Venezuela debería impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales para esclarecer la muerte de 35 internos en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como cárcel de Uribana), en el estado de Lara, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno debería reformar su sistema penitenciario para mejorar las condiciones carcelarias y abordar la violencia dentro de las prisiones.
El 24 de noviembre de 2014, internos de la cárcel de Uribana iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones penitenciarias y el maltrato de los reclusos y sus familiares, entre otros temas. Un grupo de internos supuestamente habría tomado el control del puesto de salud del establecimiento durante la protesta y, según fuentes oficiales, 35 reclusos murieron y 145 se enfermaron tras ingerir alcohol y medicamentos que sustrajeron de la farmacia de la cárcel.
Veinte de estas personas se encuentran en coma, según autoridades. No obstante, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental, familiares sostienen que muchos internos fueron presuntamente envenenados con agua y alimentos que les suministraron guardias penitenciarios durante la protesta.
“Miles de internos han muerto en las prisiones venezolanas en los últimos años, incluyendo decenas de ellos en la cárcel de Uribana desde 2013”, declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “¿Cuántos más deberán morir para que el gobierno de Venezuela aborde de manera efectiva la crisis de su sistema penitenciario?”
En 2011, el entonces Presidente Hugo Chávez creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario con el fin de mejorar el sistema penitenciario, con el cual, dijo, el gobierno tenía “una deuda muy grande”.
En enero de 2013, según versiones oficiales, al menos 56 internos y un miembro de la Guardia Nacional murieron durante un enfrentamiento entre integrantes de la Guardia Nacional y presos de la cárcel de Uribana.
Producto de ese incidente, 46 internos fueron hospitalizados con lesiones graves. En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a Venezuela que adoptara medidas provisionales para “evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Cárcel de Uribana, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro penitenciario, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes”. La medida de la Corte continúa vigente.
En noviembre de 2014, luego de examinar el cumplimiento por parte de Venezuela de la Convención contra la Tortura, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestó su preocupación por la discrepancia entre estadísticas oficiales y extraoficiales relativas al hacinamiento carcelario.
El Comité expresó su preocupación por hechos de violencia y condiciones deficientes, incluidos el acceso inadecuado a atención médica, agua, alimentos y ventilación.
El Comité contra la Tortura ha manifestado “su alarma ante informes que describen el alto grado de violencia en los centros penitenciarios, registrándose 4.791 muertes y 9.931 heridos [en cárceles de Venezuela] desde enero de 2004”, incluidas 140 muertes ocurridas en 2014. Al menos 1.400 personas han muerto en cárceles desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La impunidad de las violaciones de los derechos humanos de los presos es la regla en Venezuela, sostuvo Human Rights Watch. En noviembre, las autoridades aún investigaban el “elevado número” de enfrentamientos violentos registrados en cárceles venezolanas en los últimos años, según el Comité contra la Tortura.
El 27 de noviembre, el Ministerio Público creó un “equipo multidisciplinario” para investigar la “situación irregular” en la cárcel de Uribana, y asignó tres fiscales al caso. El director del centro penitenciario habría sido detenido en el curso de la investigación.
“Además de investigar en forma exhaustiva este caso, el gobierno de Venezuela debería aceptar la solicitud pendiente del Relator Especial contra la tortura de la ONU para visitar el país y debería permitirle que tenga acceso pleno para llevar a cabo una investigación independiente sobre las condiciones en los centros penitenciarios del país”, señaló Vivanco. (Prensa Human Rigths Watch, 01.12.2014)
