Durante su intervención ante los legisladores, la máxima representante del MP  indicó que el informe describe los logros alcanzados por la actual gestión, la cual se distingue por su carácter transformador, pues se ha desarrollado de manera precisa y detallada, estudios, análisis y diagnósticos de las debilidades y obstáculos que presenta el sistema de justicia penal para transformarlo en fortaleza.

En ese sentido, Ortega Díaz informó que durante el año 2010 ingresaron al Organismo un total de 752.376 solicitudes, de las cuales 632.843 fueron denuncias, querellas e investigaciones que se inician de oficio por la presunta comisión de hechos punibles de acción pública.

Destacó que producto de 102.553 procedimientos penales, los fiscales del MP realizaron la presentación ante los tribunales de control de 137.461 personas aprehendidas en flagrancia.

Clarificó que los procedimientos flagrantes ocurren cuando las personas son sorprendidas cometiendo el delito, o al ser perseguidos por la fuerza pública, la víctima o el clamor popular, con los objetos que hacen presumir su responsabilidad.

El informe refleja que todo ese arduo trabajo de presentar tal cantidad de personas, junto con el trámite de 632.843 denuncias, fue realizado por 690 despachos fiscales con que cuenta el MP para ejercer la acción penal.

La Fiscal General dijo que también se cuenta con otros 27 despachos fiscales cuya  competencia es para actuar ante las salas Electoral y Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia y con el objeto conocer de las materias disciplinarias, garantías constitucionales y contencioso administrativo.

Bajo esos parámetros, se realizó durante 2010 un total de 133.636 actos de imputación a través de los fiscales adscritos a las direcciones de Delitos Comunes (65.345), Protección Integral de la Familia (43.560), Contra las Drogas (20.737), Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental (1.772), Contra la Corrupción (1.210) y Protección de Derechos Fundamentales (1.012).

Acotó la Fiscal General que dentro de ese combate al delito, los fiscales del MP solicitaron la realización de 257.405 actuaciones al órgano jurisdiccional (tribunales y otras instancias) encaminadas a hacer efectiva la responsabilidad penal de los autores de los delitos que se investigan.

Esa cifra de actuaciones judiciales en materia penal, se discriminan en imputaciones (102.553), audiencias preliminares realizadas (85.941), juicios efectuados (49.161), solicitudes de órdenes de aprehensión (6.265), de allanamiento (9.698), de   prohibición de enajenar y gravar bienes (1.102) y de prohibición de salida del país (2.685).

Respecto a los egresos de 2010, que son causas iniciadas en años anteriores y las correspondientes a ese mismo año, se contabilizaron 615.877.

Acotó que los egresos están representados por los actos conclusivos. “Cuando se inicia una investigación porque se comete un delito, la única manera de terminarla es a través de un acto conclusivo, que puede ser acusación, sobreseimiento o archivo fiscal”, resaltó que los fiscales presentaron durante 2010, un total de 520.010 actos conclusivos.

Dura lucha contra las drogas

En el  combate con las drogas, los fiscales del MP presentaron 17.715 actos conclusivos, 20.737 imputaciones, intervinieron en 58.992 actuaciones judiciales de los cuales 12.725 fueron acusaciones.

Adicionalmente, se realizaron para lograr 16.799 procedimientos por aprehensiones flagrantes, 25.695 audiencias preliminares, 12.345 juicios realizados, 2.970 solicitudes de órdenes de allanamiento, 897 prohibiciones de salida del país, 184 pedimentos de órdenes de aprehensión y 102 de prohibición de enajenar y gravar bienes.

Asimismo, los fiscales en materia de lucha contra las drogas, adelantaron procedimientos para la incautación 11.725 toneladas de sustancias químicas precursoras en la elaboración de drogas ilícitas.

Igualmente, para la desarticulación de las estructuras económicas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, el MP estandarizó las políticas de investigación patrimonial que consiste en la determinación y vinculación de aquellos bienes obtenidos como producto de dicha actividad ilícita. Esa lista está encabezada por:66 aeronaves, 48 inmuebles, 8 embarcaciones, 707 vehículos, 305 armas de fuego, 1.059 equipos de telecomunicaciones y 7.914 de diversos tipos que pasaron a custodia del Estado.

Se coordinó con otros órganos del Estado la destrucción de 46.155 kilos de sustancias ilícitas a través de 160 actos de incineración en hornos pirolípticos que no permiten daños al ambiente.

Protegiendo a los más débiles

La Fiscal General subrayó que la Dirección de Protección Integral de la Familia desarrolla su actividad a través de cuatro áreas fundamentales: protección de víctimas niños, niñas y adolescentes (penal ordinario), responsabilidad del adolescente; violencia contra la mujer y protección civil e instituciones familiares (obligación de manutención, convivencia y adopción).

