Miembros de colectivos armados junto a militares reprimiendo a los manifestantes. Ataques contra vehículos particulares y edificios residenciales. Denuncias de torturas. Asesinados con tiros en la cabeza.
Las mismas imágenes que se repiten en distintas ciudades del país, en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«No recuerdo un cuadro de acompañamiento tan sistemático entre grupos paramilitares en combinación con efectivos de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad del Estado», señala Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
La presunta cooperación entre agentes del Estado y bandas de civiles armados al momento de responder a los manifestantes, hacen que San Miguel destaque la existencia de «un mando que está coordinando estas actuaciones, pues no es casualidad que se observen esos patrones en tantos sitios geográficos distintos».
La portavoz de Control Ciudadano apunta que «hemos recibido de manera anónima información sobre la posibilidad del uso de mercenarios» en los operativos del Gobierno para frenar las protestas.
San Miguel también advierte que el Ejecutivo podría estar creando «falsos positivos» para justificar la represión. ¿Y qué es un falso positivo? «Es la simulación de un hecho punible perpetrado por infiltrados para atribuírselo a la oposición.
Llama la atención la capacidad del Gobierno para filmar los ilícitos y mostrarlos como ataques fascistas, en lugar de intervenir con la FAN para evitar que esto ocurra», responde.
La representante de Control Ciudadano apuesta por la creación de una comisión internacional independiente que investigue los hechos, donde, a su juicio, ciertos grupos han copiado el modelo de «los escuadrones de la muerte que operaron en El Salvador».
Vieja deuda
Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, subraya que en el país «hay una falencia sistemática en el ámbito de los derechos humanos con relación al control del orden público».
Ortega recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias por los casos del «Caracazo», el retén de Catia y las desapariciones forzadas en el estado Vargas en 1999 dejó en evidencia «la falta de procedimientos adecuados a los DDHH para controlar el orden público».
La experta legal precisa que la Constitución bolivariana estipula que las medidas de seguridad ciudadana deben ser desarrolladas por policías de carácter civil y no por militares.
Ortega coincide en que parece existir «una especie de patrón» que se caracterizaría por «la presencia de grupos de civiles armados que podrían contar con la tolerancia del Estado». De comprobarse esta hipótesis, «estaríamos frente a gravísimas violaciones de los DDHH», acota.
La vocera de Cofavic considera que los disparos indiscriminados contra residencias familiares, y los disparos de perdigones o de gases tóxicos a corta distancia contra manifestantes «pueden configurar el delito de tortura, visto el daño que ocasionan a las víctimas».
Otro elemento sobre el que llama la atención Ortega es la «criminalización de la protesta a través de la judicialización». «Muchos de los detenidos salen en libertad restringida, con cargos y amenazas de juicio que trastocan sus proyectos de vida por el hecho de protestar», apunta.
La fundadora de Cofavic enfatiza que «en todo el mundo ocurren manifestaciones y los Estados democráticos deben controlar el orden público sin sacrificar los DDHH, garantizando la vida, la integridad personal, el debido proceso y la libertad de expresión». (Pedro Pablo Peñaloza, El Universal, 23.02.14)
