Tal como lo decidió el presidente Hugo Chávez en septiembre de 2012, ayer entró en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que había suscrito hace 43 años, lo cual deja a Venezuela fuera de la jurisdicción de la Corte IDH.
El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, expresó que esa medida representa un error histórico para el país y puede tener un efecto muy negativo en la situación de los derechos fundamentales no sólo en Venezuela, sino también en el resto de la región, pues la Convención, apoyada en la Corte y la Comisión, tiene un papel crucial en el fomento a la protección de esos derechos en todo el continente, aparte de que refuerza los estándares internacionales en la materia.
A pesar de la decisión, la ONU anima al Gobierno y al resto de Estados latinoamericanos a seguir cooperando con todos los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La Alta Comisionada exhortó al Ejecutivo a no tomar alguna otra medida que debilite la protección de los derechos humanos.
La Comisión considera que el abandono es en detrimento de la protección de los derechos de los habitantes de Venezuela, que pierden una instancia de resguardo.
No todo está perdido. Si el Gobierno quisiera revertir hoy la decisión y reincorporarse como miembro de la CIDH, esto se haría efectiva de manera instantánea.
Por ello, a través de un comunicado, la instancia reitera la solicitud a las autoridades nacionales de reconsiderar la decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de que las víctimas de posibles violaciones de sus garantías fundamentales que puedan presentarse en el país a partir de hoy «cuenten con acceso» al tribunal con sede en San José.
La Comisión aclaró que puede seguir conociendo casos relacionados con Venezuela porque sus potestades nacen de la Carta de la OEA, de la que Venezuela es miembro.
La Corte también podrá seguir enjuiciando al país por hechos ocurridos durante la vigencia de la Convención, también conocida como Pacto de San José.
Retroceso.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, manifestó inquietud por las consecuencias de la decisión de Venezuela, pues considera, como la ONU, que la medida constituye un error histórico que afectará a las víctimas y a las organizaciones que las representan.
«Esta decisión representa un grave retroceso en el derecho a la justicia, en la medida en que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela y las organizaciones que las representan ya no podrán recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se agoten las vías de recurso interno», señaló en un comunicado la FIDH.
Su presidente, Karim Lahidji, denunció un error histórico y un atentado a los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Advirtió que ello establece un grave precedente en la región.
El texto indica que la Comisión ha convenido con los Estados en que es una prioridad alcanzar la universalización del sistema interamericano con el fin de avanzar en la protección de los derechos humanos en la región.
La denuncia de la Convención por Venezuela constituye un retroceso en la consecución de este objetivo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de fomentar la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
Los demandantes
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se debe a que desde ese organismo no se le ha dado “objetividad” a las denuncias formuladas por el Gobierno.
“No han sido trabajadas con el rigor que debería tener un mecanismo regional de protección de los derechos humanos”.
Ramírez aseguró que desde 2002 existe “un juego internacional de ataque contra nuestro país, desde que Venezuela decidió hacer las cosas con el concurso del pueblo y en el ejercicio de la soberanía”.
El vicepresidente Jorge Arreaza considera que la decisión que tomó el presidente Hugo Chávez de retirar a Venezuela del sistema interamericano de justicia «es sabia, justa y soberana».
El funcionario, que hizo la declaración a través de la red social Twitter, aseguró que la «Comisión y la Corte Interamericana de Justicia jamás han sido garantes de lo justo, sino protectores de intereses de los poderosos».
Verónica Guerrero, viceministra de Relaciones Exteriores, aplaudió el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Hoy Venezuela amanece libre del sometimiento de una Corte Interamericana que durante años demostró su parcialidad contra el Estado y el pueblo venezolano”, expresó
El canciller Elías Jaua dijo que el pueblo venezolano no se verá afectado por la decisión, pues nunca contó con la protección del organismo internacional en la materia.
Enumeró casos de violaciones de derechos fundamentales cometidos por gobiernos anteriores a la revolución bolivariana que jamás tuvieron respuesta, atención ni medidas cautelares de la CIDH para sus víctimas.
El Dato
Trinidad y Tobago era el único país que había denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo hizo en 1988, a propósito de la incorporación a su legislación de la pena de muerte para el delito de homicidio, lo cual no es compatible con la Convención.
En Estados Unidos también hay pena capital, pero ese país nunca suscribió el tratado. (Yamis Urbano, El Nacional, 11.09.13)
