La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que el poder judicial de Venezuela “prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno”, desde que el chavismo y “sus partidarios en la Asamblea Nacional” asumieron “el control político de la Corte Suprema” (Tribunal Supremo de Justicia).
En su informe anual, presentado hoy, HRW censuró a las autoridades venezolanas por “aprovechar la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos”, como Leopoldo López.
“Durante el juicio a López, la Fiscalía no presentó evidencias creíbles que lo incriminasen” y “el juez encargado, cuyo cargo es provisional y no posee estabilidad garantizada, no permitió que la defensa presentase sus pruebas”, según el documento.
HRW subrayó que “miembros de la Corte Suprema han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y se han comprometido públicamente con la defensa de la agenda política del Gobierno, decidiendo reiteradamente a su favor y validando su falta de respeto a los derechos humanos”.
Incluso algunos abogados han sido procesador por “ofrecer asistencia jurídica a sus clientes”, añade la ONG.
El informe incide también en la ausencia de pluralidad en los medios de comunicación, una circunstancia que atribuye al Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro por “haber ampliado y abusado de sus poderes” para controlar a la prensa.
De acuerdo con la organización, Maduro “adoptó medidas agresivas para reducir el número de medios con programación crítica”, lo que ha convertido la autocensura en “un problema grave”.
Otro apartado lo ocupa el operativo de seguridad Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementado en 2015 y que consiste en el despliegue de un gran número de policías y militares en zonas consideradas como “violentas” para realizar allanamientos, detenciones e incautaciones.
Durante las operaciones, que han causado varias muertes, “las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a domicilios, además de abusos físicos y verbales”, criticó HRW.
La organización también reprobó las deportaciones arbitrarias y la marginalización que se ha llevado a cabo en el país contra “los defensores de los derechos humanos mediante repetidas acusaciones, infundadas en el intento de debilitar la democracia de Venezuela”.
Por otro lado, el informe alerta de las dificultades que afronta la población para conseguir medicamentos básicos, por lo que asevera que el Gobierno ha fallado en garantizar que las medicinas “estén disponibles y accesibles a todos los venezolanos sin distinción”.
La ONG reitera “el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela” y recuerda que, pese a los pedidos de Naciones Unidas, el país todavía no ha permitido la visita de ningún especialista desde 1996.
