El Equipo Coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se trasladó la mañana de este 27.08.2014 a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en el Helicoide, Caracas, con el propósito de visitar a los jóvenes y estudiantes que permanecen recluidos en la referida sede policial desde el mes de febrero, y constatar las condiciones de su reclusión y el respeto a su integridad física.
Sin embargo, efectivos del SEBIN obstaculizaron el ingreso del equipo de Provea a las instalaciones, alegando haber recibido órdenes superiores para impedir la visita a personas que no guardaran ningún parentesco directo con los detenidos. Inmediatamente el Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, se comunicó con la defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, para solicitar que intercediera ante la directiva del cuerpo policial y se garantizara el ingreso del personal de la ONG a la mencionada visita. Pese a que la Defensora del Pueblo se comprometió a realizar las gestiones correspondientes, nunca obtuvimos respuesta alguna de parte de ningún organismo.
En conversación con los funcionarios que permanecían de guardia en el SEBIN, estos afirmaron que una de las razones para limitar nuestro ingreso obedecía a lo ocurrido en días recientes con el estudiante Gerardo Carrero, quien denunció a un funcionario del cuerpo de inteligencia por haberlo golpeado en medio de una huelga de hambre que realizaba el joven. Carrero, fue trasladado a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, luego que la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público abriera una investigación contra el Director del Sebin Carlos Calderon.
A pesar de haberse el 22.07.2013 la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, estas prácticas siguen siendo recurrentes entre las actuaciones de los cuerpos policiales y militares del país. En 2014 muchos de los patrones asociados a prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes practicados durante las manifestaciones de 2013 se repitieron en las protestas de febrero-mayo de este año. Los familiares de los afectados y sus abogados, así como las ONG de derechos humanos se quejaron de los bloqueos y malos tratos recibidos en esos cuatro meses.
También en el contexto de las manifestaciones realizadas entre febrero y mayo de 2014, la mayoría de los episodios denunciados por torturas y malos tratos contra los detenidos, se produjeron en los centros de detención. En los cuatro meses de protesta fueron constantes las denuncias por incomunicación de detenidos, obstáculos a la labor de abogados defensores y ausencia de información sobre los centros de detención, lo que -además de violar el derecho a la defensa- atenta contra los estándares nacionales e internacionales e internacionales en materia de prevención de tortura.
Si el gobierno nacional afirma que se respeta la integridad física de los detenidos, ¿por qué impedir a una ONG como Provea realizar su trabajo de velar por el respeto a los derechos de los jóvenes recluidos en el Sebin?. El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ha instado a los Estados a adoptar medidas concretas para crear, en la ley y en la práctica, un entorno seguro y propicio en el que los defensores de los derechos humanos puedan actuar libres de obstáculos. Obstaculizar la visita de una ONG de derechos humanos a los detenidos en el SEBIN impide constatar las condiciones reales de su reclusión y genera dudas acerca del respeto a su integridad física.
Provea insistirá en visitar la sede del organismo policial para constatar el respeto a los derechos de los detenidos quienes, en algunos casos, permanecen recluidos en El Helicoide desde hace más de 100 días, convirtiéndose en un claro ejemplo de la instrumentalización de la justicia para criminalizar la protesta social y perseguir penalmente a quienes ejerzan derechos establecidos en nuestra Carta Magna. (Prensa Provea, 27.08.2014)
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