Han pasado 24 años de uno de los casos de violación a los derechos humanos más emblemáticos en la historia venezolana:La Masacre de El Amparo, 1988.
Un hecho en el que fueron asesinados 14 pescadores por efectivos del Comando Específico José Antonio Páez (integrado por funcionarios dela Policía Técnica Judicial, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y miembros de las Fuerzas Armadas), en el sector conocido como Caño La Colorada del estado Apure, zona fronteriza con Colombia, en una operación denominada “Anguila III”, creada por el gobierno para ese entonces de Jaime Lusinchi para luchar contra grupos subversivos colombianos.
Una vez perpetrada la matanza, los efectivos alegaron ante la justicia y la opinión pública que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en territorio venezolano y que ellos habían actuado defendiendo la soberanía del país.
Pero, gracias a que dos pescadores sobrevivieron a la masacre y con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como Provea, los argumentos de los efectivos fueron desmontados ante instancias internacionales de protección a los derechos humanos, pues las víctimas al no encontrar justicia en el país presentaron su caso –junto con Provea– en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1990 y luego el SIDH, a solicitud de los representantes de las víctimas, lo elevó ala Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1994. (El Amparo)
