La de Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una organización no gubernamental que desde 1985 defiende los Derechos Humanos en Venezuela, entre 2003 y lo que va de 2012 ha brindado apoyo médico, jurídico y psicológico a 263 personas víctimas de tortura o maltratos, por parte de algún cuerpo policial o militar.
Otras cifras
211 Hombres
De las 263 víctimas 80,23 por ciento son hombres
Entre 18 y 28 años
43,73% de los torturados, es decir 115, tienen entre 18 y 28 años.
Alfredo Ruiz, integrante del Programa de Atención Integral a las Víctimas, dijo que la cifra puede representar un porcentaje muy bajo de total, pues los 263 representan los sólo casos recibidos en la Red.
No obstante tienen una significación alta debido a que 90 por ciento de los casos no ha tenido una sentencia definitiva, que busque reducir el crimen de la tortura.»De ese total solo una víctima, Jean Manuel Mijares, ha tenido una sentencia absolutoria. Ese joven hace tres años fue detenido y golpeado por funcionarios de la Policía Metropolitana».
Ruiz dijo que el hecho de que la PM despareciera no ha implicado una disminución de este delito. ¨El primer organismo vinculado con las denuncias es el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas, Cicpc, al cual se le atribuye 24,71 por ciento de los casos (65 personas); la Policía Metropolitana con 11,41 (30); Policaracas con 3,80 por ciento (10) y con respecto a los cuerpos militares la Guardia Nacional figura con más víctimas de tortura o maltrato con 12, 93 por ciento (34) y el Ejército con 5,32 por ciento (14 víctimas).
En el listado proporcionado por la Red aparecen otras policías como la de los municipios Guaicaipuro y Lander en Miranda; Polinacional y las de los estados Lara y Sucre.
El 47,15 por ciento de las víctimas habitan en el Distrito Capital; 12, 55% en Miranda y 7,60% en Lara. El resto de los afectados por tortura o maltrato por parte de los cuerpos policiales y militares residen en Apure, Bolívar, Carabobo, Zulia, Táchira, Aragua, Guárico, Yaracuy, Barinas, Portuguesa, Mérida, Monagas y Vargas.
Pero más allá de las cifras que representan una arista de la violencia institucionalizada, Ruiz insiste en la necesidad de firmar con carácter de urgencia la Ley Contra la Tortura, la cual fue aprobada recientemente en primera discusión por la Asamblea Nacional.
Dicho documento recoge prácticamente 50 por ciento las propuestas que la red ha venido recopilando desde hace 10 años, como por ejemplo que ahora la Medicatura Forense pasa a ser una institución y que se implemente un plan de formación en materia de Derechos Humanos para todos los funcionarios.
Sin embargo el investigador considera que tiene dos grandes debilidades: aún no goza de carácter orgánico, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución nacional y, en segundo lugar, no contempla los mecanismos de prevención y apoyo a las víctimas.
Sin embargo el investigador considera que tiene dos grandes debilidades: aún no goza de carácter orgánico, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución nacional y, en segundo lugar, no contempla los mecanismos de prevención y apoyo a las víctimas.
«Estamos solicitando la prohibición absoluta de la tortura y que se ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y degradantes y además que Venezuela presente los informes sobre los avances en esta materia, ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, los cuales están pendientes desde 2002″.
Ese fue el último año que la nación rindió cuentas sobre este delito. Debió hacerlo en 2004, pero las autoridades no se han manifestado aún. Cabe destacar que el próximo 26 de junio es el día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura.
(Maribel Sarmiento, Últimas Noticias, 22.06.12)
