De 567 casos recibidos y estudiados por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en los últimos años, solo algunos han logrado activar el sistema de administración de justicia venezolano y obtener de éste un pronunciamiento.
En este sentido, es importante destacar que el Ministerio Público se pronunció en 53 oportunidades mediante diferentes actos conclusivos, entre estos 36 acusaciones, que representan el 68% de los actos conclusivos obtenidos, 10 archivos fiscales y 7 sobreseimientos, lo que equivale a 19 y 17% del total de actos conclusivos.
En cuanto a pronunciamientos de los tribunales, podemos decir que en 10 años se han logrado treinta y seis (36) aperturas de juicio, consiguiéndose dieciséis (16) sentencias definitivamente firmes, de las cuales siete (7) han sido condenatorias y nueve (9) absolutorias.
Se conoció que por vía administrativa se logró una sanción disciplinaria, pero por esa misma vía no se ha logrado ningún tipo de reparación por daños o lo que es lo mismo una indemnización.
Estas cifras que nos hablan que en la mayoría de los casos asumidos por la Red de Apoyo no ha sido posible el logro de justicia, y son además un indicador de la altísima cifra de impunidad en Venezuela. Razón por la cual La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz junto con el Frente Clasista Argimiro Gabaldón y la Asociación de Defensores de Derechos Humanos Dilia Antonia Rojas realizan una campaña durante dos semanas y media que finaliza hoy para promover la reforma del sistema de administración de justicia venezolano, desde la perspectiva de las víctimas.
Como principales logros de esta campaña comunicacional “Más Justicia Menos Impunidad” destacan el posicionamiento del tema en medios de comunicación social y redes sociales, la concienciación de la población hacia este problema que es de todos y todas y la solitud entregada al presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, el Diputado Elvis Amoroso para que lidere un movimiento para la efectiva REFORMA JUDICIAL.
Especialmente solicitamos que se dé urgencia parlamentaria a la reforma del Código Penal, incluyendo un capítulo sobre los delitos contra los derechos humanos y de “Lesa Humanidad”, se Reforme el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) restituyendo los derechos de las víctimas a ser representadas sin costo alguno por abogadas, abogadas u organizaciones de atención a la víctima de su confianza y de obtener una pronta reparación a los daños vividos.
Asimismo, que se constituya por Ley un Fondo Nacional para atender las necesidades urgentes de las víctimas, su rehabilitación e indemnización. Se sancione pública y ejemplarmente a los jueces y fiscales que permitan retardos procesales o conculquen los derechos de las víctimas o los imputados, así como a quienes impidan u obstaculicen la presencia de los imputados en las audiencias.
Se implemente efectivamente los mecanismos idóneos de “Justicia de Paz” y conciliación en las comunidades, de acuerdo al artículo 258 de la Constitución. Se garantice el derecho de todas las personas privadas de libertad a recibir protección y acceso al trabajo, la educación, el deporte y la salud.
Se dé absoluta prioridad, de forma expedita, a los juicios pendientes por torturas, asesinatos y masacres ocurridas entre 1958 y 1998. El Estado venezolano, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial están en deuda con la República, sus ciudadanos y ciudadanas.
Lograr que se implemente el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra el acceso a la justicia como un Derecho Humano Fundamental, absolutamente necesario para disminuir los altos índices de inseguridad, impunidad y retardo procesal, especialmente para las personas de más bajos recursos.
Finalmente se espera que más nunca se repitan historias como ésta:
Jorge Leonardo García Fernández y Néstor José García Fernández: 4 años de impunidad
Los hermanos García fueron ajusticiados el 01 de septiembre de 2009 presuntamente por funcionarios de la Policía del estado Portuguesa en la ciudad de Acarigua. Su padre José García aún espera que la investigación sea concluida por el Ministerio Público y se acuse a los responsables de la muerte de sus hijos y así poder llevarlos a juicio.
Por último podemos afirmar que para que el proceso judicial venezolano mejore su efectividad debe reunir las siguientes características:
Rapidez, ya que la demora injustificada puede causar la impresión de que no se va hacer nada, desmoralizando así a las víctimas y creando un clima de impunidad, más grave aún cuando con el transcurrir del tiempo se pueden perder evidencias importantes para el esclarecimiento de los hechos.
Imparcialidad, para lo cual se requiere que las decisiones sobre un caso y demás actuaciones judiciales se produzcan como resultado de la convicción personal del funcionario o funcionaria judicial, lo que supone un control pleno del proceso y una decisión debidamente fundamentada. Esta imparcialidad se debe extender a la actuación del Ministerio Público y los demás operadores de justicia.
Respeto a la persona, de tal manera que se garantice la dignidad humana y sus derechos.
Eficacia, ya que si el tribunal no reúne pruebas o no condena al acusado a pesar de la existencia de pruebas convincentes y deja desamparada a la víctima, el proceso judicial será considerado ineficaz. La lucha es por Más Justicia y Menos Impunidad.
Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los Derechos Humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter. y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de Derechos Humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y general procesos de educación en Derechos Humanos.
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