 son de las fuerzas de seguridad. Y al menos 120 personas heridas por armas de fuego o impacto de balas de gomas. Unas 2157 personas ha sido detenidas, la mayoría han sido liberadas, sobre muchas de ellas pesan cargos que conllevan penas de prisión de hasta 10 años. Sólo 66 de ellas fueron liberadas incondicionalmente.
El MP ha abierto 82 investigaciones de presuntas violaciones de DDHH, 75 casos por malos tratos inhumanos o degradantes, 2 casos de tortura, 2 casos de asesinato, y 2 casos de asesinato no intencional.
Hasta hora hay 17 detenidos de la fuerza pública, por violaciones DDHH, pero no tenemos constancia de que se haya abierto investigación por parte del abuso cometido por parte de miembros de grupos armados pro gubernamentales.
AI Considera un paso positivo que el MP haya abierto estas investigaciones y que algunos responsables estén detenidos. Sin embargo en muchos casos, como uso excesivo de la fuerza o algunas detenciones, no se han abierto investigaciones hasta lo que conoce AI.
Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional, nos cuenta algunos detalles:
AI, ha hecho investigación en el terreno, abogados, ongs, hemos hablado con familiariares y víctimas de violaciones de DDHH. Y hemos hablado con personas que han sido víctimas de hechos violentos de ataques por grupos armados progubernamentales o por parate de algunas manifestantes o personas no identificadas.
Muchas de las personas con las que Amnistía Internacional ha podido hablar no han querido que informemos sobre sus casos por temor. Esas son algunas dificultades que hemos tenido al documentar este informe.
Defensora y Fiscal, reconocen que ha habido abusos y violaciones DDHH. Reconocemos sus esfuerzos en abrir investigaciones, esperamos que se esclarezcan todas las responsabilidades.
AI muestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante las protestas en Venezuela. En particular está precoucpa por el uso de armas de fuego contra manifestantes y contra zonas residenciales y edificios dónde se suceden las protestas.
A juicio de AI, esta práctica es claramente violatoria de los estándares internaciones sobre el uso de la fuerza.
Igualmente preocupante son los informes sobre el uso de perdigones de goma empleados de forma indiscriminada contra manifestantes, en algunos casos sin mediar una clara advertencia, para que los manifestantes tuvieran opción a dispersarse antes de disparar estos perdigones.
Muy preocupante los informes donde funcionarios de las fuerzas del orden, han dirigido estos perdigones directamente contra el cuerpo de la persona.
AI habló con la familia de Geraldine Moreno, quien recibió un impacto de perdigón a 30cm de distancia.
AI ha documentado abuso y violación al debido proceso de las personas que se encuentran detenidas, o que fueron detenidas y posteriormente liberadas condicionalmente. Consideramos que decenas de detenidos, han sido detenidos sin que medie una orden de aprehensión, o sin estar cometiendo delito en el momento de la retención. También hemos recibido información del allanamiento de viviendas sin que medie una orden judicial.
Muchos de los detenidos han denunciado que durante las 48 horas previas ante la presentación de un juez, no han tenido acceso a un abogado. abogados defensores de derechos humanos nos han informado, que los detenidos no conocían la razón de su detención hasta minutos antes de ser presentados ante un juez. AI considera que la falta de asesoría legal vulnera los derechos de detenidos a un debido proceso. Asimismo el acceso inmediato de los detenidos a un abogado, es una medida importante, porque es una salvaguarda contra la tortura y maltratos que se puedan dar durante la detención.
Como ha mencionado EB Hemos visto con gran preocupación, algunas de las declaraciones de altas autoridades del Gobierno, haciendo alusión a la culpabilidad de los detenidos, no sólo detenidos durante las protestas, sino líderes de la oposición. Consideramos que es una vulneración a la presunción de inocencia.
En este caso por ejemplo AI habló con Luis Mateo Chirinos, estudiante que fue detenido, y minutos después las autoridades ya estaban ante los medios de comunicación indicando que había participando en actos violentos. Hacemos un llamado a las autoridades a a resistir este tipo de comentarios que vulneran la presunción de inocencia.
AI ha recibido decenas de denuncias de torturas, trato cruel, inhumano y degradante, contra las personas detenidos, tanto en el momento como en el traslado, y en el mismo centro de detención.
Por los casos documentados por AI parecería que el objeto de estos malos tratos o torturas, era castigar a los detenidos por haber participado en protestas o por su presunta participación en protestas.
