Alfredo Romero en su carácter de Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), señaló que están dispuestos a participar en la «Comisión de la Verdad» convocada por el presidente Nicolás Maduro, “siempre y cuando se incorporen no solo las victimas que el gobierno considera como tales, sino también a todas aquellas a las que sus derechos humanos han sido violados o abusados, y que el mismo Ejecutivo ha rechazado sistemáticamente. Asimismo, es necesario que se incorporen las ONG´S independientes y no solo aquellas que el Estado utiliza como fachadas para tapar la verdad de lo que sucede en el país”, resaltó.
Romero aclaró que hasta el momento Foro Penal no ha recibido ninguna invitación por parte del gobierno. “Nuestra ONG representa a más de mil casos de personas con procesos judiciales injustos, más de cien casos de torturas, tratos cueles e inhumanos, y asesinados desde el año 2002 por razones políticas. Desde hace más de 10 años venimos exigiendo una comisión de la verdad para lograr que se haga justicia, esa que tanto la fiscalía como el poder judicial nos han negado”, recordó.
En este sentido, Romero criticó que el gobierno incluya al Ministerio Público en la “Comisión de la Verdad” y no a las verdaderas víctimas. “Es contradictorio que participe la fiscalía, cuando ha sido precisamente esta la que se ha negado a investigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de miles de venezolanos. Una comisión de la verdad precisamente se justifica cuando las instituciones actuales han sido ineficientes en hacer justicia. En Venezuela el poder judicial que carece de credibilidad”, aseguró.
Alfredo Romero se refirió a las recientes palabras del secretario general de la Unión de Nacionales Suramericana (Unasur), Ernesto Samper, en cuanto a la necesidad que tiene el país de ir a “un proceso de justicia transicional”. “La reforma del sistema de justicia es esencial para que funcione como catalizador de la crisis social que existe, y evitar que siga como instrumento de persecución política para arremeter no solo contra los disidentes, sino también contra todo aquel que se exprese en contra de las políticas del gobierno”.
Respecto a la sentencia número 264 del expediente 16-0343 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Romero aseguró que “los magistrados pasaron a ser protagonistas de la persecución política y la privación injusta de libertades”.
Recordó que ya el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado su rechazo a dicha sentencia. “Ya los miembros del TSJ quedaron al descubierto ante los organismos internacionales”, señaló.
2001
