La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que actualmente el Ministerio Público está investigando a 111 empresas que habrían estafado a ciudadanos a través de las ventas programadas de vehículos.
Asimismo, precisó que por estos mismos hechos hay 8 personas privadas de libertad, 15 acusadas, 33 con orden de aprehensión, 24 medidas reales (incautación de bienes y congelación de cuentas) contra los propietarios y directivos de las empresas investigadas.
También agregó que existen ocho medidas reales contra los concesionarios y empresas que utilizaban la modalidad de ventas programadas de vehículos.
Explicó que el Ministerio Público no sólo está encargado de ejercer la acción penal, sino también está preocupado porque a las víctimas se les repare el daño causado.
Es por ello que informó sobre un cronograma de reuniones que se realizan en cada uno de los estados del país, coordinadas por los fiscales superiores de las respectivas jurisdicciones, donde no sólo participa el Ministerio Público sino también representantes del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones involucradas.
Al respecto adelantó que este viernes 20 de mayo se tiene previsto efectuar una reunión en el Centro Sirio Venezolano de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, para darles respuestas a las víctimas, mientras que el sábado 21, la actividad se realizará en el Hotel Venatur, en Margarita.
Cabe destacar, que este conjunto de actuaciones obedece al cumplimiento del Plan Contra el Fraude, Estafa y Usura, el cual arrancó desde el 2009 y tiene dos modalidades: vivienda y vehículos.
Caso Yumare
La Fiscal General también se refirió al caso Yumare y destacó que por este suceso, ocurrido en 1986, admitió recientemente los hechos el general retirado del Ejército, Alexis Sánchez. “Y no sólo asumió su responsabilidad y admitió los hechos, sino que pidió perdón a las víctimas”, detalló.
Recordó que por este hecho, el Ministerio Público solicitó 12 órdenes de aprehensión, las cuales fueron dictadas por el Tribunal respectivo, sin embargo, no ha sido posible materializarlas porque las personas no han sido ubicadas.
Resaltó la actuación de los fiscales del Ministerio Público en esta investigación, a pesar de los años transcurridos, pues gracias a la contundencia de los elementos recabados este ex funcionario admitió los hechos y fue condenado a 13 años de prisión.
“El Ministerio Público se ha empeñado en hacer justicia, se ha empeñado en sancionar a aquellas personas que durante muchos años violaron los derechos humanos, ejecutando acciones graves”, dijo Ortega Díaz.
Respecto al caso de las personas detenidas en Colombia por guardar relación con el homicidio del periodista Orel Sambrano y el médico veterinario Francisco Larrazábal, la Fiscal General precisó que los dos aprehendidos tenían alerta roja de Interpol.
En tal sentido, manifestó que el Ministerio Público ya solicitó la extradición de las dos personas al tribunal de control respectivo, instancia que luego enviará la petición a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para su aprobación.(MP;18.05.2011)
