Anualmente se registran en el país 6 mil casos de víctimas de este delito
El problema es que se ha institucionalizado la impunidad y los funcionarios actúan con total descaro
Aplicación de electricidad, uso de productos tóxicos, presión psicológica y prisión arbitraria son comunes
La recién aprobada Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, fue aplaudida por la urgente necesidad de su existencia. La Red de Apoyo por la Justicia y La Paz manifestó que aun cuando tenía una mora de 13 años desde que llegara la propuesta a la Asamblea Nacional, ésta se convierte en una herramienta muy valiosa para erradicar la “nefasta práctica que fue implementada por casi todas las instituciones policiales y militares vulnerando violentamente los derechos humanos”.
Sin embargo, Luis Aguilera, coordinador general de la Comisión de Derechos Humanos Justicia y Paz del estado Aragua, sospecha que la norma será poco útil, pues no solo basta dejar en papel una nueva reglamentación de la conducta ciudadana sino que la actuación firme, pronta e imparcial de las autoridades nacionales será la que pondrá la diferencia, y ésta es justamente la debilidad del sistema de justicia venezolano.
COMO EN LA EDAD MEDIA
Al menos unos 6 mil casos de torturas ocurren en todo el territorio nacional anualmente, según explica Aguilera. Asegura que sólo en esta entidad ya se han conocido 23 en lo que ha trascurrido de 2013. Frecuentemente se presentan en las barriadas populares, y en su mayoría son los cuerpos policiales y militares los responsables, en el orden siguiente: Cicpc, policía estadal, Guardia Nacional y cuerpos municipales. En Falcón, Lara, Barinas, Amazonas y Guárico se concentran un número importante de casos. En la tierra del expresidente Hugo Chávez, por ejemplo, se contabilizaron 280 casos el año pasado. En general, los métodos más comunes aplicados a las víctimas son la privación ilegítima por un tiempo indeterminado, el uso de productos altamente tóxicos (como el amoníaco), la aplicación de electricidad y el abuso psicológico.
Aguilera señala que le da muy poca validez a esta nueva ley, que contempla penas de 15 a 20 años de prisión, porque desde la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia se han encargado de contradecir las normas que sobre seguridad se han dictado en el seno del Parlamento. “Creo que debe haber una depuración de todos los organismos para que se comprometan con la praxis diaria de la justicia. No basta con sancionar una nueva normativa como para tratar de lavar la cara con un trapo rojo a la ineficiente actuación de los altos funcionarios”.
IMPUNIDAD EN CONTRA
Pese a los repetitivos discursos del g4obierno nacional, de ser totalmente respetuoso y garante de los derechos humanos, Aguilera afirma que en estos 14 años de “revolución” socialista se ha triplicado el número de casos de torturas respecto a la llamada cuarta república. “Les importa un bledo la impunidad, y como los funcionarios están amparados, delinquen todos los días, y a la luz pública, porque saben que cuentan con el beneplácito de fiscales del Ministerio Público y jueces penales”, apunta, al tiempo que denuncia que en un Estado verdaderamente protector de las garantías constitucionales este tipo de delitos sería menor y con más disimulos. En Aragua, cuando se tiene la gallardía de denunciar torturas, señala, hay una inmediata represalia, por lo que en un 72% de los casos se inhiben de hacerlos públicos. Nunca faltan las excusas para “enfrentarlos”, las autoridades dicen que son ajustes entre bandas, calumnias o problemas de drogas.
Fernando Fernández, experto en temas de derechos humanos, y quien estuviera al frente de Amnistía Internacional Venezuela, afirma que las torturas violan la presunción de inocencia lo que da pie a muchos errores judiciales, ya que alguien torturado puede confesar delitos no cometidos o inculpar a terceros que nada tienen que ver, para evitar seguir sufriendo. Explica que en la definición de tortura de la nueva normativa queda claro que es un delito de funcionarios públicos, porque realmente desde hace siglos se ha usado como una forma de investigar delitos. (Keilyn Itriago, Conflictove, 03.06.13)
