El pasado 17 de febrero, tras una década de tenaz andadura por la justicia, el Tribunal 16 de Juicio del área metropolitana de Caracas sentenció a 10 años y 7 meses de prisión a cinco funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) por el asesinato de dos menores de edad, hecho ocurrido en el año 2001 en Barquisimeto.
En un caso que conmocionó a los habitantes de la ciudad crepuscular, un 5 de junio comisiones de la GN y PTJ realizaron un operativo conjunto en las inmediaciones del Mercado San Juan de la ciudad en busca de los autores del asesinato del cabo segundo (GN) Simón Segundo Camacaro, crimen ocurrido la noche anterior en un bar del centro de la ciudad. Más de 30 funcionarios llegaron a la zona popular y acordonaron la cancha deportiva, en la cual detuvieron a los menores Danner Pastor BARRETO TORRES (17) y Luis Javier JIMENEZ ALVARADO (13), ambos estudiantes del Liceo “Rafael Monasterios”. Según el testimonio de los testigos los funcionarios los llevaron hacia uno de los callejones en donde procedieron a asesinarlos. Un habitante, posteriormente, atestiguó como un GN sembraba un arma de fuego en el lugar. Varias casas fueron allanadas, mientras algunos vecinos eran amenazados por los funcionarios en medio de la noche.
Versión oficial versus versión real
Inmediatamente comienza a circular la versión del enfrentamiento, sincronizada por todas las fuerzas policiales gubernamentales. El comisario Audio Cabrera (PTJ) afirmaba a los medios que las víctimas formaban parte “de una banda peligrosa donde también actúan mujeres con sus concubinos”. Por su parte el coronel Ove Gedde García, jefe del Comando Regional N°4 de la GN, no sólo ratificó la versión, sino que atribuyó a los asesinados el crímen contra Camacaro: “El que tenía 17 años fue quien disparó el arma contra el cabo primero y en el allanamiento encontraron el arma de fuego que usó”. El comisario Rafael Rodríguez Lameda, jefe regional de la PTJ, dijo: “uno de los fallecidos fue reconocido como quien disparó contra el cabo primero”.
Si algo contradecía la versión de las autoridades era la airada indignación de la comunidad. El 6 de junio habitantes, familiares y maestros de los dos adolescentes organizaron una manifestación para rechazar el asesinato de los menores, en donde recorrieron el barrio y quemaron cauchos en la calle. El sentir popular comienza a confirmarse. Un mes después se identificaron a los verdaderos autores del asesinato del GN: Freddy Antonio Herrera (17) y Juan Pablo Silva (15). El 15 de agosto los mismos testigos que bajo amenaza inculparon a Barreto y Jiménez, esta vez señalaban a los reales responsables. En un juicio radicado en Falcón fueron enjuiciados y condenados por homicidio.
Los intrincados caminos de la justicia
A pesar que la exculpación de los dos menores asesinados y su declaración de inocencia parecía evidente, los familiares tienen que enfrentar un engorroso proceso judicial para obtener justicia. El 5 de marzo de 2004 el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, a cargo de la abogada Minerva Parra Montilla, absuelve a los tres efectivos de la GN y dos de PTJ acusados y les otorga la libertad plena. Los familiares imponen un recurso para refutar la decisión y el escándalo por la liberación repercute en los medios de información regionales. Se acuerda un nuevo juicio, pero radicado en otra ciudad. Transcurre casi una década para que se haga justicia. El sargento técnico de segunda Omar Lucena, el distinguido Ego Enrique Mosquera, el distinguido Jesús González, de la Guardia Nacional; y los detectives Cruz Vásquez y Rafael Bolivar, ahora adscritos al CICP, fueron condenados a 10 años y siete meses de prisión por el homicidio de los adolescentes Danner Pastor y Luis Javier Jiménez. Como recordó el periodista Gerardo Morón de El Informador se trata de uno de los juicios más largos y controversiales desde que existe el Código Orgánico Procesal Penal.
Para los miembros del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara, organización social que ha acompañado a los familiares durante todo el proceso, aún existen cosas que resolver para que se pueda hablar de justicia. En primer lugar que la Corte de Apelaciones, instancia a la que han acudido los funcionarios para intentar revertir la decisión, ratifique la sentencia. En segundo lugar que a los policías y guardias nacionales sean enviados a un centro penitenciario, para que no cumplan su pena recluidos, con prerrogativas y comodidades de todo tipo, en la sede de los organismos a los que pertenecen. Para esto alertan a toda la comunidad y las organizaciones sociales y de derechos humanos para continuar haciendo el seguimiento al caso. (Prensa Provea, 25.03.11)
Fotografías cortesía Comité de Víctimas contra la Impunidad
