En tan solo 15 días desde que el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados de las elecciones presidenciales del 14A y proclamó a Nicolás Maduro como presidente de la República, los casos de tortura contra los detenidos durante las manifestaciones contra los comicios llegaron a 76, y superaron los 46 casos de tratos crueles durante todo 2012, informó Rafael Uzcátegui, coordinador de investigación de Provea.
Explicó que la organización no gubernamental constató in situ que en Barquisimeto los estudiantes que protestaron fueron salvajemente reprimidos y que, por primera vez en años, la Guardia Nacional Bolivariana usó perdigones a una distancia de uno o dos metros, con la expresa intención de dañar a los ciudadanos. Al estudiante Ehisler Vásquez le fue desfigurado el rostro.
«Hay 18 casos de jóvenes imputados de delitos establecidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo; tienen régimen de presentación y no pueden participar en manifestaciones. Todos los testimonios que recogimos coinciden en que hubo torturas: no los dejaron dormir, pasaron 24 horas sin alimento, fueron obligados a cantar consignas a favor de una parcialidad. Fue un ensañamiento cruel», dijo Uzcátegui, quién añadió que fueron golpeados.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, ha tachado de manipuladas las declaraciones ofrecidas por los aprehendidos que aseguraron haber sido sometidos a tratos degradantes en Lara. La funcionaria aseguró que el Ministerio Público sólo confirmó 2 casos de presuntos maltratos de un total de 35 denuncias. Provea, después de las elecciones, despertó la ira de voceros del Gobierno y los demás poderes públicos por desmentir la versión oficial de acuerdo con la cual centros de salud de la Misión Barrio Adentro habían sido quemados por opositores descontentos.
Procesos penales. Uzcátegui informó que hay 2.500 ciudadanos que poseen juicios abiertos desde hace años con régimen de presentación, y que 80% de ellos son partidarios del oficialismo que exigían reivindicaciones sociales y laborales.
«Hay 1.200 miembros del movimiento campesino Jirajara, liderado por el diputado de la Asamblea Nacional Braulio Álvarez, sometidos a régimen de presentación ante tribunales», enfatizó.
Otro ejemplo es el caso de tres dirigentes sindicales y cinco trabajadores de Transportes Camila, contratista de Sidor, que hicieron una huelga porque se incumplía el contrato colectivo. «Este caso es emblemático porque tienen siete años de régimen de presentación y no hay sentencia», acotó.
La data de las 2.500 personas con régimen de presentación fue recabada en conjunto entre las ONG Provea, Espacio Público, Vicaría de Caracas y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre otras.
El coordinador de investigación de Provea recordó que desde 2004 se inició un cambio en las leyes con el propósito de frenar a la oposición para evitar una reedición del 11A de 2002. Así se reformó el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Acceso a Alimentos, y luego se hicieron varias reformas del COPP. Pero la más peligrosa de todas es la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo debido a su ambigüedad.
Subrayó que las ONG advirtieron que la ley antiterrorismo, que pretendía anular a la oposición, rápidamente iba a ser aplicada contra cualquier ciudadano que reclamase sus derechos. Por ejemplo, cerrar una calle es terrorismo, hacer un grafiti en una institución pública es terrorismo e irrespetar a un funcionario también es terrorismo.
«Hay una deriva autoritaria en el gobierno de Maduro. Creo que aún está a tiempo de revisar medidas como tener al Ejército en las calles, porque podría convertirse en una potencial violación de los derechos humanos. Debe investigar y sancionar a los autores materiales de las torturas. No perdemos la esperanza como ONG de que la represión no sea una constante en esta gestión», sentenció Uzcátegui.
La criminalización de la protesta. Mikel Las Heras y Marco Antonio Ponce, coordinadores del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, explicaron que las protestas de este año han estado marcadas por las tensiones políticas, la retaliación y la sospecha de la disidencia de los trabajadores públicos.
«El hecho político está influyendo en la represión. Es un elemento nuevo. En el mundo laboral hay acoso y la discriminación contra los trabajadores ‘sospechosos’ de haber votado por Henrique Capriles Radonski», explicó Las Heras.
La dureza con la que fueron disuadidas las protestas estudiantiles en Barquisimeto y Valencia es para el observatorio un termómetro de que al Gobierno no le tiembla el pulso para castigar a la ciudadanía y aplicar medidas ejemplarizantes.
Las Heras recalcó que la decisión de la oposición de evitar que la gente protestara en las calles desactivó cualquier enfrentamiento entre adeptos del oficialismo y seguidores de Capriles.
Para Ponce, Maduro empezó su gobierno con el pie izquierdo, imponiendo el terror y el miedo entre la ciudadanía. «Quien salga a protestar va a ser reducido. En los próximos meses veremos a los profesores, campesinos, trabajadores y ciudadanos comunes calificados de terroristas, para que no exijan sus derechos», dijo, al tiempo que recordó que hay 400 contratos colectivos sin firmar: «La conflictividad aumentará y la respuesta del Estado va a ser la represión».
Tanto Provea como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social coinciden en que la política del Gobierno es criminalizar cada vez más cualquier expresión de descontento.
Ley contra el terrorismo fue sugerida por el FMI
Rafael Uzcátegui, miembro de Provea, recordó que la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, fue sugerida por el Fondo Monetario Internacional.
«Es paradójico que un gobierno revolucionario y antiimperialista siga las directrices del FMI. Es una consecuencia de las recomendaciones de los organismos multilaterales que, en el discurso, el Ejecutivo nacional tanto cuestiona», dijo.
Explicó que tras los ataques a las torres gemelas en Nueva York en 2011, el FMI intensificó sus actividades para evitar las actividades económicas que financiaran el terrorismo. Las iniciativas del FMI fueron coordinadas con otras instancias, como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). Luego el Fondo elaboró un manual para redactar este tipo de normativas.
Provea recuerda que el ex ministro de Relaciones Interiores y Justicia Néstor Reverol celebró en febrero de 2013 que el GAFI haya reconocido los esfuerzos del gobierno bolivariano en la materia. «Esto quiere decir que producto de nuestros avances, desarrollados a través de un compromiso político de nuestro Gobierno, acabamos de salir de la denominada lista gris», dijo.
Para esta ONG, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo contiene definiciones ambiguas y discrecionales de lo que es terrorismo y acto terrorista. Tras la orden de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, comienza a ser aplicada contra manifestantes que reivindican sus derechos sociales y políticos. «El caso emblemático, por lo absurdo, lo constituye Yendrick Sánchez, el joven exhibicionista mediático que por interrumpir el acto de proclamación del presidente Maduro ha sido trasladado a la cárcel de Coro y acusado de delitos tipificados en la ley antiterrorista; enfrenta una pena de entre 1 y 6 años de prisión», dijeron.
El Dato
Yendrick Sánchez, quien interrumpió el discurso del presidente Nicolás Maduro durante su juramentación ante la Asamblea Nacional el 19 de abril, tiene 16 días incomunicado, sin poder hablar con sus familiares y sus abogados. Enfrenta una posible condena de entre 1 y 6 años de prisión, según la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Las cifras
76 ciudadanos fueron torturados por manifestar contra los resultados de las presidenciales anunciadas por el CNE, según constató Provea.
42 casos de personas sometidas a tratos crueles y degradantes se registraron en 2012, de acuerdo con el último informe de Provea.
2.500 ciudadanos tienen procesos penales abiertos con régimen de presentación. 80% de éstos son partidarios del oficialismo que reivindican derechos sociales.
18 jóvenes han sido imputados de delitos establecidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. (Celina Carquez, El Nacional, 13.05.13)
