Violentando flagrantemente los procedimientos, legales y sus derechos, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Interior y Justicia y los funcionarios del CICPC trasladaron a Sabino Romero Izarra a la 1era División de Infantería del Ejército, luego de retenerlo durante 5 días en el Hospital Militar de Maracaibo, sometido a cohacción, incomunicado y privado del derecho a la defensa por casi la mitad de ese período.
Su abogado nunca pudo ver un orden por escrito para ejecutar el procedimiento viciado de ilegalidad desde su secuestro del Hospital Che Guevara de Maracaibo, ejecutado por funcionarios de la Guardia Nacional.
El Ministerio Público informó a su defensa que mañana dará inicio al juicio con la imposición de cargos en los tribunales penales de control ubicados en la población Villa del Rosario de Perijá
En horas de la mañana del día de hoy 20 de octubre, el director del Hospital Militar de Maracaibo Coronel Nicolás Camacho informó a su Defensa la dada de alta médica, la misma verificó de inmediato que no había ninguna imputación contra el en Fiscalía por el caso de los asesinatos sucedidos en el Yaza.
El movimiento social ecologista y el abogado defensor Ricardo Colmenares permanecieron durante todo el día esperando la orden de alta de rigor, Funcionarios del Ministerio de Cultura, con autorización del Ministro de Cultura, Hector Soto, ofrecieron un vehículo y un local del Ministerio donde podría alojarse el dirigente indígena mientras permaneciera en Maracaibo por razones médicas y legales.
Con la llegada de una comisión del CICPC con órdenes ministeriales, no sujetas como comprobamos a instrucción alguna del Ministerio Público, las autoridades informaron que sólo lo entregarían ante una autoridad gubernamental y que podía ser la Ministra para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado o la Vice Ministra de origen yukpa María Teresa Jaspe. Entendimos esto como el claro propósito de crear una vitrina mediática para ignorar a los actores en lucha y en un intento de relevarse de la rectificación de los terribles errores y desatinos de la burocracia del Ejecutivo en el caso del Yaza y en el proceso de demarcación de tierras yukpa.
Ante el reclamo de los presentes el jefe del Hospital y los funcionarios del CICPC le indican al abogado defensor que es por su seguridad puesto que sobre él pesaban “amenazas de muerte”.
Alrededor de las 6:00 de la tarde el abogado defensor del cacique Sabino Romero Izarra, Ricardo Colmenares, declaró en el Hospital Militar de Maracaibo, acerca de la detención irregular de Sabino Romero Izarra por parte del CICPC, organismo policial del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, violándose el debido proceso (el art. 49 de la CRBV) y en consecuencia el derecho de libertad de Sabino. Tanto el Código Procesal Penal (COPP) como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen que nadie puede ser detenido sino es sorprendido “in fraganti”. En caso de una detención que no sea por causa de flagrancia se debe presentar una orden de detención librada por un juez competente.
Colmenares explicó que Sabino estaba siendo detenido e inculpado por homicidio sin ningún tipo de prueba, y sin el debido proceso y documento que posibilita el auto de detención.
A las 8.30 p.m luego de retirarnos del sitio para concentrarnos al día siguiente, llega una comisión del CICPC para detenerlo. Incomunican a Lucía su esposa en una habitación del hospital, e inician el procedimiento. De inmediato se hace presente el abogado defensor, la defensoría y un fiscal a quienes se les informó que no tenían competencia sobre el procedimiento.
Sabino fue trasladado del Hospital Militar de Maracaibo a la I División de Infantería. Alrededor de las 10:00 pm, al salir de la guarnición militar, el abogado Colmenares reiteró que seguían violándose los derechos fundamentales de Sabino, y que establecería la nulidad del caso debido a la situación irregular del acto jurídico procesal. El abogado confirmó que no se le ha hecho entrega hasta el día de hoy de ninguna orden de detención. Aclaró que el CICPC es actualmente el único responsable de la seguridad e integridad de Sabino, y que el acto procesal estaba presentando todas las irregularidades posibles.
Denunciamos ante el mundo y ante el pueblo venezolano la actuación dolosa del CICPC al violentar desde el inicio de este suceso los procedimientos mínimos respectivos al ordenamiento jurídico venezolano y los derechos consagrados en nuestra carta magna, que se han presentado a través de la privación de libertad, el impedimento de la legítima defensa, sometimiento a interrogatorio sin presencia del abogado, hostigamiento, tortura psicológica y amedrentamiento a Sabino Romero Izarra y sus familiares.
Se presume el forjamiento de evidencias para criminalizar a Sabino y confirmar a través de este procedimiento la tesis oficial del “conflicto entre indios” de los sucesos ocurridos el pasado 13 de octubre y colocar bajo tierra y olvido el problema de la tierra y el señalamiento crítico al proceso de demarcación del territorio indígena como origen y causa principal de los sucesos ocurridos.
A la par crece la presión realizada a los intelectuales y movimientos sociales nacionales e internacionales que suscribieron los documentos: “A los pueblos del mundo…” y “Carta de intelectuales a Chávez en respaldo a las peticiones del movimiento indígena y popular en resistencia”.
Convocamos con urgencia la solidaridad movilizada de todos, abrir los ojos para entender una vez mas que el presente es lucha y que lamentablemente es nuestro propio gobierno el que renace represor y aliado de los intereses transnacionales en el territorio indígena.
No hay patria sin nosotros, luchar hasta vencer. (Sociedad Homoetnatura, 21.10.09)
