Que la inmunidad no favorezca la impunidad
Este 04.10.2014 se cumplen 32 años de la Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en dicha población del estado Anzoátegui en el marco de un operativo conjunto en el que participaron unos 400 efectivos del Ejército, Aviación, y la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). En los hechos fueron asesinados 23 luchadores sociales pertenecientes al Frente Américo Silva (FAS) de la organización política Bandera Roja, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 30 años.
Al cumplirse un año más de los sucesos, Provea saluda positivamente que la Fiscal General de la República haya anunciado en su columna de opinión publicada en el Diario Últimas Noticias el 30.09.2014 que el Ministerio Público presentará a los responsables de la Masacre de Cantaura ante la justicia. La Fiscal General informó que el Ministerio Público, como parte de la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos entre 1958 y 1998, ha logrado individualizar responsabilidades penales por los hechos ocurridos en la población de Cantaura hace 32 años. Asimismo, añadió que se espera la concreción de las órdenes de aprehensión libradas contra los presuntos responsables.
En octubre de 2013 el Ministerio Público a través de la Fiscalía 80° de Derechos Fundamentales imputó al médico forense Guillermo Solano por su vinculación con los hechos, al presuntamente encubrir a los autores materiales mediante la emisión de certificaciones de defunción falsas. Por los hechos de Cantaura también han sido imputados el ex director general de la antigua DISIP, Remberto Uzcátegui, el exdirector de Inteligencia de ese organismo, José Domínguez Yépez y el ex comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Sin embargo, nos sigue preocupando que la inmunidad favorezca la impunidad en algunos casos. Con ello, nos referimos al diputado Roger Cordero Lara quien comandó uno de los aviones “Bronco” que bombardeó el campamento guerrillero en Cantaura. Provea solicitó el 26.01.2011 el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara e instó a la Asamblea Nacional a promover políticas y acciones encaminadas a facilitar las investigaciones y las sanciones a los responsables de la masacre.
En el caso del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Roger Cordero Lara, hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indican que este ciudadano participó en el bombardeó al campamento guerrillero del FAS. Nos preocupa que hasta el presente no hayamos obtenido respuesta alguna de parte de la directiva de la Asamblea Nacional a la solicitud de allanar la inmunidad de este parlamentario que formulamos en 2011. Roger Cordero Lara fue ascendido a General de División y se desempeñó como Comandante General de la Aviación durante la gestión del ex Presidente Hugo Chávez.
Sigue siendo una obligación de la Asamblea Nacional realizar los procedimientos administrativos para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Roger Cordero Lara, con el fin de no entorpecer el proceso de investigación y sanciones adelantadas por la Fiscalía General de la República.
En otro sentido, no compartimos la afirmación de la Fiscal General Luisa Ortega en la que señala que ninguna ONG de derechos humanos se interesó en su momento por los sucesos ocurridos en Cantaura.
En su Informe Anual del año 1982, Amnistía Internacional expresó su preocupación por los hechos y requirió al Estado venezolano información sobre el incidente. Citamos parte del contenido expresado en el Informe de AI “El 17 de diciembre, Amnistía Internacional pidió información sobre un incidente ocurrido el 4 de octubre de 1982 en el que 23 miembros del grupo guerrillero Bandera Roja fueron asesinados en una operación combinada entre el ejército y la policía política civil, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). El campamento guerrillero fue rodeado y objeto de ataque con ametralladoras y bombardeo de aviones de vuelo bajo. Debido al incidente en Cantaura, estado Anzoátegui, se creó una comisión de investigación por parte del Congreso y del Fiscal General al enterarse que no hubo sobrevivientes, y que las víctimas habían sido enterradas en tumbas sin practicársele autopsias. El ejército se negó a devolver los cuerpos a los familiares, o permitir autopsias por el médico forense civil. Aunque a las familias se les permitió recuperar los cuerpos 10 días más tarde, el ejército siguió negando las autopsias. El oficial comisionado por el Fiscal General para realizar las exhumaciones el 14 de octubre fue sacado por la fuerza del cementerio con el argumento de que la investigación era un asunto exclusivo de la jurisdicción de los Tribunales Militares. Amnistía Internacional expresa preocupación por la afirmación del ejército a ese respecto y da la bienvenida a las declaraciones de la oficina del Fiscal General de que continuaría su propia investigación.»
Recordamos igualmente que en el año 1999 Provea, mediante una acción de amparo constitucional logró que fueran desclasificados los expedientes de la Masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar como secreto. Esa acción permitió avanzar luego en las investigaciones y reapertura del caso en los tribunales civiles y ayudó a generar un precedente importante que favoreció las investigaciones de otras masacres ocurridas en el país, en las que la justicia militar había dictado sentencias librando de responsabilidad a los culpables bajo el argumento de actuar en legítima defensa.
También en los próximos días se cumplirá otro año de la Masacre de El Amparo ocurrida el 29.10.1988, y en la que 14 pescadores fueron asesinados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), un grupo creado en 1987 e integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), DISIP y miembros de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los señalados como autores materiales e intelectuales de estos hechos siguen bajo el amparo de la impunidad, y buena parte de ellos han ejercido funciones públicas en los últimos 10 años, entre ellos el actual gobernador del estado Anzoátegui Ramón Rodríguez Chacín. Por tal razón, seguimos exigiendo justicia y exhortamos al Ministerio Público a presentar a los responsables de la Masacre de El Amparo ante la justicia.
Alentar las investigaciones y no obstaculizarlas, es lo apropiado para que los familiares de las víctimas y el pueblo venezolano tengan la satisfacción de celebrar que dichas violaciones tuvieron la sanción respectiva. En tal sentido invitamos a la Comisión por la Justicia y la Verdad a presentar al país los avances que hasta ahora ha logrado en la investigación de los crímenes cometidos entre 1958 y 1998, entre ellos la Masacre de Cantaura y la Masacre de El Amparo cuyas víctimas directas e indirectas aún esperan justicia.
Preservar la memoria histórica y sancionar a los responsables es el único camino para brindar justicia a las víctimas y evitar la reiteración de estos y otros lamentables hechos. (Prensa Provea, 03.10.2014)
