El Ministerio Público acusó al ex jefe de la delegación de Coro de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), José Mercedes Penot Rivas (84), por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de José Agustín Petit Colina (29), hecho ocurrido el 28 de marzo de 1967 en el sector Pueblo Nuevo, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.
El fiscal 80º nacional, Elvis Rodríguez, acusó a Penot Rivas por la presunta comisión del delito de desaparición forzada de persona, previsto y sancionado en el artículo 180 del Código Penal.
En el escrito presentado ante el Tribunal 5º de Control de Lara, el representante de la institución solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga la medida de casa por cárcel, acordada previamente por la referida instancia judicial en virtud de la avanzada edad del mismo.
Según el relato de testigos, en horas de la noche del citado día, Petit Colina conversaba con sus vecinos en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, donde repentinamente llegó un vehículo con funcionarios de la Digepol y del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), entre los cuales presuntamente se encontraba Penot Rivas.
Petit Colina y sus acompañantes fueron sometidos por los funcionarios e introducidas en el vehículo en el que habrían sido trasladados hasta la ciudad de Coro.
Inmediatamente, los familiares de Petit Colina, conocido como un importante luchador social a favor de los campesinos, iniciaron una serie de diligencias en diferentes órganos de seguridad del estado Lara para dar con su paradero; sin embargo, nunca obtuvieron información ni lograron localizar su cuerpo.
En este sentido, tras más de 40 años de la desaparición de Petit Colina, el Ministerio Público coordinó una serie de investigaciones, a través de las cuales se logró, a partir del testimonio de un testigo, recabar elementos de convicción que vinculan a Penot Rivas con la desaparición forzada de Petit Colina.
Por tal motivo, el exfuncionario de Digepol fue detenido el 11 de agosto de 2014 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en su residencia, ubicada en la capital larense, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el fiscal del caso y acordada por el citado Tribunal de Control.
Vale recordar que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, constituyó una comisión integrada por fiscales del Ministerio Público, asesores y expertos de la Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, quienes trabajan para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1958 a 1998.
Este tipo de acciones penales son posibles debido a la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, la cual contempla la imprescriptibilidad de delitos que atenten contra los derechos humanos. (Prensa MP)
