torturaCasi tres meses antes de que se venciera el lapso fijado por la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, fue constituida y juramentada la Comisión Nacional creada por ese instrumento para precisamente diseñar tomar medidas que permitan erradicar esta gravísima violación a los Derechos Humanos en el país.

La información la dio la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien presidirá la instancia y quien en conversación telefónica con este diario anunció: «Vamos a hacer un plan nacional contra la tortura y vamos a realizar una campaña pedagógica en los consejos comunales, pues tenemos que dejarle bien claro a la ciudadanía que la policía puede usar la fuerza para combatir el crimen, pero que no puede infligir malos tratos a ninguna persona, por más grave que sea el delito que se sospeche que cometió».

La Ley faculta a la Comisión a realizar inspecciones a cualquier recinto policial donde haya personas arrestadas y prisiones para verificar que en ellos no se torture

La Ley castiga con hasta 25 años de cárcel e igual tiempo de inhabilitación al funcionario civil y militar que torture.

Consultada sobre la gravedad de la situación en el país, la funcionaria indicó que «lo hemos ido controlando gracias al nuevo modelo policial y la Universidad de la Seguridad, pero todavía falta por hacer y como Venezuela ha suscrito tratados en la materia, pues lo que estamos haciendo es cumpliendo esos compromisos y generando los mecanismos internos para erradicar la tortura».

Ramírez anunció que la Comisión pondrá especial atención en los centros de detención preventivos y en las cárceles, pues «los privados de libertad son los más vulnerables y susceptibles de sufrir abusos por parte de sus custodios».

La Ley faculta a la Comisión a realizar inspecciones a cualquier recinto policial donde haya personas arrestadas y prisiones para verificar que en ellos no se torture; y en caso de hallar elementos que hagan sospechar que esta práctica se realiza los responsables de los centros pueden pasar hasta cinco años en la cárcel y además deberán cancelar una multa de hasta 500 unidades tributarias.

Por último, anunció que la primera actividad que se realizarán será con las víctimas de la tortura, con quienes se reunirán para conocer sus experiencias. (Juan Alonso, El Universal, 01.09.13)

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