La jueza Magda Hidalgo, del Tribunal Sexto de Juicio en función penal, a las 6:50 de la noche en presencia de 30 testigos emitió el fallo en contra del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, condenándolo a 7 años de prisión, 6 meses y 22 días por los delitos de instigación a delinquir, restricción de la libertad al trabajo y violación de la zona de seguridad (artículo 56 de la Ley de Seguridad de la Nación).El delito de agavillamiento fue desestimado; la jueza basó su decisión en un informe y el testimonio de 5 testigos presentados por el Ministerio Público. Desechó la declaración de 70 trabajadores de las minas de San Isidro y Cerro Bolívar que participaron en la huelga de 16 días realizada en agosto de 2009 en la sede de Ferrominera Orinoco en Ciudad Piar.
La defensa había pedido solicitar el delito de testimonio para 2 de los testigos presentados por la fiscal, a razón de que sus declaraciones se contradecían.
Con el testimonio de los 70 trabajadores la defensa intentó demostrar que los ferromineros no fueron instigados para reclamar sus pasivos laborales y que, en ningún momento, hubo daños al patrimonio de la nación más que las pérdidas generadas por la paralización, producto del ejercicio legítimo del derecho a huelga consagrado en la Carta Magna y en los convenios internacionales.
Rubén González estuvo privado de libertad durante 17 meses, 13 de ellos en la sede de Patrulleros de Caroní, donde presuntamente cumplirá condena.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió en noviembre de 2010 la libertad “inmediata” del dirigente sindical, así como su indemnización en vista de que los argumentos presentados por el Gobierno eludían a un atropello a la libertad sindical y a un “grave” precedente para el ejercicio del derecho a huelga.
