La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, inauguró este jueves 20 de octubre las fiscalías con competencia para intervenir en las fases Intermedia y de Juicio 153°, 154° y 155° del Área Metropolitana de Caracas (AMC).
Dichos despachos están ubicados en la sede del Ministerio Público en la esquina de Ferrenquín.
Informó que con la creación de dichas fiscalías ya son 15 las que existen en todo el país; 12 en el AMC y tres en los estados Portuguesa, Lara y Aragua.
Precisó que del mes de enero a septiembre de este año, las nueves fiscalías de juicio del AMC que existían (ahora ascienden a 12 con los despachos inaugurados) han realizado 449 audiencias preliminares, de las cuales se han producido 174 sentencias por admisión de hechos.
En cuanto a las audiencias de juicio, informó que en el AMC se han concluido 178 juicios en 3.206 audiencias, muchas de ella suspendidas pero ninguno de estos casos son imputables al Ministerio Público
Asimismo, explicó que la institución que dirige libra una ardua lucha contra el retardo procesal, la impunidad y para que se garantice el respeto por los derechos humanos.
Ortega Díaz aseveró que el propósito es dar respuesta oportuna en materia penal y una justicia efectiva por parte del Estado para los venezolanos.
Indicó que los fiscales que conforman dichos despachos tienen el compromiso y deber de llevar a cabo las audiencias preliminares y de juicio de manera efectiva y oportuna de acuerdo con los lapsos previstos.
La Fiscal General señaló que, “estos fiscales deben garantizar primero que nada su presencia, es decir que las audiencias preliminares y de juicio aquí en Caracas no pueden suspenderse nunca por un hecho imputable al Ministerio Público”.
Agregó que los fiscales de juicio deben impulsar y colaborar con los demás integrantes del sistema de justicia para que todas las partes estén presentes en la audiencia y se produzca el traslado de los privados de libertad.
Por último, hizo un llamado a los funcionarios que se desempeñarán en dichas fiscalías a que el norte sea el respeto y preeminencia de los derechos humanos, pues es una atribución constitucional garantizarlos.Mp;21.10.2011
