Al cumplirse 25 años del suceso conocido como la Masacre de El Amparo, un equipo de Provea se trasladó hasta esta población del estado Apure, para compartir con los sobrevivientes y familiares de los asesinados las experiencias, alegrías y tristezas que a lo largo de todo este tiempo han acumulado en su larga lucha por encontrar justicia.
Como se recordará, el 29 de octubre de 1988, 14 pescadores fueron asesinados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), un grupo comando creado en 1987 e integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) actual CICPC, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) actual SEBIN, y miembros de las Fuerzas Armadas.
Nuestra primera parada fue en Guasdualito, allí fuimos recibidos por la calidez y amabilidad de nuestro amigo Wolmer Pinilla, uno de los dos sobrevivientes de la masacre, quien junto a José Augusto Arias, sirvió de testimonio viviente para desmentir las acusaciones que el gobierno de Jaime Lusinchi pretendió lanzar contra los asesinados.
Wolmer, acababa de participar en un foro realizado el 28.10.13 en San Cristóbal y organizado por el diputado Walter Márquez y el Colegio de Periodistas del estado Táchira, donde se dieron cita comunicadores, abogados y estudiantes de esa entidad, para conocer el relato de este incansable luchador. Al vernos, preparamos los detalles de lo que sería esta nuevo encuentro de Provea con los familiares de las víctimas.
A las 08 de la mañana del 29.10.13, llegamos a la Plaza Bolívar de El Amparo, allí nos esperaban Noira Modesta López viuda de Marino Emeterio Vivas y Rosa Tulia Eregua madre de Carlos Antonio Eregua, ambos asesinados en la masacre. Poco a poco fueron llegando los demás, Teresa Pérez, viuda de Luís Alfredo Berríos, José Puerta, padre de José Ramón Puerta, Moira Guerrero, hija de José Indalecio Guerrero, José Gregorio Balajo, hijastro de José Indalecio, José Augusto Arias y Wolmer Pinilla.
Desamparados.
Así dijeron sentirse los familiares y sobrevivientes, al lamentar que la impunidad haya marcado el caso durante estos 25 años. En El Amparo, el dolor se sigue mezclando con la rabia y la indignación, la misma indignación que a pocas horas de los hechos guió a la mayoría de sus pobladores a agolparse frente a la comisaría policial para evitar que el Ejército se llevara y rematara a los sobrevivientes de la masacre, y que hoy mantiene viva la historia de vida y de lucha de este pequeño poblado ubicado al sur de nuestra geografía.
Los recuerdos están más vivos que nunca. La memoria de los sobrevivientes y los familiares de los asesinados ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo la principal arma para luchar contra la impunidad.
Poco a poco se fue abriendo paso al testimonio y así, en medio de la tristeza y los recuerdos, cada uno de ellos nos fue contando un pedacito de aquella trágica crónica, pero también, del significado que ha tenido esta experiencia en la que se han convertido en compañeros, amigos, y defensores de la misma causa.
«Estos hechos deben ser definitivamente aclarados y las personas que cometieron esta masacre deben ir a la cárcel, El Amparo no puede quedar impune» dijo Moira Guerrero. «Muchas de las masacres del pasado han sido investigadas, menos la de El Amparo, me imagino que es porque hay mucha gente involucrada que pertenece al gobierno», añadió.
Y es precisamente ese el principal reclamo de los afectados. La ausencia de justicia por parte de un Estado que se ha convertido en cómplice de los asesinos y en generador de impunidad. Es mucha la indignación que le causa a los familiares y sobrevivientes, el hecho que buena parte de los involucrados en la masacre, hoy ocupen o hayan ocupado altos cargos en instituciones públicas.
Provea coincide con ellos, y ha calificado como un aval a la impunidad en la Masacre de El Amparo que autoridades nacionales hayan obviado solicitudes de investigación a ciudadanos señalados como autores materiales e intelectuales de los hechos. Tal es el caso de Ramón Rodríguez Chacín -según el expediente uno de los presuntos autores intelectuales-, y quien hoy ocupa el cargo de Gobernador del estado Guárico por el PSUV.
«Sabemos que algunos funcionarios de este gobierno formaron parte de la masacre, por eso sigue habiendo silencio», expresó Wolmer Pinilla.
