«Complejo”. Así describe el abogado defensor de William Saud y de Carlos Chancellor el proceso judicial en contra de los dirigentes.
Argumenta: no es sólo el trasfondo político o la criminalización de la protesta, es la utilización del derecho penal del enemigo; no es sólo el incumplimiento contractual de Crystallex, son los intereses económicos que hay de detrás; no es sólo un viciado proceso judicial y de apelación, es la acusación de la defensa hacia el poder ejecutivo regional y a las Fuerzas Armadas.
“Si la decisión es ajustada a derecho, ganamos”, afirma Enio Campos, representante legal de Saud y de Chancellor. Las 64 páginas del recurso de Casación presentan ocho argumentos que exponen ruptura de la norma legal en el juicio que condenó al dirigente minero y concejal de Sifontes (para 2005).
La defensa comienza su alegato al afirmar que la trasnacional canadiense Crystallex no tenía el permiso ambiental para explotar los recursos auríferos en el sector Las Claritas, en el kilómetro 88 de la Troncal 10, en el estado Bolívar.
Señala Campos que a pesar de ello transcurre la firma del convenio entre la CVG -presidida para entonces por Francisco Rangel Gómez, hoy gobernador del estado- y Crystallex, que inicia sus operaciones.
Una vez más la defensa mantiene que los mineros tenían razones suficientes para protestar por cuanto la empresa no cumplía con los compromisos que había asumido, entre ellos la creación de fuentes de empleo; así como, que se percataban que la extracción del oro también se realizaba por medios ilegales.
Campos reitera que el Gobierno da la razón al pueblo cuando rescindió el contrato con Crystallex el mes pasado. Sin embargo es al gobierno regional y a las Fuerzas Armadas a quienes acusa de agavillamiento, uno de los cuatro delitos imputados a Saud (a Chancellor además se le acusa de malversación genérica de fondos públicos).
Proceso judicial
“Sabíamos de la mala fe y de la mala intención, pero dimos la batalla con coraje y con justicia”, dice Campos al referirse al juez del Tribunal Mixto Octavo de Primera Instancia Itinerante, Ramón Mora. “Vino, condenó y se fue del estado”.
“Van a la corte de apelaciones y los tres magistrados (que reciben el caso) aplicaron la operación morrocoy y se inhibieron”, recuerda. “Apelamos a los tres días de la condena y resulta que se inhibieron para cansar a la defensa”.
La ley establece que el lapso de respuesta para los recursos de apelación es de 10 días hábiles.
Sin embargo, Campos acota que no fue sino hasta a abril -mes y medio después- de 2010 que se pronunciaron con la inhibición.
El abogado pone de relieve que éste es otro de los vicios del proceso judicial, por cuanto ya una corte accidental en 2009 consideró inadmisible una primera inhibición de los magistrados. Esta medida fue ratificada por la Sala Constitucional del TSJ y llamó la atención de los magistrados.
“A pesar del retraso, logramos una audiencia (para el recurso de Casación, contra la apelación) en noviembre”, prosigue el abogado la explicación.
Más vicios
En esta audiencia -relata el defensor de Saud y Chancellor- se omitió la presentación de las pruebas. Entre ellas, Campos destaca un video del juicio en el que Mora, juez octavo itinerante, condenó por terrorismo a los dirigentes minero y político.
Explica el abogado que primero ese juez no tiene competencia sobre terrorismo y segundo que hubo “un cambio de calificación jurídica”, que al pedir la sentencia en físico Mora volvió a cambiar, ahora por el delito realmente imputado, a incitación al pánico y a la zozobra. Arguye Campos que por este vicio nomás, el derecho adjetivo penal establece que la sentencia queda nula.
Añade dos aspectos: el juicio debió ser público y no lo fue, primero; y segundo, el recurso de casación apenas fue enviado la semana pasada a Caracas, con más de cuatro meses de retraso.
Ministerio Público…
Al referirse a las audiencias preliminares y al proceso de apelación, Enio Campos -abogado defensor de Carlos Chancellor y William Saud- habla de los vicios dentro del Ministerio Público y cómo junto al gobierno regional, Crystallex y las Fuerzas Armadas orquestaron una persecución política y penal contra el ex alcalde y dirigente minero, respectivamente.
Y aunque reafirma tener pruebas sobre sus acusaciones, reconoce sin embargo, que en lo concerniente al estado de salud del dirigente minero y la medida sustitutiva de libertad “existe una buena fe” por parte del Ministerio Público.