Manifestó que se reportaron 157.187 egresos en estas áreas; los fiscales presentaron 88.187 actos conclusivos; 43.560 imputaciones realizadas e intervinieron en 51.065 actuaciones ante los tribunales penales.

En noviembre de 2010 fue inaugurada  la Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral de Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cuya función no es sólo la de prestar ayuda a estas personas sino colaborar con los fiscales con las experticias para los juicios.

Vale destacar que los fiscales en materia de protección Integral de la Familia realizaron  de los que 29.891 fueron procedimientos por aprehensiones flagrantes, 12.698 audiencias preliminares, 6.447 juicios realizados, 1.689 órdenes de aprehensión, 306 órdenes de allanamiento y 29 prohibiciones de salida del país, entre otros.

Protección en los delitos más comunes

Con relación a las causas más frecuentes que maneja el sistema judicial (homicidio, lesiones personales, robo, hurto de vehículos u objetos, secuestro, violación y actos lascivos, acaparamiento, especulación, extorsión, apropiación indebida, estafa y otros que atenten contra los intereses públicos y privados), esta Dirección cuenta con 306 despachos fiscales.

Así, fueron presentados 359.366 actos conclusivos, entre ellos las referidas 65.345 imputaciones, intervinieron en 141.043 actuaciones judiciales discriminadas en 55.064 presentaciones por flagrancia, 45.177 audiencias preliminares, 28.802 juicios efectuados, 3.872 órdenes de aprehensión y 5.985 pedimentos de órdenes de allanamiento.

La actividad desplegada por 7 fiscales nacionales y 60 regionales, condujo a la recepción de 430 denuncias, con un balance inicial en 2010 de 7 acusaciones presentadas y realizado 255 actuaciones judiciales distribuidas en 26 solicitudes de medidas privativas de libertad, 75  prohibiciones de salidas del país, 64 de enajenar y gravar, 90 de bloqueo  e inmovilización y hasta el 31 de diciembre se habían aprehendido 12 representantes de algunas promotoras y constructoras de viviendas y apartamentos incursos en delitos.

La Fiscal General también se refirió a la respuesta que el llamado Plan FEU ha dado a quienes se han visto afectados por delitos en las negociaciones de compra y venta de vehículos, pues de los 580 casos investigados, se han derivado 7 acusaciones, 6 solicitudes de medidas cautelares y  3 personas aprehendidas.

Hizo mención a los fiscales con competencia para intervenir en las fases intermedia y de juicio, lo cual arrojó como resultado la condenatoria de 104  personas por admisión de los hechos ante la contundencia de las acusaciones presentadas.

Igualmente, se refirió al compromiso del MP con los trabajadores venezolanos al  saldar una deuda con la Ley Orgánica para la Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, al crear una fiscalía especializada para investigar en caso de que se produzca la muerte de un trabajador por violaciones graves a las normas de seguridad y salud del trabajo.

Cuidar es querer el futuro

La Fiscal General destacó la vocación ambientalista que tiene la actual gestión 2008-2014, incluso en la protección del agua, a propósito de haberse celebrado este 22 de marzo su día mundial.

La Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del MP reportó 4.163 causas que tuvieron sus respectivos actos conclusivos.

Junto con las previamente señaladas 1.772 imputaciones, los fiscales de ambiente intervinieron en 2.377 actuaciones jurisdiccionales, entre ellas 558 aprehensiones por flagrancia, 1.183 audiencias preliminares, 347 solicitudes de prohibiciones de salida del país y 95 juicios realizados.

Paralelamente, se efectuaron diversas intervenciones de los fiscales para la protección del recurso hídrico, mediante las medidas precautelativas acordadas en las cuencas hidrográficas de los estados Bolívar y Trujillo y acciones semejantes en Falcón Nueva Esparta y Sucre.

Mención aparte merece la participación del MP en el desmontaje de los campamentos ilegales en la cuenca del Río Caura, donde hubo 17 detenciones y se destruyó y decomisó equipos materiales depredadores del ambiente.

Derechos humanos

De los 25.644 egresos en las tres materias que coordina la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del MP (protección, ejecución de sentencias y régimen penitenciario), hubo 9.131 actos conclusivos, con las citadas 1.012 imputaciones e intervinieron en 1.400 actuaciones judiciales, de ellas 840 juicios realizados y 423 audiencias preliminares efectuadas, entre otras.

Dentro de los planes de disminución del retardo procesal, se llevaron a cabo actuaciones judiciales de diferentes índoles en los centros penitenciarios General de Venezuela, Rodeo I y II, Yare I, II y III, Uribana y los ubicados en el área metropolitana de Caracas.

Destacó la labor de los fiscales de Derechos Fundamentales en lo que se relaciona con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los sucesos de los días 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocido como El Caracazo.

