Exceso de mentalidad represiva, autoritarismo, verticalización del pensamiento, obediencia debida. Todos, conceptos contrarios a la democracia participativa y protagónica contemplada en la Constitución Nacional vigente desde 1999.
Lastimosamente, quienes dirigen el Estado venezolano siguen respondiendo de la misma forma ante los conflictos sociales.
Lejos de brindar soluciones que garanticen y satisfagan los derechos de los ciudadanos, acuden a la criminalización, la descalificación y la judicialización de las luchas para acallar las voces de descontento de cientos de miles de personas que reclaman ante el incumplimiento de promesas, el alto costo de la vida, la inseguridad, el desconocimiento de las contrataciones colectivas, las fallas en los servicios públicos y la inminencia de un paquete económico antipopular.
Nuevamente criminalizan la lucha de los sidoristas
En octubre de 2013 los trabajadores de Sidor protagonizaron una huelga demandando la aprobación de un nuevo contrato colectivo que para ese entonces alcanzaba más de 4 años de vencimiento.
En medio de un conflicto laboral que atrajo la atención de todo el país, el primer mandatario Nicolás Maduro dijo en cadena nacional: “Yo le dije en estos días a los dos dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor, de manera injusta e ilegal, sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no tengan su vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que mostrarle a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”.
Provea denunció en dicha oportunidad el peligro que revestía la declaración presidencial, advirtiendo que las amenazas provenientes de tan alta figura podían configurar un clima aún mayor de criminalización de derechos como la huelga o la reunión pacífica de trabajadores, habida cuenta de los más de 150 sindicalistas y trabajadores que se encontraban sometidos a procesos penales para la época.
Persiste la criminalización y la descalificación de altos funcionarios contra las luchas que encabezan los trabajadores de las empresas básicas. Este 25.07.2014 a través de la cuenta en la red social twitter del General Luis Arrayago, comandante del Comando Regional 8 (CORE8) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Bolívar, y de la cuenta twitter de la GNB en dicha entidad, se difundieron fotografías y comentarios en las que claramente se incita al odio contra dirigentes sindicales de la empresa SIDOR, a quienes se les acusan de mafiosos sindicales.
En la cuenta @GNBCORE8 se difundieron al menos 3 fotografías en las que se prentende responsabilizar a los trabajadores sidoristas de «ahogar» al pueblo y organizar guarimbas para «torturar a su pueblo». En otra fotografía, el General Arrayago hace alarde de su “prohibición” de cerrar vías, mostrando para ello a un grupo de militares armados y obviando lo consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional.
Arrayago actúa en la misma linea que lo hiciera el diputado Diosdado Cabello este 24.07.14, cuando acusó a los trabajadores de Sidor afirmando: “Esa protesta no tiene nada que ver con la discusión del contrato colectivo y la rechazamos contundentemente y no la vamos a permitir”.
Hacemos responsable al General Luis Arrayago de las posibles consecuencias que sus actos generen sobre las personas que acusa.
Criminalización, militarización, y judicialización
En junio de 2013, 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron disolver una huelga en la empresa Ferrominera del Orinoco. En Minerven 45 efectivos militares ingresaron el 27.07.2013 para frenar una huelga que los trabajadores prolongaron por más de 45 días en demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria.
Seguimos denunciando que recurrir al empleo de militares para intimidar y frenar conflictos sociales constituye un atentado a los derechos de las y los venezolanos. La militarización ha generado graves precedentes que en algunos casos se han convertido en juicios militares y prisión por algunos años para quienes protestan.
Asimismo, Provea ha señalado que el sistema de administración de justicia ha estado al servicio de la criminalización de la protesta. El Ministerio Público y los Tribunales del país han sometido a procesos penales a trabajadores y dirigentes sindicales por el solo hecho de ejercer derechos constitucionales. Distintos Juzgados han dictado sentencias que violan la Carta Magna y contravienen principios como la libertad sindical y el derecho a huelga, incluso se ha recurrido a hechos de corrupción para favorecer la posición de patronos públicos y privados, en detrimento del derecho de los trabajadores. El 17.05.2014 Provea denunció que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Agrario y Bancario del estado Bolívar admitió -antes de haberla recibido- una acción de amparo presentada por la directiva de SIDOR contra una protesta encabezada por 11 trabajadores de la industria. El Juzgado admitió el amparo el 10.03.2014, horas antes que la directiva de la estatal consignara el escrito ante el despacho tribunalicio, ordenando a los trabajadores suspender la protesta, bajo amenaza de ir a la cárcel.
El Gobierno Nacional debe garantizar el pleno respeto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional y detener las acciones orientadas a restringir y criminalizar el ejercicio de la manifestación pacífica. Se deben abrir canales de diálogo efectivos que permitan satisfacer las demandas de las y los venezolanos, como debe ser dentro de una democracia participativa y protagónica.
