La Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión del estado Aragua), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una nueva situación irregular ocurrida con la familia Barrios, del caso Eloisa Barrios y otros vs. Venezuela, con sentencia de este organismo de fecha de 24 de noviembre de 2011.
Las organizaciones que acompañaron el caso de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano reiteraron, en su comunicación a la Corte, la importancia de que el Estado venezolano cumpla y mantenga las medidas provisionales de protección brindadas por este tribunal internacional el 24 de septiembre de 2004, ante la existencia de nuevas amenazas.
Lilia Ysabel Solórzano Barrios, Víctor Daniel Cabrera Barrios y otros integrantes de la familia fueron víctimas de un allanamiento sin orden judicial y de amenazas de muerte por presuntos funcionarios policiales, cuando el 13 de septiembre de 2013 tres presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) ingresaron a la fuerza a la residencia donde se encontraban.
Víctor Daniel Cabrera Barrios es hijo de la Sra. Eloisa Barrios, quien desde 1998 denunció ante instancias nacionales e internacionales, las amenazas y muertes de integrantes de su familia por parte de funcionarios policiales.
Víctor Daniel Cabrera Barrios se encontraba en la casa de su tía Lilia Ysabel Solórzano Barrios, a quien ayudaba a realizar unas reparaciones a la estructura de su nueva residencia, a la cual tuvo que mudarse debido a la situación de hostigamiento y agresiones que ha sufrido su familia y que ha ocasionado hasta la fecha, la muerte de diez de sus miembros.
Por lo que Víctor Daniel Barrios se encontraba presente cuando ocurrió el allanamiento a dicha residencia y fue víctima directa de amenazas de muerte por parte de los presuntos funcionarios policiales, quienes le indicaron que ya habían localizado su nueva dirección.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del año 2011, determinó que el Estado venezolano es responsable del asesinato por parte de agentes estatales de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios y de incumplir su deber de garantizar y prevenir la privación de la vida de manera violenta de Luis Alberto Barrios, Oscar José Barrios, Wilmer José Flores Barrios y Juan José Barrios entre 1998 y 2011.
Pese a esta decisión de la Corte, es importante destacar que en el año 2012 se registraron dos nuevas muertes violentas entre los integrantes de la familia: Víctor Tomás Navarro Barrios (17 años) y Jorge Antonio Barrios (24 años), el 9 de junio y el 15 de diciembre respectivamente.
Los nueve asesinatos acaecidos entre 1998 y 2012 de los integrantes de la familia Barrios tienen dos denominadores comunes, el primero que las víctimas habían sido testigos de los actos de amedrentamiento o incluso de los asesinatos de sus familiares y habían denunciado los hechos y el segundo elemento que se encuentra en todos los casos es la impunidad institucionalizada.
Posteriormente, el 15 de mayo de 2013, murió de forma violenta el décimo miembro de la familia Barrios, Roni David Barrios, de tan sólo 17 años de edad. Esta es la cuarta muerte de un miembro de la familia Barrios menor de 18 años.
Estos crímenes han ocurrido aun cuando esta familia desde el año 2004 tiene medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, al cual la organización Comisión Justicia y Paz de Derechos Humanos del estado Aragua solicitó una audiencia especial para informar sobre los últimos acontecimientos.
Ante estas nuevas amenazas contra la familia Barrios, las organizaciones Comisión Justicia y Paz de Derechos Humanos del estado Aragua, COFAVIC y CEJIL solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado venezolano cumpla la sentencia de este caso y que:
a) Se investiguen las nuevas amenazas contra Lilia Ysabel Solórzano Barrios, Víctor Daniel Cabrera Barrios y otros integrantes de la familia Barrios.
b) Se mantengan las medidas provisionales de protección a favor de las beneficiarias y los beneficiarios de las mismas, a los fines de resguardar la integridad personal de los miembros de la familia Barrios y que se reitere al Estado de Venezuela su obligación de cumplir con las medidas provisionales ordenadas en las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
c) Se solicite al Estado la presentación de los análisis de riesgo individualizados para los beneficiarios de la familia Barrios. (Prensa Cofavic, 18.09.13