En ese sentido, narró que esa deuda está siendo saldada con la actuación de los fiscales que durante 2010 libraron más de 2 mil oficios y practicaron más de 1.500 diligencias de investigación para esclarecer los hechos, lo cual condujo a la presentación de 3 acusaciones contra Italo del Valle Aliegro, Manuel Heinz Azpúrua y José Rafale León Orsoni, por los delitos de homicidio calificado en grado de cómplices necesarios y quebrantamientos de pactos internacionales

También informó sobre una investigación por la denuncia, hecha en 2009, de 1.600 venezolanos que fueron asesinados, desaparecidos y torturados durante las décadas del  60, 70 y 80, en la mayoría de los casos por manifestar su disidencia política.

El terrible flagelo de la corrupción

Durante 2010, los fiscales de MP presentaron 3.210 actos conclusivos, y, conjuntamente con las 1.210 imputaciones efectuadas por los fiscales, intervinieron en 2.530 actuaciones para realizar 223 presentaciones en tribunales por flagrancia, 322 órdenes de aprehensiones solicitadas, 323 solicitudes de órdenes de allanamientos, 765 audiencias preliminares, 634 juicios, 138 pedimentos de prohibición de salida del país y 125 de enajenar y gravar bienes.

Una acción trascendental fue la actuación del MP con ocasión a las investigaciones iniciadas a raíz de las intervenciones realizadas a los bancos Provivienda, Confederado, Bolívar, Real, Central, Banivest, Bannorte, InverUnión, Del Sol, Mi Casa, Helm Bank, Bancoro, Banvalor, Casa Propia y Federal, en las que se ejercieron acciones orientadas a castigar a los responsables de los delitos que se cometieron en detrimento de miles de ahorristas y al aseguramiento de los bienes de las instituciones y personas investigadas, para lograr la recuperación de activos que permitan minimizar el daño causado al patrimonio del Estado y a los ahorristas.

Por los casos de intervenciones bancarias, se aseguraron gran cantidad de bienes que incluyen haciendas, hatos, fincas, haras, inmuebles, locales comerciales, un conjunto residencial, estaciones de servicios, plantas procesadoras de alimentos con sus galpones y maquinarias, aeronaves, vehículos y miles de animales equinos, bufalinos y aves exóticas, entre otros.

En el proceso de investigación realizado en el caso relativo a presuntas irregularidades en la empresa Producción y Distribución Venezolana de Alimentos (Pdval) asociadas al hallazgo de 1.196 contenedores con productos vencidos, el MP solicitó la privativa de libertad contra tres personas y, posteriormente, se les solicitó el enjuiciamiento, el cual fue ordenado por el órgano jurisdiccional.

Municipalización de la justicia

La Fiscal General precisó que las novísimas fiscalías municipales, significaron un gran avance en el acercamiento de la justicia a las comunidades al “municipalizarla”.

Así, estas fiscalías no sólo atendieron los casos más urgentes de las comunidades, sino que presentaron 886 egresos con un total de 486  actos conclusivos, amén de las 199 charlas realizadas a los consejos comunales e instituciones educativas, beneficiándose una población de 26.835 ciudadanos.

Mientras, las Oficinas de Atención al Ciudadano prestaron servicio a 87.030 personas, las Unidades de Atención a la Víctima en ocho estados solamente atendieron a través de las áreas psico-sociales a 33.530 personas, de las cuales 27.038 fueron víctimas directas, tramitándose 2.850 medidas de protección a fin de garantizar y asegurar la integridad física de ellas.

A través de la Coordinación de Gestión Social, se realizaron talleres para la formación de 109 funcionarios del MP; 28 actividades recreativas y culturales en la plaza Parque Carabobo y conjuntamente con las Fiscalías Superiores se ejecutaron 1.050 charlas sobre diversos temas de interés jurídico para las comunidades.

En el gran avance que significó la puesta en funcionamiento de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales el 15 de marzo de 2010, se realizaron 56 experticias técnicos científicas con sus informes periciales, 229 diligencias de investigación criminal de diversas índoles, y el punto culminante que significó haber participado sus expertos en las exhumaciones del Padre de la Patria, Simón Bolívar, y de sus hermanas María Antonia y Juana.

Por su parte, la Dirección General de Apoyo Jurídico elaboró  723 actuaciones en materia internacional, entre ellas 41 solicitudes de extradición y/o detención preventiva con esos fines.

Por otro lado, la Escuela Nacional de Fiscales prosiguió con su labor permanente e incesante de preparación y formación del personal del MP mediante la capacitación de 5.439 funcionarios, además de la realización de numerosos eventos, talleres, foros, jornadas y seminarios de carácter nacional e internacional.(MP;23.03.2011)

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