El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ratificó en un comunicado, sus críticas a la actuación del Ministerio Público que ha desatendido el caso de la masacre de El Amparo (1988), de la que se cumplirán este 29 de octubre 22 años.
Destacan que en la Memoria y Cuenta de 2009 de la Fiscalía General de la República, se evidencia que se ordenó avanzar sólo en las investigaciones de los crímenes de Cantaura (1982) y Yumare (1986).
Si bien Provea saluda las actuaciones de la Fiscalía en los otros casos, ratifican que «resulta inaceptable que no se realice ningún esfuerzo para investigar la masacre de El Amparo, que no se reciba a los dos sobrevivientes ni se tenga igual atención con los familiares de las víctimas».
«Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de la sentencia sobre el caso realizada por la CIDH, en donde el Estado tiene la obligación de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. El proceso de investigaciones debe contar con la participación activa de los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus representantes legales», recalca el texto.
En El Amparo murieron 14 pescadores, mientras que José Augusto Arias y Wolmer Pinilla lograron salvar la vida y relatar lo ocurrido a manos de funcionarios de seguridad del Estado. Recuerda Provea que en agosto de 2008 los dos testigos sobrevivientes, acompañados de Provea y la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz, solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria.
Provea insiste en que el caso reciba trato igualitario, exige el cumplimiento de la sentencia del CIDH que obliga al Estado a enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como solicitan que la AN divulgue la investigación de asesinatos y desapariciones de los años 60, 70 y 80. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 28.10.10)
