Este 29 de octubre de 2015 se conmemoran 27 años desde que miembros del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP) asesinaron a 14 humildes pescadores, en Apure, y los presentaron a la opinión pública como miembros de un grupo guerrillero. La versión oficial fue desmentida por el testimonio de dos sobrevivientes de la emboscada, conocida como la “Masacre de El Amparo”, convirtiéndose en el primer caso de Venezuela elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido a la imposibilidad de alcanzar justicia en instancias nacionales. En 1995 esta Corte sentenció contra el Estado venezolano por la violación del derecho a la vida de los 14 pescadores.
Después de 27 años la sentencia se ha cumplido parcialmente. Solamente se han pagado las indemnizaciones a los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. Sin embargo, no se ha avanzado en la investigación y sanción de los autores materiales e intelectuales. A pesar que en el año 2010 la Corte IDH, con la presencia de representantes del Estado venezolano, acordó la realización de un cronograma de realización de las investigaciones, con participación de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, esto no se ha cumplido. Desde el año 2012 se ha pedido al Ministerio Público la visita a la población de El Amparo y, a pesar del compromiso verbal de la Fiscal General, Dra Luisa Ortega Díaz, al día de hoy no se ha cumplido.
El caso de la Masacre de El Amparo, en opinión de Provea, refleja la impunidad estructural que caracteriza el actual funcionamiento de la justicia en Venezuela. A pesar de la retórica oficial otros casos emblemáticos, como El Caracazo, Yumare y Cantaura, tampoco han alcanzado justicia. Otros recientes, como los asesinatos de manifestantes en el año 2002 o el 2014, caminan en la misma dirección. Provea lamenta que el mantenimiento de la impunidad en todos los casos, para capitalizarla propagandísticamente, se haya convertido en una política de Estado.
La profunda reforma estructural del sistema de administración de justicia debe ser una tarea que una a la sociedad venezolana, condición necesaria para que todos los casos denunciados de violación a derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación, sean investigados y poder así sancionar a sus responsables. Mientras no exista una justicia imparcial, independiente y celosa del debido proceso, que garantice su acceso a los más vulnerables, no se puede afirmar que en nuestro país existen condiciones para el disfrute de los derechos humanos.
