La tristeza, el dolor y la impotencia, son sentimientos encontrados que invaden a familiares y extraños, debido a la tragedia que se presentó la noche del pasado cuatro de julio, en la calle Rómulo Betancourt, del sector «Las Calderas» del Municipio Colina, estado Falcón; lugar dónde pereció por cuatro impactos de balas, la ciudadana y Sub-Gerente del BT, Luimina Pacheco de Pérez (40) y una de sus hijas morochas, María Gabriela Pérez Pacheco (15) por un impacto de bala.
Se conoció por información oficial que el hecho se originó debido a una confusión por parte de guardias nacionales, quienes hacían un procedimiento para aprehender a un ciudadano que se desplazaba en un spark color azul, con supuestamente un arsenal de amas largas.
Entre la oscuridad se presume que los efectivos confundieron el spark con el vehículo Corsa color plateado, dónde se trasladaban la fallecida Luimina pacheco, con sus tres hijas, María Gabriela Pérez (fallecida en el sitio), la morocha Berta Minerva de 15 años, quien perdió el ojo derecho a causa de un impacto de bala y Luiminer Zulay Pérez de 12 años, quién ya se encuentra estable.
En el caso que tiene consternada a las familias falconianas, se dio a conocer por fuentes oficiales que hay diez guardias nacionales detenidos involucrados en el delito y a quienes les decomisaron el armamento utilizado en el crimen.
El caso ya fue puesto a la orden de la Fiscalía General le asignaron a los fiscales 76 nacional y 17 de Falcón, Alejandro Méndez y Mileidys Córdoba.
Implicados
En la audiencia de presentación imputarán a los efectivos castrenses identificados como: Regulo Valero, Dionis Escalona, Joseth Reyes, Wilfredo Martínez y Luis Vilchen, por presuntamente incurrir en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano.
También imputarán a los funcionarios Ronald Mujica, Jesús Álvarez, Carlos Muñoz, Adrián Torres y José Carrasquero.
Traslado en Aeroambulancia
Exactamente a las 2:45 pm de la tarde de ayer, en una ambulancia trasladaron al aeropuerto de Coro a la menor y gravemente herida, Berta Minerva Pérez.
En el traslado, la joven fue escoltada por efectivos policiales, para trasladarla en una aeroambulancia al hospital Carlos Arvelo de la Ciudad de Caracas, donde posteriormente atenderán su estado de salud.
Pronunciamiento de autoridades
La Gobernadora del Estado Stella Lugo, se pronunció acerca del crimen e hizo públicas las palabras de condolencias para la familia afectada.
De igual manera garantizó la transparencia en el caso y aseveró que se investigarán las causas hasta obtener una clara respuesta, para evitar que se repitan los mismos hechos en el futuro «iremos informando del caso a medida que se vaya arrojando resultados» dijo la autoridad estadal.
Por otra parte, el General de Brigada y Jefe del Comando Regional Número Cuatro, Octavio Chacón, expresó que el móvil se trató de un hecho aislado e investigarán hasta el último espacio del hecho, informó que los implicados serán analizados y sancionados con todo el peso de la ley «Revisaremos los procedimientos para garantizar la tranquilidad del pueblo» dijo el General.
Por otra parte se conoció que la niña fallecida estudiaba el 7mo grado en la Escuela «Monseñor Castro», junto a sus dos hermanas, a quienes les quedará un dolor grande por la desaparición física de su madre y hermana.
Familiares esperan justicia y que los culpables paguen su condena por haberles apagado la luz a unas personas inocentes.
Testimonio
Sheila Atienso: «Mi cuñada se dirigía con sus tres hijas hacia la casa de su mamá. Ella era una persona amigable, amable con la gente y de carácter tranquila, buena hija y esposa; ella era querida, no es justo que les hayan quitado la vida de esa manera» (Rafael Mármol, Diario La Mañana, 06.07.13)
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Provea, junto al resto de organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público.
El artículo 332 de la Constitución establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”.
La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales.
Los efectivos militares están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.
En noviembre de 2005, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), participaron en el suceso conocido como la «Masacre de Keneddy», donde perdieron la vida tres estudiantes y otros tres resultaron heridos, luego que los efectivos castrenses abrieran fuego contra el vehículo en que se trasladaban los jóvenes.
Ya advertíamos que la decisión de militarizar la seguridad ciudadana, no solo contrariaba lo preceptuado en nuestra Carta Magna, sino que además, iba a traer consigo los habituales excesos cometidos por funcionarios militares cuando estos asumen funciones para las que no han sido creados.
Enfrentar el grave y complejo problema de inseguridad necesita del mayor de los consensos para el diseño de una política multidimensional y democrática para revertirlo. (Prensa Provea)
se requiere de la buena formación de nuestros hijos en el hogar para ir minimizando la delincuencia y la vez los órganos competentes ir trabajando la delincuencia