El para entonces Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del CEJAP, grupo responsable del asesinato de los 14 pescadores y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.
Pero ellos no son los únicos que han ocupado altos cargos en los últimos años.
Entre los señalados como autores intelectuales de la masacre destacan el General (Ej.) Camejo Arias, quien fuera designado como Director de Seguridad de la Gobernación del estado Bolívar en 2004, durante la gestión del ex gobernador Antonio Rojas Suárez; el Coronel (Ej.) José Vivas Quintero, quien fuera Diputado al Parlamento Andino en representación del Movimiento Quinta República (MVR), y luego postulado por esa tolda política para ser miembro del Consejo Nacional Electoral, siendo impugnado por Provea; el Comisario Henry López Sisco, fue contratado por el ex Gobernador Manuel Rosales como Asesor de Seguridad en la Gobernación del Zulia; Ricardo Pérez Gutierrez, juez militar que instruyó el expediente de la masacre y revocó los autos de detención contra los funcionarios involucrados en los hechos, dictando autos de detención contra los sobrevivientes por «rebelión militar», fue contratado como asesor jurídico del Ministerio de la Defensa durante la gestión de José Vicente Rangel al frente de ese Despacho. Por último, entre los autores materiales, figura Omar Antonio Pérez Hudson, quien para la fecha de la masacre poseía el rango de Sargento Técnico de Primera (Ej.), y que fuera nombrado Director Nacional de Investigaciones de la Disip en el año 2000.
Los sobrevivientes y familiares junto a Provea han solicitado insistentemente la investigación de estos y otros ciudadanos, sin que hasta el presente haya habida una demostración de voluntad real por parte de las instituciones del Estado, para investigar y sancionar a los presuntos responsables.
En febrero de 2013, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, se comprometió con Provea a realizar una visita a la población de El Amparo para conversar con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes. Han transcurrido 8 meses, y hasta ahora la Fiscal no ha honrado su compromiso, omisión que permite que uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en el pasado continúe en impunidad.
Noira Modesta López tiene un solo reclamo: «Queremos justicia. Mataron a padres de familia, quedamos las viudas por allí con nuestros hijos, recibiendo humillaciones. Mataron a 14 pescadores, como pueden seguir libres como si no hubiera pasado nada».
Para Provea, es necesario que el Estado cumpla el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que estableció la obligación de elaborar un cronograma detallado de las gestiones que realizará para investigar los hechos, identificar, y sancionar a los responsables. El Estado venezolano se había comprometido a entregar este cronograma el pasado 25.06.10 y aún no lo ha realizado.
Asimismo, en cumplimiento a lo señalado en la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, el Ministerio Público debe investigar al ciudadano Ramón Rodríguez Chacín, entre otros, como presunto autor intelectual de la Masacre de El Amparo.
De igual manera, la Fiscal General de la República debe dar respuesta a la solicitud formulada por Provea en agosto de 2009, y ratificada verbalmente por la funcionaria en febrero del 2013, de reunirse con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes en la población de El Amparo para dar respuesta a sus demandas de acceso a la justicia.
«Acción Democrática ocultó la verdad, y estamos en este Gobierno y también ocultan la verdad, entonces a ¿quién se le puede creer?. Aquí tendremos que pedir otra vez la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esto no quede impune», puntualizó Wolmer Pinilla al tiempo de afirmar que se sienten con toda la fuerza para luchar el tiempo que sea necesario hasta que se haga justicia.
Al final de nuestro encuentro, a orillas del Río Arauca, Wolmer y José Augusto recordaron el momento en que abordaron el «motor» para ir a preparar aquella sopa de gallina junto a sus 14 compañeros asesinados. En sus mentes, sigue intacto el sabor de unas guayabas que comieron esa mañana, antes que la alegría fuera interrumpida por el sonido de las ametralladoras y el olor a pólvora.
Aquel 29 de octubre cambió para siempre la vida de las madres, esposas, hijos y hermanos de estos 14 pescadores que fueron acribillados sin ningún motivo. José Indalecio Guerrero, José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado, siguen allí, en el Caño La Colorada, aferrados a la memoria para sobrevivir al olvido. (Prensa Provea, 04.11.13)
