Este 26.04.2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la vida e integridad de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez, en Carúpano, estado Sucre, Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas que se encuentran en dicho centro se enfrentan a una situación de riesgo en vista de los altos índices de hacinamiento y condiciones de detención.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que la información presentada demuestra, en principio, que las personas que se encuentran en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez y aquellas que resultaron lesionadas debido al último incendio de 6 de abril de 2016 estarían amenazadas y en riesgo. En consecuencia, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas presentes en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez y proporcione tratamiento médico adecuado a todas aquellas personas que resultaron lesionadas debido al incendio de 6 de abril de 2016; que fortalezca el equipo de guardias y ofrezca capacitaciones constantes a las personas que trabajen en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez; que provea condiciones de higiene en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez y proporcione los tratamientos médicos adecuados para las personas privadas de libertad, de acuerdo a las patologías que presenten; que implementen un plan de emergencia y hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herramientas necesarias; que tome acciones para reducir el hacinamiento al interior del Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de una medida cautelar y así evitar su repetición. (Prensa CIDH)
