Las organizaciones que conforman la UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL Y GREMIAL se dirigen a la nación para fijar posición con respecto a la actual crisis económica y política que vive el país y que pretende ser resuelta con más represión contra quienes ejercen el derecho democrático a la protesta frente a un modelo económico que hace descansar la crisis sobre los hombros del pueblo y los trabajadores.
Estamos ante un ajuste económico de proporciones similares a los vividos en otros tiempos que intenta ser resuelto con más devaluaciones de nuestra moneda, tarifazos a los servicios públicos y liberación de precios incluyendo el de la gasolina; lo cual ha conducido a una espiral inflacionaria que deprecia el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores y, conjuntamente con el desabastecimiento de bienes y productos de primera necesidad, empeora nuestras condiciones de vida.
Además ha significado el desconocimiento del derecho a la contratación colectiva y la organización sindical, mientras se nos criminaliza por exigir nuestros derechos y reivindicaciones con la persecución, acoso, sometimiento a juicio o más directamente con la cárcel. La normativa laboral vigente contradice principios de derecho internacional ratificados por el Estado venezolano, quien pretende imponernos el orden de los cuarteles, suprimiendo el derecho a huelga.
Desde la UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL Y GREMIAL hemos reivindicado que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos humanos fundamentales, consustanciales a la democracia, para cuyo ejercicio es indispensable la existencia y promoción de pluralidad de medios que puedan reflejar tanto los hechos noticiosos como las diversas opiniones de los ciudadanos y sus organizaciones sobre.
Deploramos que dichos medios se hayan reducido y que los existentes no garanticen el equilibrio informativo; así como, la amenaza de cierre que pesa sobre los medios impresos por falta de papel y de otros insumos básicos para sus operaciones.
Exigimos al gobierno que garantice la protección debida a los trabajadores de la prensa para que puedan cumplir con su labor de procesar e informar sobre cualquier acontecimiento que afecte la vida nacional, pues la falta de información estimula los conflictos y no contribuye para nada a un clima de paz.
Los trabajadores organizados, asumiendo nuestra independencia y autonomía de clase, promoveremos salidas a la crisis enfrentando las políticas que, desde el gobierno, promueven la corrupción y un ajustazo, en abierta complicidad con sectores de la clase social empresarial beneficiaria del festín puesto en sus manos por las instituciones del Estado.
El desarrollo económico social de una nación requiere de la cohesión de los ciudadanos en torno a un proyecto de país que nos exprese a todos. Proyecto que, en nuestra opinión, se encuentra contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, al margen de cualquier otra consideración, es necesario reconocer que la sociedad venezolana se encuentra dividida.
Rechazamos la maniobra gubernamental de promover una conferencia de paz que comienza por desconocer a los legítimos representantes de los trabajadores. No creemos en LA PAZ DE LOS SEPULCROS que es, a final de cuenta, lo que se está proponiendo desde las instancias gubernamentales con el beneplácito de sectores empresariales que promueven el ajustazo.
La paz se construye:
– Mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores.
– Respetando el derecho a la contratación colectiva, el derecho a huelga y la libertad sindical.
– Garantizando empleo productivo y amparado por normas de derecho colectivo, sin tercerización.
– Poniendo cese a la criminalización de la protesta obrera y social.
– Impidiendo el desangre de nuestras reservas internacionales por parte del gobierno y de sectores empresariales que promueven la fuga de divisas.
– Fortaleciendo el aparato productivo nacional.
– Con separación real de poderes e instituciones autónomas e imparciales
Los ciudadanos reclaman hoy la inmediata atención de los más graves problemas existentes, pues estos nos afectan a todos y, de manera particular, a los sectores menos favorecidos y a la clase trabajadora.
La inseguridad ciudadana, el desabastecimiento, la inflación y la carencia de empleos dignos y bien remunerados son factores que propician una conflictividad social que debe ser atendida de manera oportuna y eficaz con la finalidad de evitar una confrontación innecesaria y de impredecibles consecuencias.
El movimiento sindical y gremial ha levantado, reiteradamente, las banderas del diálogo social como la vía más adecuada para la solución de conflictos, pero no hemos recibido del gobierno, respuesta adecuada y oportuna. Muy por el contrario, en respuesta a nuestros reclamos, se nos persigue y somete a juicio, criminalizando el derecho constitucional a la protesta.
En virtud de la denegación de justicia, retardo procesal, impunidad patronal pública y privada y la parcialización e inoperancia de los órganos internos, hemos tenido que recurrir a la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
Ante ella presentamos las quejas correspondientes, con apego a la Constitución, para garantizar el libre ejercicio de los derechos sindicales, el libre funcionamiento de las organizaciones y el más absoluto respeto a la negociación colectiva y el derecho a huelga.
En las actuales circunstancias, que vive el país, no podemos permanecer ajenos a la lucha que viene librando la sociedad venezolana representada, entre otros, por el movimiento estudiantil, los trabajadores y movimientos sociales.
Las exigencias son las mismas que todos compartimos: seguridad ciudadana, empleo estable y bien remunerado, mejora en las condiciones de vida de la población, medidas efectivas contra la inflación y el incremento sostenido del costo de la vida; educación de calidad, seguridad social y servicios de salud con la dotación necesaria para atender a la población, entre otros.
Frente a estos justos reclamos, la respuesta gubernamental ha sido el uso abusivo y desproporcionado de la violencia para acallar sus demandas, como lo han hecho con los trabajadores.
Deteniendo estudiantes, sometiéndolos a maltrato físico y psicológico y criminalizando la protesta. Hoy tenemos un balance de 18 muertos, más de 1000 detenidos, 55 periodistas lesionados, centenas de heridos, numerosos estudiantes encausados bajo régimen de presentación, todo acaecido durante las jornadas de febrero e inicio de marzo, en franca violación de lo establecido en nuestra Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Exigimos respeto a la Constitución e invitamos a la ciudadanía a encauzar sus reclamos dentro de la protesta pacífica. Exigimos el desarme de los colectivos paramilitares que siembran el terror entre la población y cuya actuación en los últimos días debe ser investigada de manera objetiva e imparcial.
Exigimos una amnistía general para todos los ciudadanos detenidos o procesados por defender sus derechos y ejercer el legítimo derecho a la protesta.
Rechazamos la violencia venga de donde venga y, particularmente, aquella que es fomentada mediante un lenguaje que descalifica y desconoce a una parte de la población y se ejerce, principalmente, por actores políticos y funcionarios públicos.
Como movimiento sindical y gremial, autónomo e independiente repartido por toda la nación demandamos al gobierno nacional, a las autoridades regionales, a las fuerzas públicas y a los poderes públicos respeto a nuestros estudiantes, a todos los que nos movilizamos, a nuestra integridad, a nuestros derechos y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos ampara y nos protege.
Los derechos y garantías constitucionales no se negocian, se defienden.
Cese al terrorismo de estado
No a la tortura
