La información la dio a conocer el subdirector de Investigaciones de la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien señaló que este es un plan piloto diseñado para el Área Metropolitana de Caracas, por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el cual consiste en la supervisión y dirección minuciosa de cada una de las causas que llevan los fiscales.
Asimismo, informó que en este momento el grupo de fiscales está trabajando en la división de los delitos de mayor o menor gravedad, con el objetivo de culminar, en un tiempo breve y eficaz, el proceso penal.
Mundaray explicó que la subdirección bajo su cargo, fue creada el pasado 27 de julio, con el fin de brindar el apoyo y las herramientas correspondientes a los fiscales para abordar los hechos punibles investigados.
De igual manera, agregó que la creación de esta dependencia nace por la necesidad de respaldar y fortalecer la investigación penal, en el marco del debido proceso.
En ese sentido, dijo que esta subdirección sirve de cohesión entre el área técnico-científica y jurídica, pues son los elementos fundamentales en el campo de la investigación del hecho punible.
Destacó que la creación de la referida dependencia, se debe a que la Dirección de Delitos Comunes maneja una gran variedad de hechos delictivos que afectan directamente a la ciudadanía.
Plan desarme
Mundaray expresó que el Ministerio Público participa activamente, junto a otros organismos públicos, en la comisión presidencial creada para el Control de Armas, Municiones y Desarme, específicamente en el ámbito de destrucción de armamentos.
Informó que están articulando con otros entes del Estado, la creación de un mecanismo para lograr, de la manera más expedita posible, la destrucción de las armas de fuego y municiones, una vez sean incautadas.
El mencionado diseño, pretende realizar un informe profundo de los elementos probatorios vinculados con las armas y cubrir todas las variables de defensas que puedan presentarse en este sentido, a fin de que éstas ya no se requieran para el desarrollo de la investigación penal y puedan ser destruidas.
De esta manera, se evitaría que los armamentos decomisados y almacenados en las diferentes salas de evidencia de los órganos policiales, vayan de nuevo a la calle.Mp;19.08.2011
