«La esperanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al delito». Esta frase del filósofo alemán Pierre Villaume explica, a criterio del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), por qué a 25 años del Caracazo los venezolanos han vuelto en los últimos días ver imágenes de grupos de policías apaleando a jóvenes o de guardias nacionales disparando a diestra y siniestra hacia apartamentos; o las denuncias de que militares han disparado perdigones a quemarropa produciendo víctimas mortales.
«El Estado no aprendió la lección del Caracazo y no tiene voluntad para evitar que estos hechos se repitan», denunció Liliana Ortega la directora de la organización que agrupa a parte de quienes perdieron a sus seres queridos o resultaron heridos hace justo un cuarto de siglo en medio de la represión desatada por el Gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez para poner fin a los disturbios que provocó su plan de ajuste macroeconómico.
Para la activista el hecho de que hasta ahora ningún tribunal nacional haya condenado a alguien por los sucesos de 1989 y que los planes de orden público no se hayan modificado, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2004, abrió las puertas a los abusos y excesos ocurridos en las últimas tres semanas.
«Hemos tenido una reedición de la represión con excepción de la participación del Ejército (…) Sin embargo, en el caso de policías y de la Guardia Nacional hemos visto una reedición de la represión y con algunos casos con patrones similares a los del Caracazo como son los disparos (de perdigones) a corta distancia para causar daño y no para neutralizar», se lamentó.
Tras recordar que «el respeto a los Derechos Humanos diferencia a una democracia de una dictadura», la Directora de Cofavic recordó que «el control del orden público debe estar plenamente identificado con los Derechos Humanos, controlar el orden público no se puede hacer sacrificando los Derechos Humanos».
Semejanzas y diferencias
A Ortega no sólo le preocupó que la actuación de algunos policías y militares a la hora de reestablecer el orden público sea similar a la que tuvieron hace un cuarto de siglo, sino también el parecido del discurso de los gobernantes de aquella época y los actuales pese a sus diferencias ideológicas.
«En 89 las víctimas eran saqueadores, facinerosos, delincuentes y alteradores del orden público; y ahora son fascistas y golpistas que nos quieren acabar con los carnavales», afirmó la activista.
Asimismo expresó su alarma por la aparición de dos situaciones que no ocurrieron hace 25 años y que son igualmente preocupantes para el disfrute de los Derechos Humanos: La criminalización de la protesta y la actuación de grupos civiles armados para reprimir las manifestaciones con la anuencia de las autoridades.
«Durante el Caracazo la mayoría de los detenidos por esos hechos fueron puestos en libertad plena, pero hoy en día la mayoría de las personas detenidas tienen medidas restrictivas de su libertad (prohibición de declarar o protestar) y los cargos que se le imputan son muy importantes como asociación para delinquir u obstrucción de vías», aseveró y agregó: «En Caracas y otras ciudades han actuado grupos paramilitares armados que parecieran actuar con la tolerancia del Estado».
No juegue con fuego
Como una «ligereza» calificó Ortega a quienes tanto desde el bando oficialista como desde el opositor amenazan con la repetición de otro 27F, como fórmula para superar la actual crisis; y advirtió que de ocurrir algo semejante el balance sería mucho peor.
«Durante el Caracazo la población civil estaba mayoritariamente desarmada. Eso no es la situación hoy en día y si ocurriese algo parecido tendríamos situaciones más graves por la cantidad de armas que están en manos de civiles. Nadie en su sano juicio podría desear que una situación como la del Caracazo se repita, pues todavía estamos pagando sus consecuencias en materia de violencia e impunidad», zanjó.
A 25 años de estos sucesos todavía se desconoce a ciencia cierta la cantidad de fallecidos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el año 2000 remitió al Ministerio Público 437 expedientes relacionados con estos hechos. Sin embargo, hay quienes aseguran que el número de víctimas es de varios miles.
La opinión de Ortega es compartida por algunos de los afectados por estos hechos, con los que tiene 25 años luchando para que se haga justicia.
«La gente que habla del Caracazo como si eso hubiera sido una fiesta o un momento memorable no sabe de lo que está hablando. No sé lo que es tener que dormir en el piso para evitar que las balas de los fusiles del Ejército te maten. No sabe lo que es ver a tu esposo caer porque le dieron tiro dentro de tu casa mientras cargaba a tu bebé de tres meses», se lamentó Iris Medina, esposa de Wolfang Quintana.
En similares términos se pronunció Aura Liscano, cuyo hermano fue desaparecido en la Cota 905, quien agregó: «El Estado no ha aprendido la lección, si hubiera cumplido la sentencia de la Corte Interamericana capaz hoy no veríamos tantos abusos. En cambio el pueblo sí aprendió y por eso a pesar de todos los problemas, de la escasez no creo que vuelva a ocurrir otro Caracazo, porque la gente del pueblo no quiere volver a vivir eso». (Juan Francisco Alonso, El Universal, 27.02.14)
