José David González, director del Comité de Derechos Humanos de la Guajira se comunicó con Provea para denunciar la situación que pedecen 57 indígenas wayúu que se encuentran privados de libertad en Puerto Herrero, en las inmediaciones del rio Limón del estado Zulia, desde hace tres meses acusados por delitos de contrabando. Del total de detenidos, 28 son mujeres, y 5 personas son mayores de 45 años. En palabras de González a pesar que algunos ya han tenido audiencias de presentación, la mayoría no ha tenido ningún tipo de acceso a la justicia o al ejercicio al derecho a la defensa, con lo que se estarían violando todas sus garantías procesales. Recordamos que según el Código Orgánico Procesal Penal, en un lapso no mayor de 36 horas las personas deben ser presentadas frente a un tribunal de control, y si eso no sucede deben ser puestas en libertad.
«En varios de los casos las personas han sido privadas de libertad por transportar 6, 8 ó 10 kilos de arroz», explica el activista indígena. «Sin embargo, lo que no vemos son personas detenidas por haber transportado camiones de combustible o alimentos». El Ministerio de Pueblos Indígenas se ha comprometido con el Comité a acompañarlos en una próxima visita al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) donde se encuentran detenidos las personas, para poder constatar tanto su situación jurídica como las condiciones de privación de libertad. «Debido a que no hay recintos penitenciarios en condiciones, las personas estan siendo detenidas en diferentes comandancias policiales. Hay presos en el Comando Carrasquero y en Paraguachón», agregó. Según su testimonio, la única persona de las detenidas por cargos de contrabando que habría recobrado su libertad es la profesora Beatriz Fernández. «Ella salió bajo fianza. Trasladaba comidad para ella y sus familiares pues vive por la zona de Caujarito».
