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El amparo. En octubre de 1988 catorce pescadores fueron asesinados por una comisión de efectivos militares y policiales en el estado Apure. Las autoridades aseguraron que los fallecidos eran guerrilleros colombianos, versión que posteriormente se comprobó que era falsa.
En 1995 la Corte Interamericana condenó al Estado por estos sucesos y le ordenó indemnizar a los familiares de los ajusticiados y a los dos supervivientes, pagos que fueron realizados en su mayoría durante el segundo mandato del presidente Rafael Caldera (1994-1999), precisaron en el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que recordó que hasta el momento las autoridades no han hecho nada para procesar a los funcionarios involucrados.
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el caracazo. En febrero y marzo de 1989 se produjeron en Caracas y otras ciudades protestas por las medidas económicas del Gobierno, las cuales fueron reprimidas por las autoridades dejando cientos de víctimas.
En 2002 la Corte condenó al Estado por esos hechos y le ordenó tomar ocho medidas, de las cuales apenas ha cumplido cuatro en estos años (las relacionadas con el pago de las indemnizaciones a las víctimas y los honorarios de sus abogados).
Desde el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) denuncian que hasta ahora nadie ha sido procesado por estos hechos, no han sido identificados los restos de las víctimas ni tampoco se han reformado los dispositivos de orden público, para hacerlos respetuosos de los Derechos Humanos.
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desapariciones forzadas en vargas. En diciembre de 1999, medio de las lluvias que azotaron al estado Vargas, efectivos militares y policiales practicaron detenciones arbitrarias y desaparecieron a personas señaladas de ser delincuentes. En un primer momento el Gobierno negó los señalamientos, pero después los reconoció.
En 2005 la Corte dictó su tercera condena contra Venezuela y le ordenó investigar las desapariciones forzadas de Oscar Romero, Roberto Hernández y José Rivas, indemnizar a sus familiares, reformar la ley para castigar este tipo de crímenes, formar a los cuerpos de seguridad para evitar este tipo de situaciones y publicar extractos del fallo en la Gaceta Oficial. Desde Cofavic afirman que ninguno de estos mandatos ha sido cumplido.
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retén de catia. En noviembre de 1992, mientras el país era sacudido por una nueva intentona golpista, en el Retén de Catia los policías hicieron creer que a los presos que los dejarían en libertad porque el Gobierno cayó, pero cuando comenzaron a salir los custodios abrieron fuego matando a cientos de ellos.
En 2006 la Corte declaró la responsabilidad del Estado en estos eventos y le ordenó investigar y procesar a los funcionarios que participaron, ubicar los restos de las víctimas, indemnizar económicamente a sus familiares, adecuar las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales y capacitar a los custodios en Derechos Humanos; y disculparse públicamente por lo ocurrido. Cofavic asegura que ninguna de esas órdenes ha sido cumplida.
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corte primera. En 2003 la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituyó a los miembros de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, a quienes acusó de incurrir en un «error grave». Los jueces cuestionaron la legalidad de la medida, por cuanto a ellos los nombró el Tribunal Supremo (TSJ).
En 2008 el Estado fue hallado responsable de violar el debido proceso a los jueces y por ello le ordenó, por medio del TSJ, que los reincorporara a sus puestos o que les cancelara una indemnización para reparar los daños que sufrieron. Asimismo ordenó que fuera aprobado el Código de Ética del Juez.
En diciembre de ese año la Sala Constitucional del TSJ dictó una sentencia en la cual declaró que esa resolución era «inejecutable».
6
RCTV. Casi desde el momento en que asumió la Presidencia de la República, Hugo Chávez ha mantenido una relación difícil con los medios de comunicación, a los cuales acusa de querer acabar con su Gobierno. Cada vez que el mandatario ha fustigado a los medios se han registrado ataques contra éstos. Uno de los blancos predilectos han sido los empleados e instalaciones Radio Caracas Televisión (RCTV).
En 2009 la Corte acusó al Estado de restringir la labor de los medios y periodistas de esa planta y por ello le ordenó investigar todos los casos de agresiones contra comunicadores y poner fin al discurso descalificatorio contra ellos y a los obstáculos para el libre flujo de informaciones. Sin embargo, ninguna de esas órdenes ha sido cumplida hasta ahora.
7
globovisión. El canal de noticias es otro de los objetivos preferidos del presidente Hugo Chávez, quien no ha dudado en calificarlo de «cloaca» y en reiteradas ocasiones ha amenazado con cerrarlo, bajo el argumento de que se presta para planes desestabilizadores.
En 2009, a la par que dictó la condena por las agresiones contra los trabajadores de RCTV, la Corte Interamericana dictó una decisión similar en relación con Globovisión y le ordenó a las autoridades investigar y sancionar a los responsables de agredir a los trabajadores y directivos de esa planta. Asimismo exigió de las autoridades, empezando por el mandatario, que cesen sus descalificaciones contra los medios. Sin embargo, hasta este momento ninguna de esas resoluciones ha sido acatada.
8
jueza reverón. En 2002 la entonces jueza 14 de Control de Caracas, María Cristina Reverón Trujillo, fue destituida por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y aunque la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo determinó que esa decisión no estuvo ajustada a derecho, pues no fue reincorporada.
Este caso le valió en 2009 a Venezuela su octava condena por violación a los Derechos Humanos de uno de sus ciudadanos. En el fallo el tribunal internacional ordenó la reincorporación de Reverón a su cargo o que le pagara una indemnización si eso no era posible, que aprobara el Código de Ética del Juez, que dejara de considerar de libre nombramiento y remoción a los jueces provisorios. Ninguna de esas órdenes ha sido cumplida.
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caso barreto leiva. En 1996 Oscar Barreto Leiva, ex director de Administración del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, fue detenido y procesado por el caso de la partida secreta que le costó su puesto al presidente Carlos Andrés Pérez. El ex funcionario denunció que en el proceso, el cual terminó con una condena, se le violaron sus derechos al debido proceso, a la defensa y se le negó la posibilidad de recurrir la condena.
Tras revisar estos alegatos, la Corte Interamericana condenó al Estado en 2009 y le ordenó ajustar su normativa sobre los procesos judiciales a la Convención Americana, revisar el fallo si así lo solicitaba Barreto, cancelarle una indemnización como reparación por los daños sufridos y publicar el fallo en la Gaceta. Nada de esto se ha cumplido.
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caso usón. Las explicaciones que el ex ministro de Finanzas, general (r) Francisco Usón, dio en televisión sobre el uso de un lanzallamas, a propósito de un incidente registrado en un cuartel en el Zulia, donde murieron varios soldados, le costaron cinco años de cárcel, pues el uniformado fue condenado por ofender a la Fuerza Armada.
En 2009 la Corte Interamericana revisó este caso, determinó que el Estado violó garantías fundamentales y le ordenó anular el proceso contra Usón, modificar la legislación interna para asegurarse que los tribunales castrenses solamente procesen a militares y para eliminar los delitos de ofensa y ultraje a la Fuerza Armada. También ordenó que se publique el fallo en la Gaceta y que compense al general. Nada de esto se ha cumplido
Juan Francisco Alonso
Fuente: El Universal 28.02.2011. (título: Provea)
Foto: Provea
