Por cuanto el delito de homicidio no es penal militar, ya que por mandato constitucional las violaciones graves a los derechos humanos deben ser investigadas en la jurisdicción ordinaria, el diputado Walter Márquez criticó que los funcionarios implicados en los hechos de Orope, sean investigados por los tribunales militares, razón por la cual esta jurisdicción debe declinar y entregar el expediente a un tribunal civil.
En ese sentido, el diputado Márquez, acompañado por el parlamentario Norman Labrador, aseguró: “Yo no tengo ninguna duda de que el comandante de ese operativo, Aquiles Lapadula Sira, debe ser detenido. Hay detenidos preventivamente, unos tenientes y unos sargentos, pero el autor intelectual fue el que dio la orden, los otros son autores materiales”.
Al respecto, el parlamentario exhortó al gobernador del estado, José Vielma Mora, a que sea vigilante para que se cumpla la ley “y no continúe estimulando soluciones represivas en la frontera, porque allí se tienen que hacer trabajos de inteligencia, trabajos preventivos y que los grupos que actúen cumplan con el Código de Conducta para estos casos aprobado por las Naciones Unidas”.
El parlamentario tachirense destacó que debe respetarse la Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) para prevenir y sancionar la tortura, pues acotó que las actuaciones de Orope ocurrieron al margen de las convenciones internacionales y las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Gobernador avala violación de los derechos humanos”
Por otra parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, aseguró que el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, estimula a las fuerzas militares para que ejecuten acciones en las que se violen los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos, lo cual se puso de manifiesto con las críticas que hiciera el mandatario regional a las protestas que realizaron los habitantes de Orope.
Consideró Márquez que: “es una irresponsabilidad del gobernador, pedirle a la población que respete los operativos policiales y militares que violen la ley, porque es su obligación como primer mandatario regional exigir que cualquier operación, policial o militar, se haga dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos”.
En ese sentido, Walter Márquez enfatizó que el gobernador tendrá que releer todo el marco constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque a su juicio, lo que ocurrió en Orope, más allá del lamento presentado por él, amerita de su vigilancia como primer mandatario regional para que los operativos estén dentro de las leyes de la República y dentro del Código de Conducta de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. (Diario La Nación, 15.07.13)
