Enviar a un sospechoso de un crimen a la cárcel mientras se le investiga o se le enjuicia debe ser una medida que se adopte en casos de excepcionales. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina, Venezuela incluida, es algo cotidiano, casi una regla; y por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alzó su voz.
«El uso excesivo abusivo de esta medida es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y es una situación inadmisible en una sociedad democrática, en la que se respete el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia», sentenció el organismo hemisférico en su Informe sobre el Uso de la Detención Preventiva en las Américas, el cual fue publicado a finales de la semana pasada y fue elaborado a partir de información que enviaron 16 gobiernos, entre ellos el venezolano; y organizaciones de Derechos Humanos.
En el documento, de 133 páginas, se da cuenta que sólo en Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras y Nicaragua la mayoría de quienes están tras las rejas fueron condenados. Por su parte, Venezuela forma junto a Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Panamá del grupo en el que la mayoría de los presos aguardan ser juzgados y sentenciados.
El Ejecutivo informó a la Comisión que hasta marzo de 2013 en el país había 48.262 reclusos, de los cuales el 62,73% eran procesados y sólo el 30,9% penados. El resto, entretanto, estaban gozando de medidas alternativas al cumplimiento de condena como condiciones de destacamento de trabajo, medidas humanitarias o estaban en libertad condicional.
Tanto la Constitución como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establecen que la detención preventiva es una medida excepcional para evitar la obstaculización del proceso o en casos de posible fuga, pero mandan que los procesos se lleven en libertad.
No obstante, durante años jueces y fiscales obviaron este mandato «por temor a ser sancionados o removidos de sus cargos» y gracias a ello la tasa de encarcelamiento pasó de 58,5 por cada 100 mil habitantes en el año 2000 hasta 170 por cada 100 mil en 2011, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones a la CIDH.
¿El resultado de esta política? El hacinamiento se agudizó y con ello los motines en las prisiones, que en 2012 dejaron casi 600 muertos y mil heridos.
No fue sino hasta 2012, luego de la crisis de las cárceles de El Rodeo y La Planta, que las autoridades dieron un giro y anunciaron que se comenzarían a aplicar lo establecido en el ordenamiento jurídico. Hasta diciembre 4.658 presos habían sido liberados. (El Universal, 20.01.14)