AI habló con Daniel Quintero, quien fue golpeado durante dos días por la policía del Zulia, y amenazado con ser quemado vivo.
Marvinia Jimenez habló con AI, Marvinia fue golpeada varias veces con una casco por una funcionaria de la GN, cuando se encontraba ya restringida en el suelo.
José Alejandro Márquez, murió tras ser golpeado por las fuerzas del orden, cuando se encontraba grabando la protesta, fue detenido, y según la información de los médicos que le atendieron en el Hospital, los funcionarios continuaron golpeándolo cuando le trasladaban al hospital. Alejandro Marquez falleció a los pocos días. Nuevamente vemos al Presidente de la Asamblea Nacional, en su programa de TV, lo acusó de estar preparando un intento de asesinato al Presidente. La familia en el funeral, tuvo que desmentir esto.
Juan Manuel Carrasco, habló con AI, y denunció cómo él y otros 11 detenidos fueron golpeados durante dos días, y él fue abusado sexualmente. Estos casos están en conocimiento de la Fiscalía, algunos de ellos ya están siendo investigados.
Igualmente preocupante para AI, ha sido los informes del uso de la violencia perpetrada por grupos armados progobierno, que en muchas ocasiones han actuado sin que las fuerzas del orden intervengan para proteger el derecho a la vida y a la integridad física.
Igualmente preocupante son los informes sobre la violencia perpetrada por algunos manifestantes y algunas personas no identificadas. AI ha conocido 15 casos de víctimas de violencia durante las manifestaciones durante las barricadas, y por grupos armados identificados con el gobierno.
Todas estas denuncias a las violaciones de los DDHH, son inaceptables y todas deben ser igualmente investigadas y sus responsabilidades esclarecidas.
Toma la palabra y concluye Esteban Beltrán,
Bien en nuestra opinión o los DDHH se ponen al frente de la agenda política en Venezuela, o Venezuela corre el riesgo de caer en una espiral de violencia y llevará incluso un mayor número de abusos y de violación de los DDHH.
Se deben dar las condiciones para entablar un diálogo constructivo y de buena fe, que de prioridad a una agenda en defensa de los ddhh de todas y todos los venezolanos, independientemente de sus convicciones políticas.
El gobierno y la oposición deben comprometerse a abandonar el camino de la violencia y avanzar por la vía del diálogo y el respeto al Estado de Derecho.
En concreto es esencial en práctica un plan nacional de derechos humanos, este plan debe establecer como el Estado propone debe garantizar todos los DDHH, civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, determinando la responsabilidad de todos los actores, cronograma, presupuesto, e indicadores adecuados.
Este plan, debe tener fuerte anclaje en el sistema interamericano, el sistema de Nacionaes Unidas, así como cambios legislativos necesarios, capacitación en DDHH a funcionarios públicos, así como el control de armas en el país.
El plan nacional de DDHH, debe ser resultado de un diálogo nacional, en el que estén todos los puntos de vista de los diferentes actores, incluidos disidentes y opositores y representantes de la sociedad civil.
En segundo lugar el ciclo de violencia no se superará sino hay rendición de cuentas, por eso es necesario que las autoridades adopten las medidas necesarias para investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todas las denuncias de asesinatos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes uso excesiva de la fuerza, o violaciones del debido proceso para llevar a los responsables a la Justicia.
Todas las víctimas de DDHH son iguales, y todas tienen derechos a que se abran una investigación que permita esclarecer la verdad, y obtener justicia y reparación.
Todas las personas en Venezuela tienen que poder ejercer su derecho a manifestarse sin temor, y a ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión, sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques o víctimas de malos tratos o de detenciones arbitrarias.
El gobierno y los líderes de la oposición y líderes de la sociedad civil, deben promover entre sus simpatizantes el ejercicio de su derechos y el derecho a la manifestación de forma pacífica.
Finalmente Amnistía Internacional, insta a la comunidad internacional, especialmente a los países vecinos de la región, OEA, unión de naciones suramericanas, a fomentar situaciones respetuosas de los DDHH y promover el diálogo, especialmente en el marco de una plan nacional de DDHH.
O bien se pone una hoja de ruta en Derechos Humanos, o bien la espiral de violencia continuará y llevará a un mayor de casos en violación de derechos humanos. (Transcripción de la introducción ofrecida por Esteban Beltrán; Director Amnistía Internacional España)
Consulta el Informe de Amnistía Internacional Venezuela: la espiral de violencia amenaza el estado de derecho
