Fue un error desde el principio.
El problema no fue sólo que los funcionarios de la Guardia Nacional confundieran el carro donde viajaba una familia cualquiera con el de un prófugo carcelario.
El asunto está en que, así se tratara del delincuente en cuestión, debieron dar la voz de alto.
Aun cumpliendo con el aviso, no debieron disparar más de 50 veces contra el automóvil.
No debieron disparar a matar, como lo evidencian las averiguaciones preliminares del hecho registrado el pasado 4 de julio en el municipio Colina, estado Falcón, donde murieron una mujer y su hija de 12 años.
Pero el gran error ocurrió mucho antes, insisten organizaciones de derechos humanos como Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
La falta capital fue encargar a esos funcionarios militares de un incidente propio de policías.
Aseveran que el problema está en que sean los cuerpos castrenses los que respondan por la seguridad ciudadana.
El artículo 332 de la Constitución establece que los “órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos”.
El hecho es que desde 1999, cuando el entonces ministro Luis Miquilena anunció el primar plan de seguridad del presidente Hugo Chávez, casi todos los 19 programas sucesivos han incluido a militares en su accionar.
Incluso el “Madrugonazo contra el hampa” (2010-2011), que estaba dirigido por el Cicpc, contó con respaldo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El nuevo Plan Patria Segura ha desplegado desde mayo a más de 30 mil efectivos, no sólo de la GNB sino también del Ejército y la Armada, de acuerdo con lo informado por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.
Lógicas contrarias
Marino Alvarado, coordinador de Provea, afirma que el caso de Falcón es una advertencia de que las cosas pudieran complicarse más adelante.
La explicación de Alvarado es sencilla: “Los funcionarios policiales y las fuerzas militares trabajan con una lógica contraria. Mientras los primeros tienen como tarea clave la prevención, los segundos fueron formados para la guerra”.
Dice que es inadecuado, peligroso e inconstitucional el despliegue de tropas castrenses para atender los problemas de inseguridad.
El Plan Patria Segura, expone Alvarado, viene a consolidar como política de Estado la militarización de la seguridad ciudadana. “Al reforzar la presencia de los militares en la calle, aumentan las probabilidades de que se cometan más abusos”.
La GNB, el componente militar más usado en labores de protección ciudadana, tiene un grueso historial de arbitrariedades.
En un registro sobre casos de tortura y maltrato atendidos por la Red de apoyo entre 2003 y 2013, la GNB aparece como el segundo organismo de seguridad con más denuncias. Sólo es superada por el Cicpc.
Las cifras oficiales tampoco dejan bien parado al cuerpo castrense. La última memoria y cuenta de la Defensoría del Pueblo señala que recibió 354 denuncias sólo en 2012 en contra de estos funcionarios por violaciones a los derechos humanos. El Ejército también aparece en la lista con 64 casos denunciados.
En contingencia
Alfredo Ruiz, representante de la Red de Apoyo, reconoce que en momentos críticos se admiten medidas extraordinarias. Y crítico es que la tasa de homicidios del país se ubicara el año pasado en 54 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Interior y Justicia.
Advierte también que para permitir el patrullaje de militares en labores cotidianas de seguridad se debe cumplir con al menos cuatro condiciones: 1. Que los funcionarios que vayan a prestar dicho servicio reciban una formación integral en materia de derechos humanos y uso progresivo de la fuerza; 2. Que no se permita el porte de armas largas y municiones de largo alcance; 3. Que siempre estén subordinados al trabajo de los funcionarios civiles; y 4. Que su despliegue sea temporal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Idh) asegura que, aun en situaciones extremas, la actuación de los militares debe ser mínima.
“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos”, sentenció en julio de 2006 el tribunal internacional, en respuesta al caso de 37 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el desaparecido retén de Catia en 1992.
En el fallo la corte argumenta que el entrenamiento de los cuerpos militares “está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
En el informe “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, presentado en agosto del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) considera que, en un país democrático, “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.
Destaca que la historia en toda la región evidencia el riesgo que representa una intervención castrense de este tipo para toda la población.
La promesa
El Gobierno prometió que el despliegue especial de la Fuerza Armada será sólo por seis meses.
El ministro Rodríguez Torres aseguró, en mayo pasado, que lo que se busca es dar tiempo para que las nuevas promociones de la Policía Nacional Bolivariana terminen de graduarse y puedan incorporarse a las labores de seguridad. Para cuando esto suceda, el repliegue será paulatino.
Alvarado (Provea) espera que se cumpla lo ofrecido.
“Hasta el momento, ningún plan de seguridad que haya tenido como fundamento la actuación militar ha tenido éxito. El gobierno de Nicolás Maduro debe apostarle a soluciones integrales y no contingentes”.
Pide tener mucho cuidado para evitar que se repitan casos como el de la familia asesinada en Falcón. Al final, dice, éste es un riesgo que el Ejecutivo asumió con plena conciencia: “El riesgo de que, en busca de una solución, estén creando un problema mayor”.
Los resultados por comprobar
El Gobierno nacional ya ha soltado varias cifras sobre el impacto del Plan Patria Segura en todo el país. Eso sí: todas han sido publicadas en porcentajes, nunca con los detalles absolutos sobre la variación de los índices delictivos.
El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, aseveró en junio pasado que algunas semanas de mayo (primer mes de aplicación del plan) lograron reducir en cerca de 60% los homicidios en el país, en comparación con la misma fecha de 2012.
El pasado 8 de julio, durante el último reporte ofrecido, Rodríguez Torres aseguró que registraban una disminución de 30% en los índices delictivos en el país: “Sobre todo en los delitos más fuertes que afectan más a la ciudadanía”. No dio más detalles.
En el municipio Libertador de Caracas, una de las localidades más violentas del país, los asesinatos han caído en 39%, de acuerdo con lo informado por el alcalde Jorge Rodríguez el pasado 9 de julio.
Marino Alvarado, Coordinador de Provea, es desconfiado. Le cuesta creer en quienes no publican detalles sobre la violencia en el país desde 2005.
“Ojalá estén diciendo la verdad. El monitoreo que nosotros realizamos en los medios de comunicación nos dice que la situación es tan crítica como siempre. Esperemos que publiquen los detalles de la información que han dado a conocer”.
La cifra de homicidios registra un incremento sostenido desde 2005.
Para ese año, en todo el país se contabilizaron 9 mil 964 víctimas. De acuerdo con el balance ofrecido por el Ministerio de Interior y Justicia en marzo pasado, el saldo de 2012 fue de al menos 15 mil 600 víctimas.
Si los números del Plan Patria Segura se confirman, se habría logrado lo que no alcanzaron al menos 12 planes de seguridad anteriores en los últimos ocho años. (Juan Carlos Figueroa, El Tiempo, 17.07.13)
