La vulneración de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional hacia el pueblo wayúu se mantiene, agudizándose la tortura y privación de libertad de miembros de esta etnia desde que se implementó el plan Contrabando Cero.
La información fue suministrada por Inti Rodríguez, coordinador de Comunicaciones de la ONG Provea, quien junto con un grupo de activistas de DDHH visitó la Guajira donde afirma haber constatado que funcionarios de la GN siguen violando no solo garantías fundamentales de este pueblo, sino también sus costumbres y calidad de vida.
«Hicimos un trabajo de campo en la Guajira para formar y fortalecer las acciones de los activistas que defienden a los wayúu», explicó Rodríguez, quien destacó que desde el 2010, año en el que se concretó la militarización de la zona, comenzaron los dolores de cabeza de esta población originaria.
«Chávez ordenó que los militares acudieran a la zona debido a las fuertes inundaciones que se registraron ese año en Paraguachón, la idea fue ayudar a las comunidades, pero este objetivo se desvirtuó», aseguró el miembro de Provea.
Explicó que para la instalación del Distrito Militar Nº 1 no fue aplicado el principio de consulta previa a los indígenas, violándose este derecho constitucional, también consagrado en legislaciones internacionales protectoras de los aborígenes.
«En la consulta para la militarización de la zona no participaron los wayúu, sino miembros de 69 consejos comunales que no guardan relación con la etnia», detalló Rodríguez.
Haciendo el seguimiento de los casos constataron que no existen resultados satisfactorios de las denuncias formuladas ante el Ministerio Público y otras instancias gubernamentales competentes.
CUÁLES DELINCUENTES
Según Provea criminalización y estigma es lo que acarrea la presencia de funcionarios castrenses en esta zona zuliana. «Para los militares todos los wayúu son delincuentes», exclamó con firmeza el activista de DDHH al señalar que desde el 2010 hasta la fecha se han contabilizado 13 asesinatos, 15 casos de tortura y 760 detenidos.
«El 70% de los detenidos son mujeres, muchos de los privados de libertad permanecen en el retén de El Marite», relató.
En este sentido acotó que desde la implementación del programa gubernamental para frenar el contrabando, los indígenas son más atropellados, al punto de que son calificados como bachaqueros y a los que son retenidos por la GN les aplican penas establecidas en La Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley sobre el Delito de Contrabando e incluso los imputan por asociación para delinquir.
Los pagos por soborno no faltan en este menú de tratos crueles y vejaciones que con frecuencia debe digerir esta comunidad atávica, asegura Provea.
DESARRAIGO CULTURAL
Narró Inti Rodríguez que los niños wayúu por lo difícil de esta situación ya no quieren ser identificados como miembros de esta etnia. Decisiones castrenses como la de cerrar vías después de ciertas horas afecta ceremonias de vieja data, como la de los velorios, cuyo paso más representativo es trasladar al difunto a las tierras de la Alta Guajira a la que califican como sagrada.
La militarización es tan fuerte en la zona, según Rodríguez, que desde Santa Bárbara del Zulia hasta el punto central de Paraguachón se encuentran apostadas 25 alcabalas de la GN en las que los indígenas deben hacer paradas obligadas. (Lorena Marcano, Diario Tal Cual)
